La implementación de un anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias que contribuya a cubrir el refuerzo de ingresos a los jubilados y pensionados ya desató una controversia entre el gobierno y los empresarios que podrían verse afectados por la medida.

Fue el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, el que puso en palabras el malestar de los hombres de negocios por la disposición, que todavía está en etapa de estudio. “Nuestra postura es de preocupación. Obviamente las leyes están para cumplirse, ahora nuestra reacción frente a ello es que no compartimos esta decisión», precisó en declaraciones radiales. “Un anticipo de impuestos significa lisa y llanamente afectar el capital de trabajo de las empresas y con ello las posibilidades de inversión y de empleo, al establecer obligaciones adicionales de carácter tributario», sostuvo el abogado que por años representó a la poderosa Copal, en la que se agrupan las compañías del sector de alimentos.

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Mientras tanto, el gobierno va preparando el terreno. Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la AFIP en las que se disponen controles especiales para las empresas que soliciten una reducción en el anticipo de Ganancias. Esa opción se otorga a los contribuyentes cuando estiman, en función de sus previsiones, que el anticipo que deben liquidar superará el 40% del total del impuesto a abonar cuando finalice el ejercicio.

Ahora, con la resolución general 5246/22 firmada por el administrador general Carlos Castagneto, se establecieron requisitos especiales para esa reducción: entre otros, que el pedido se haga al menos 60 días antes de la fecha estipulada para el adelanto; además, se fija una instancia adicional de evaluación por parte del organismo, que podrá reclamar documentación contable que justifique la solicitud. La norma se aplicará para las grandes empresas que deban abonar anticipos superiores a los $ 50 millones.

La intención del gobierno es que ese adelanto, más alto que el habitual, sirva para cubrir el bono extra a jubilados y pensionados con el que se intenta paliar la diferencia entre la inflación de los últimos meses y los incrementos en los haberes previsionales, que quedaron muy por debajo de esos índices. “A ese acompañamiento lo vamos a respaldar en una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por AFIP, para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago lo volquemos en uno de los sectores que más sufre, sin afectar el orden de nuestras cuentas”, explicó el ministro de Economía, Sergio Massa.

La expectativa es apurar el ingreso de unos $ 200 mil millones. Las precisiones técnicas, entre ellas cuál será el universo de las empresas alcanzadas por ese adelanto, está siendo objeto de estudio. Los defensores de la medida explican que una de sus ventajas es la rapidez de implementación, ya que alcanza con una resolución de la AFIP modificando las alícuotas de los anticipos para que ya esté en vigencia. Esto supondría un beneficio en comparación con la idea de gravar la Renta Inesperada de las grandes empresas, que por tratarse de un nuevo impuesto necesita aval parlamentario: el proyecto para su creación está empantanado en el Congreso por falta de consenso para ponerlo en práctica.

La diferencia, claro, es que un impuesto nuevo significa ingresos genuinos para el Estado, tal como ocurrió en 2021 con el Aporte Solidario. En cambio, si se implementa el anticipo de Ganancias, los montos que se recauden este año dejarán de ser cobrados en 2023, con el consiguiente desfinanciamiento para las cuentas públicas del año que viene.