El próximo sábado, la Administración General de Puertos (AGP) se hará cargo de la gestión de la hidrovía, el canal artificial por el que circulan los grandes barcos que transportan el 80% del comercio exterior argentino. La AGP, que dirige José Beni, estará al frente de la tarea durante un año, tras el cual volverá a privatizarse la gestión de los canales, según el plan oficial anunciado a fines del año pasado y ratificado a mediados de este.

Además, el gobierno ya dijo que las tareas de dragado y balizamiento de la hidrovía durante este año no serán realizadas por la AGP, sino que esta contratará a un privado para ejecutarla. Y allí se perfila con energía Jan de Nul, la firma belga que viene realizándolas desde 1995 y que es dueña de Hidrovía SA, la cuestionada firma que tiene la concesión desde hace 26 años.

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Por la vuelta

El gobierno creó dos semanas atrás el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, de carácter autárquico y dentro del ámbito del Ministerio de Transporte, que dirige Alexis Guerrera, y que contará con la participación de las siete provincias ribereñas de los dos ríos, el Paraná y el De la Plata: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

El Ente organizará la futura licitación “larga”, como se denomina en el ambiente oficial a la puja que derivará en una nueva concesión a una empresa privada. Se supone que los términos de esa subasta estarán listos a mediados del año próximo. Por lo pronto, el gobierno y sus aliados han discutido públicamente sobre los mismos, sin acuerdo. Es el caso de la duración de la nueva concesión, que algunos ubican en diez años y otros en 15; tampoco hay consenso en la elaboración de la fórmula que establece el valor del peaje, ni en los requisitos económicos y financieros que deberán cumplir los interesados en participar de la compulsa, o si se tratará de una única licitación o de varias, troceando la hidrovía para dar lugar a diversas concesiones simultáneas.

El Ente sustituyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía, que en su breve existencia dejó un legado de varios estudios técnicos y ambientales.

Pero los privados estarán desde el mismo 11 de septiembre en las tareas de dragado y balizamiento. En una recorrida por Santa Fe dos semanas atrás, Beni afirmó que contratará a dos empresas diferentes, una para el dragado y otra para el balizamiento.

Quien se perfila para recibir por contratación directa el dragado es Jan de Nul, la firma belga que viene realizándolo desde la concesión original, 26 años atrás, y que es dueña de Hidrovía SA, la cuestionada firma que gestiona el sistema de canales, actividad por la cual cobra un peaje y contrata a la propia Jan de Nul (su dueña) para que haga el dragado.

En las últimas semanas, medios especializados han insistido en que la “única alternativa” que existe hoy para realizar el dragado es Jan de Nul. Según esa mirada, la belga no tendría competencia internacional ni local. Ello es refutado por los que pretenden varias concesiones simultáneas en la hidrovía y que aspiran a que participen firmas multinacionales de dragado de Holanda, China y Estados Unidos.

Y con respecto a empresas locales, diversos estudios, tanto académicos como de sindicatos y cámaras empresarias, indican que es posible levantar en corto plazo una flota de dragadoras construidas en parte en el país y en el exterior. Ese es el planteo de la Cámara de la Industria Naval, que en una presentación ante el Consejo Federal de la Hidrovía, pidió recuperar “la flota arenera y la empresa federal de dragado” como parte de un resurgimiento más general de la industria naval.

MAGDALENA

La licitación de la obra del canal Magdalena se haría después de las elecciones de noviembre, según fuentes oficiales, que señalaron que el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, tiene a la firma las bases y condiciones de la licitación. La obra tiene una asignación plurianual de U$S 300 millones.