El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, confirmó este martes el anticipo de Tiempo, en el sentido de que habrá una licitación corta para volver a concesionar las tareas de dragado y balizamiento de la hidrovía, y que se creará un ente estatal de control de esas actividades.

Lo que especificó esta vez el ministro en diálogo con la radio El Destape, es que el organismo de control específico funcionará con la concesión “final”, mientras que durante la transición de la licitación “corta”, la Administración General de Puertos (AGP) será la encargada de cobrar el peaje y contratar servicios privados de dragado y balizamiento.

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“Es cierto, hay un primer decreto a la firma del presidente Alberto Fernández que faculta a la Administración General de Puertos a realizar la licitación corta con el objeto de darnos el tiempo suficiente para la confección de la licitación larga, que incluiría las nuevas obras que plantea la hidrovía y que plantean los gobernadores”, señaló Guerrera.

Según el detalle que dio el ministro, una vez concluido el actual período de extensión de la vieja concesión, a fines de julio, se entrará a una nueva etapa en la que la AGP será la encargada de administrar las tareas de dragado y balizamiento y cobrar el peaje, que según cálculos extraoficiales suma unos U$S 280 millones anuales. Para ello, el Poder Ejecutivo debería incluir en ese decreto una ampliación de las facultades de la AGP.

La AGP no realizará las tareas de mantenimiento de la vía navegable sino que las concesionará en la licitación “corta” a “las empresas contratadas”. Si esa mención a varias empresas no fue un furcio del ministro, podría tratarse de una idea que circula hace bastante y que es que la vía navegable se lotee en dos o tres áreas de responsabilidad, de forma tal que varias empresas compartan el pastel aunque con porciones más chicas. Así lo dijo Pedro Wasijeko a Tiempo un mes atrás.

El período durante el cual la AGP estará cargo de la gestión de la hidrovía sería por 12 meses, con lo que el adjudicatario definitivo estará asumiendo sobre fines del año próximo. Para que esto suceda, antes se debería crear el organismo estatal de control, que sería el que llevaría adelante esa licitación.

“Cuando termine todo este proceso, que no es solo la licitación corta -que pretende mantener operativa la vía navegable pero con control efectivo del Estado-, vamos a contar con un ente nacional de control que va a ser el encargado de la licitación, de la grande, que contiene las nuevas obras, más profundidad de dragado, acceso a los puertos públicos y demás, convirtiéndose en una secretaría o un ministerio dedicado exclusivamente en esa red troncal”, explicó Guerrera.

Lo que no especificó Guerrera es si se mantendrá el esquema del período de transición, es decir, si el peaje será cobrado por ese ente de control. En rigor, si es por la tradición privatizadora, no hay antecedentes en ese sentido. Lo más cercano fue durante la renegociación de los concesiones de los servicios públicos, entre 2003 y 2015, cuando el Estado controlaba los ingresos de las empresas con tarifas semicongeladas y subsidios viabilizados por medio de fondos fiduciarios que tenían formalmente fines específicos. Pero las tarifas las cobraban las concesionarias.

Es decir, tras un año de control de los fondos provenientes del peaje, por medio de la AGP, la concesión “final” que podría significar el retroceso estatal en el control de los fondos y una vuelta al cuestionado modelo de concesión que durante 26 años sostuvo a Hidrovía SA con muy generosos ingresos.