Con un acto del que participaron los dirigentes de los cuatro partidos que lo integran, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) reclamó la intervención del Grupo Sigman propiedad de Carlos Slim que gerencia el laboratorio que produce en la Argentina la variante AstraZeneca de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de cuatro veces la cantidad de vacunas que ingresaron al país para abastecer el plan de vacunación de la población en la Argentina.

A pesar de semejante volumen de producción ninguna de esas dosis regresó al país una vez que fueran envasadas en México y allí es donde apunta el reclamo de la izquierda: que la producción nacional sea utilizada en beneficio de la población del país en vísperas de la segunda ola de contagios que, para los epidemiólogos, está comenzando.

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El domingo ingresaron al país algo más de 200 mil dosis de la Astrazeneca que se suman a otras 500 mil que lo habían hecho con anterioridad pero que, paradójicamente, no corresponden a la producción local.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero que propuso a sus aliados plasmar ese reclamo en un acto político en la propia planta situada en la localidad de Garín señaló que “Sigman está produciendo vacunas en Argentina que exporta y no cumple con los convenios firmados con el gobierno” por eso, planteó, “exigimos la intervención del laboratorio, la prohibición de las exportaciones y su envase en laboratorios nacionales”.

El dirigente señaló además que “la concentración del 95% de las vacunas en los países más ricos no solo es injusta, sino que representa un riesgo epidemiológico al dejar a la mayoría de la población mundial sin vacunas pomoviendo la aparición de nuevas cepas del virus. En Argentina solo recibió la inoculación completa el 1,39% de la población”.

Por otro lado destacaron que resulta falsa la imposibilidad de proceder en el envasado de las vacunas en territorio nacional y que existe la tecnología y la capacidad productivas para avanzar en ese camino.

El dirigente señaló que » entre la vida y la economía, el gobierno prioriza la economía y sus vínculos con los empresarios, en lugar de evaluar posibilidades de nacionalizar el envasado”. 

En un comunicado los dirigentes del FITU puntualizaron las medidas que, creen, deben ser tomadas de manera urgente: En primer lugar la declaración de utilidad pública del laboratorio mAbxience, propiedad del grupo Sigman. En segundo lugar suspender las exportaciones del principio activo de la vacuna y poner la administración y ocupación temporaria de la empresa mAbxience Argentina a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Por último proponen que se la autoridad de aplicación quien “garantice la continuidad de la producción del principio activo y tome medidas para incrementar esta producción y completar el proceso de envasado disponiendo para ello de los laboratorios públicos y privados existentes en todo el territorio nacional”, así como se “reconviertan todos los laboratorios públicos que estén en condiciones de producir vacunas contra la covid-19 o alguno de sus insumos.»

Para avanzar en esa política sería necesario, en nombre de la emergencia sanitaria suspender la ley de patentes y, acorde el espíritu de la ley de abastecimiento vigente en el país, declarar la vacuna de utilidad pública afectando los intereses privados que se encuentran involucrados.

El 25 de marzo, mediante una carta pública dirigida al presidente de la Nación, más de 200 personalidades y organizaciones de la medicina, la ciencia y los derechos humanos se habían pronunciado en el mismo sentido. Entre ellos, destacan Nora Cortiñas, la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud, el ex director del Hospital Argerich y señalado como médico y amigo personal de Néstor Kirchner, Donato Spaccavento.

En la misiva señalan que “Argentina cuenta con dos plantas públicas con capacidad de envasar productos biológicos. Son el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma potencialidad”.

Por eso, aseguran, “los que venimos defendiendo hace décadas la producción pública de medicamentos y vacunas sostenemos que ante la emergencia es imprescindible: 1) Suspender las remesas a México de la vacuna de AstraZeneca hasta que no comience la entrega desde dicho país de manera regular y suficiente de las vacunas envasadas. 2) Se autorice bajo el régimen de emergencia a los laboratorios públicos y privados a envasar la vacuna producida por mAbxience, proveyendo la asistencia técnica y financiera necesaria. Estamos en emergencia. El Estado debe actuar ya en defensa de la salud de la población”.