La decisión del Gobierno Nacional de suspender el dictado de clases y proceder a un mega operativo de aislamiento social tendrá un impacto generalizado en la economía. Algunas consultoras especializadas estiman que la caída del PBI podría profundizarse en 0,5 puntos que equivalen a unos 150 mil millones de pesos anuales.

En su intento de contrarrestar parte de los efectos recesivos del combate contra la pandemia y dar una cobertura de ingresos a los sectores de menores recursos, desde el gobierno se adoptaron una serie de medidas tendientes a paliar los efectos sobre los sectores productivos por un lado y de mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables por el otro. 

En este punto, desde el ministerio de desarrollo Social y la ANSES se optó por conceder un pago de $3 mil por única vez a los beneficiarios de los programas Hacemos Futuro y a quienes perciben el Salario Social Complementario (SSC) que, aseguraron, alcanzará a unas 550 mil personas. Al mismo tiempo se resolvió otorgar un pago por única vez de $3.000 y $3.100 a jubilados y pensionados que con ese plus lleguen a cobrar hasta $18.892 y a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo respectivamente.

Según el propio ministro Daniel Arroyo la medida apunta a resolver la situación de “la población más pobre, del 40% que se encuentra en la informalidad”. Es que, claro, muchos de los beneficiarios de los programas sociales que perciben poco más de $8.000 por mes, a la vez, viven de «changas» que, por la situación de aislamiento, se verán abruptamente interrumpidas. 

Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) basado en datos del INDEC, «solo la mitad de las familias tiene como jefe de hogar a alguien que trabaja en relación de dependencia». Para el centro de estudios, «en estos casos la reclusión tiene viabilidad en la medida en que el empleador continúe pagando los salarios». El estudio alerta acerca de que «la otra mitad de los hogares viven del trabajo en la informalidad y/o el empleo por su cuenta con lo cual recluirse en su hogar implica cesar de tener ingresos. Con el agravante de que muchos de ellos son pobres, de manera que la falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus». Según los datos relevados por la consultora el 22% de los hogares tiene como jefe de hogar a un trabajador no registrado. En ese segmento, el 43% de las familias son pobres. Los jefes de hogar que son cuentapropistas representan el 23% del total y allí la pobreza afecta al 35%.  

Por ahora, sin embargo, la política oficial no alcanzará a ese sector muy amplio de los trabajadores que se encuentran en la informalidad pero también a aquellos que, bajo alguna forma de registración, de todas maneras, sentirán el impacto del parate por el carácter precario de su situación.

Se trata de aquellos trabajadores que, formalmente, se desempeñan como unidades económicas individuales o que, en rigor, sufren una relación laboral de dependencia encubierta detrás de su contratación como monotributistas. Allí revisten, en sus diversas categorías y modalidades, según datos oficiales de AFIP publicados por el ministerio de Trabajo, dos millones de trabajadores.

El abanico es muy amplio y va desde empleados públicos y docentes que sufren una evidente relación laboral encubierta, al igual que trabajadores de las apps, periodistas así como cooperativistas, fotógrafos, músicos, acompañantes terapéuticos, psicólogos, plomeros y un largo etc. Para el caso de los  trabajadores que ofrecen servicios de manera autónoma sus tareas se verán prácticamente paralizadas en los próximos días. En esa situación, por ejemplo, se encuentran los músicos que sufrirán el impacto de la merma de sus ingresos a partir del cierre de bares y la prohibición de hacer recitales, así como por la caída en las clases particulares a partir de las cuales muchos de ellos obtienen su sustento diario.

El arte en peligro

La respuesta organizativa de estos trabajadores se expandió a una velocidad inusitada. La agrupación Músicos Organizadxs, oposición en el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), en la que participan artistas que van desde la banda de Rock Las Manos de Filippi hasta  la prestigiosa cantante de tango Patricia Barone o la solista Ana Clara Moltoni, tomó la iniciativa de impulsar un petitorio reclamando una “compensación por nuestros ingresos caídos”. En en apenas 48 hroas se produjo el empadronamiento espontáneo de 2.500 artistas. En el texto, que elevarán a las autoridades nacionales y porteñas de las carteras laborales y de cultura, explican que “las medidas para evitar la propagación del Coronavirus han tenido un efecto brutal en nuestra vida laboral, el cese de actividades artísticas, festivales, recitales entre otros nos ha puesto en estado de emergencia, llevando a muchísimos trabajadores/as a no contar con ingresos para afrontar los gastos más elementales”.

Los artistas explican que “mayormente trabajamos en negro, a la gorra, borderaux o con contrato monotributista “renovable”, formas que adopta esta precarización, sin seguridad social y previsional, sin descansos, ni ensayos pagos, enfermedades o licencias por embarazo. Lo que era parte de nuestro diario trajín, ahora se  convierte en un cese de actividades total, sin derecho al pago que un trabajador debe tener ante esta situación de emergencia”.

Por eso, solicitan, “una partida extraordinaria que nos garantice un ingreso mensual igual a la canasta familiar mientras dure la crisis sanitaria”.

Profesionales, técnicos y oficios en emergencia 

En paralelo, otra iniciativa logró un desarrollo meteórico que habla por sí mismo de la envergadura de la problemática. El Colectivo de Monotributistas Organizadxs surgió en rechazo al aumento del monotributo de un 51% establecido a principios de enero de este año y consiguió ser recibido por autoridades de ANSES y de la cartera laboral con quienes estaba en curso una negociación para paliar la situación de los trabajadores más afectados por ese impuestazo.

Ahora, ante las medidas excepcionales, reunieron más de 50 mil nuevas firmas en apenas dos días que serán entregadas junto con una carta dirigida al ministro de Trabajo Claudio Moroni y al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Allí explican que “ante la pandemia y el consecuente parate económico, lxs trabajadorxs monotributistas nos dirigimos a ustedes para solicitarles medidas urgentes ante las problemáticas ya planteadas en nuestra reunión el día 20-02-2020, que se agudizan en este momento, minuto a minuto”.

Allí manifiestan que “los funcionarios Adrián Perrone y Alberto Tomassone se comprometieron a avanzar en nuestras problemáticas a través de una mesa de trabajo». Sin embargo, aseguran que el 5 de marzo «hemos enviado un correo para concretar una fecha para el inicio de la misma, el cual aún no ha tenido respuesta”.

En la misiva explican que “nos hemos quedado de un minuto al otro sin nuestra fuente de trabajo. Sea porque nuestro trabajo se realiza únicamente de manera presencial, sea porque trabajamos tercerizados por empresas nacionales que brindan servicios al exterior, o las patronales de los sectores económicos afectados descuentan los días laborales, nos encontramos en este momento en situación de desempleo o hemos visto brutalmente golpeados nuestros ingresos”.

Al mismo tiempo denuncian que “nuestra modalidad de contratación es precaria, no contamos con ningún derecho laboral. Como saben, carecemos de licencias pagas y las obras sociales habitualmente no nos reciben o solicitan un co-pago”.

Por eso, el agrupamiento solicita medidas urgente comenzando por “que suspendan las obligaciones fiscales para todxs lxs trabajadorxs monotributistas durante el tiempo que dure este estado de emergencia y exigimos un seguro de desempleo inmediato que nos permita asegurarnos el techo y el alimento”. Del mismo modo solicitan una “cobertura inmediata e irrestricta por parte de las Obras Sociales a todxs lxs trabajadorxs monotributistas, cualquiera sea su actual situación fiscal”.