El Fondo Monetario Internacional guarda fuertes reservas sobre el respaldo político que tendrá el gobierno argentino para llevar adelante el programa de facilidades extendidas aprobado este mes. Las mayores dudas están generadas por las fuertes diferencias dentro del Frente de Todos, que quedaron a la vista durante el debate parlamentario para autorizar el endeudamiento, y los comicios presidenciales de 2023, que pueden agudizar las tensiones y definir posicionamientos en torno al cumplimiento de los puntos acordados.
Aun así, el directorio del organismo aprobó este viernes el nuevo programa por U$S 44 mil millones y de inmediato giró al Banco Central el equivalente a U$S 9656 millones a cuenta del total. De ese monto, unos U$S 2800 millones fueron devueltos de inmediato para cumplir con el vencimiento del mes de marzo, que estaba pactado para el día 22 y que el Fondo aceptó demorar unos días.
En los documentos liberados por el FMI tras la votación, se aprecia que las dudas sobre las cuestiones políticas adquirieron un nivel tan grande como el de la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que está alterando la situación internacional en materia de precios de las commodities y que ya está dejando viejos algunos de los parámetros bajo los cuales se diseñó el programa. A tal punto, que la directora gerente, Kristalina Georgieva, anticipó que será necesaria «una temprana recalibración del programa, incluyendo la identificación y adopción de las medidas apropiadas» para alcanzar los objetivos propuestos.
El informe del staff técnico del Fondo, liderado por la estadounidense Julie Kozack y el venezolano Luis Cubeddu (quienes realizaron varias visitas al país durante el año entero que requirió la negociación), refleja la situación. En el trabajo de 137 páginas que elevaron al directorio antes de la votación alertaron que «persisten los riesgos de implementación de políticas, en medio de un panorama social y político complejo y una hostilidad abierta de algunos sectores hacia el Fondo debido a su larga participación en Argentina».
Las dudas son tan grandes, que los técnicos dieron por reprobado expresamente uno de los cuatro criterios de acceso excepcional, que deben ser considerados para autorizar el financiamiento a un país por encima de ciertos límites (el crédito a Argentina quintuplica lo que le correspondería en términos normales). Es el cuarto criterio, en el que se analizan las perspectivas de éxito del conjunto de políticas a realizar, incluyendo no solo los planes anunciados por las autoridades sino su capacidad institucional y política para llevarlas a cabo.
«Este criterio todavía no está cumplido», señala el informe. «Dada la larga y complicada historia de Argentina con el Fondo, existe una amplia gama de puntos de vista sobre el compromiso con el Fondo, incluso, lo que es más importante, dentro de la coalición gobernante. Por lo tanto, el apoyo político para el programa puede ser frágil y podría debilitarse antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2023 o antes, si la confianza no se reconstruye rápidamente o las conmociones descarrilan la implementación y el logro de objetivos macroeconómicos más amplios», explica.
El documento está fechado el 4 de marzo. Hasta ese momento, el Congreso todavía no había debatido el convenio. La posterior aprobación parlamentaria fue saludada por el FMI como una muestra formal de apoyo al gobierno por parte de las fuerzas políticas con representación legislativa. Sin embargo, las votaciones en ambas cámaras mostraron los límites de ese respaldo. Juntos por el Cambio convalidó la toma de deuda pero se negó a acompañar el programa económico que permitirá alcanzar las metas prometidas: el Ejecutivo debió retirarlo para garantizar el éxito del proyecto. Además, muchos de los votos negativos provinieron del propio Frente de Todos y hasta la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una clara señal de disgusto, se retiró del Senado apenas comenzado el debate.
Esos gestos refuerzan las dudas del staff sobre el aval político que tendrá el programa. Aun con ese panorama, el FMI remarcó en un comunicado de prensa que el programa aprobado por la Junta Ejecutiva fue elaborado por el gobierno, con respaldo del Fondo, y que «fue recientemente aprobado por el Congreso argentino». Esto serviría para darle el «ownership» o el sello de propiedad que el organismo le requiere a cada uno de los países que acuden en su auxilio.
El fantasma de 2018
Los enviados de Washington también tuvieron en cuenta el fresco antecedente del préstamo al gobierno de Cambiemos, cuyo fracaso fue el disparador de esta refinanciación. Y lo citaron como otro motivo que despierta resquemores y que toca muy de cerca a la imagen que rodea a la entidad.
«Los riesgos para la reputación (del FMI) también son grandes: el programa puede no generar confianza, lo que genera dudas sobre la idoneidad del diseño del programa después del acuerdo stand-by de 2018 que no cumplió con sus objetivos», dijeron los auditores de Washington. Para reforzar ese pensamiento dedicaron el primero de los diez apartados especiales de su informe a recordar las conclusiones de la evaluación expost de aquella operación, en donde se marcaba que «si bien se habían cumplido todas las políticas y procedimientos pertinentes del Fondo, el programa no había logrado sus objetivos, a pesar de modificaciones significativas».
«Es posible que el programa no genere confianza y, con el tiempo, no refuerce la estabilidad, especialmente si el apoyo político al programa flaquea, incluso antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2023. La planificación de contingencia puede facilitar una rápida recalibración de las políticas, pero nunca puede mitigar por completo los altos riesgos del programa», agregó el informe del staff.
De Ucrania a la Argentina
Aunque recién aprobado, todas las partes aceptan que el acuerdo nació viejo. Las vicisitudes surgidas del conflicto bélico en Ucrania están produciendo sensibles alteraciones a nivel internacional y sus efectos se sentirán en el país.
Por eso, Kristalina Georgieva anticipó la urgente adecuación de algunos puntos «para alcanzar los objetivos del programa». Ese asunto se analizará en ocasión de la primera misión revisora, cuya visita se adelantaría alrededor de un mes (estaba prevista inicialmente para junio). «Dadas las incertidumbres excepcionales, los parámetros clave (crecimiento, inflación) se expresan en rangos y no se puede descartar la recalibración frecuente de los objetivos del programa», afirma el informe del staff.
Aun con esas reservas, el directorio aprobó el programa, que durará 30 meses al cabo de los cuales Argentina habrá repagado el préstamo de 2018 con el mismo dinero que el Fondo le está prestando ahora. Las nuevas partidas serán devueltas a partir de 2026, en un cronograma que se extenderá hasta 2034.
Para acceder al préstamo, el gobierno prometió llevar adelante un fuerte ajuste fiscal, que llevará el déficit primario del 3% del PBI registrado el año pasado al 0,9% en 2024. Entre las primeras medidas para lograr esa reducción, se destaca la quita de subsidios a las tarifas de energía, que se pondría en marcha el mes que viene y tendría una segunda parte en 2023.
De la misma manera, el gobierno se comprometió a mantener actualizado el valor del dólar y a que la asistencia monetaria del Banco Central se reducirá al 1% del PBI este año (en 2021 fue el triple) y que por fin desaparecerá en dos años.
Racionalizar y reorientar el gasto social
En el informe del staff del FMI aprobado por el directorio del organismo se menciona que «serán necesarias medidas de gasto para asegurar la consolidación, mientras se reorienta el gasto de corriente a capital».
Tras recordar que ya no hay gasto por Covid-19, informa que «se están realizando esfuerzos para racionalizar y reorientar gradualmente las transferencias sociales hacia programas de empleo para fomentar la participación de mujeres y trabajadores poco calificados en el mercado laboral».
Agrega que este nuevo foco estará respaldado «por una evaluación integral de los vastos y fragmentados programas de protección social».
Menciona, además, que el programa firmado entre el FMI y la Argentina «incluye un piso en el gasto de asistencia social enfocado en programas emblemáticos bien dirigidos y bien administrados, que cubren la Asignación de Protección Social Universal (incluida la AUH), los cupones de alimentos (Tarjeta Alimentar) y el programa de becas (Progresar)».
Respecto del gasto en jubilaciones y pensiones, el staff del Fondo observa que ha oscilado entre el 8,5 y el 9,5% del PIB desde 2015, «lo que refleja una combinación de alta cobertura, regímenes generales y especiales generosos y pensiones no capitalizadas (amnistía/no contributivas)», dice. Y recuerda que las autoridades nacionales deben publicar en diciembre próximo un estudio sobre la sostenibilidad y equidad del sistema, incluidas las opciones para reformar los regímenes especiales y fomentar una vida laboral más larga».
Más reservas para el Banco Central
Las reservas del Banco Central quedaron en 43.321 millones de dólares, el monto más alto de los últimos meses, luego de que se acreditaran los derechos especiales de giro que el Fondo remitió el viernes. El objetivo es que a lo largo del año la entidad recupere divisas por U$S 5800 millones.
