Una videollamada de Alberto Fernández a Kristalina Georgieva, en la tarde de un viernes convulsionado, sirvió para certificar que por ahora no se cumplirá una de las peores pesadillas del gobierno: el naufragio del acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares.

El fantasma de la ingobernabilidad y de pasar a integrar la lista de gestiones a las que el Fondo les soltó la mano (figura que Cristina Kirchner usó hace pocos días en referencia a los precipitados finales de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa) se había instalado por esas horas en la Casa Rosada, luego de que el Congreso rechazara de plano el proyecto de Presupuesto 2022 y la sonora derrota política que eso significaba.

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Desde Washington habían mandado mensajes muy explícitos sobre la necesidad de que un nuevo programa con el organismo debe incluir un amplio apoyo del arco político, empresarial y sindical. Claramente, una derrota en el Parlamento para un proyecto que traza las líneas generales de la administración para el año siguiente no cumplía ese requisito. Fuentes familiarizadas con el pensamiento del FMI aseguraron a Tiempo que sus altos funcionarios «siguieron con atención los sucesos de Argentina».

A ello se suma que desde hace algunos meses se dejó de lado todo plan B que no significara acordar con el Fondo. Por eso el tuit de Georgieva luego de la conversación fue recibido con satisfacción en Olivos. «Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI», dijo su directora gerente. Pareció una señal de respaldo, más que hacia el gobierno, hacia el propio staff del organismo, que exige cerrar la brecha cambiaria, reducir la emisión monetaria y subir las tasas de interés para mejorar la porción del déficit fiscal que se financiará con títulos públicos.

Debilidad

Paradójicamente, prorrogar el Presupuesto por decreto dará más autonomía al Ejecutivo, que podrá reasignar partidas mediante decisiones administrativas para cumplir las promesas que formule al Fondo.

De todas maneras, quedó claro que el apuro del gobierno coincide con un momento de debilidad extrema. Y eso no es un buen augurio cuando se está por definir un convenio que marcará la economía argentina al menos por los próximos diez años, plazo de vigencia del EFF (acuerdo de facilidades extendidas) que se viene negociando. Ya ni siquiera está claro, después de la votación adversa del viernes, que el gobierno envíe al Congreso su plan económico plurianual, como lo había prometido el presidente Fernández.

La relación con el Fondo se pobló de señales adversas en los últimos días. La misión enviada por el Palacio de Hacienda se vino con un pedido de «más discusiones» para resolver las diferencias. El jueves, el vocero de la entidad, Gerry Rice, no contestó cuándo se cerrarán las conversaciones ni sobre el envío de una misión a Buenos Aires (paso de rutina previo a la firma): «No tengo fecha», respondió a ambas cuestiones.

Como si fuera poco, el último lunes, el directorio postergó la decisión de eliminar las sobretasas a los préstamos más abultados, que para la Argentina representan casi U$S 1000 millones anuales por pagos de intereses. «Varios directores no vieron la necesidad de revisar las políticas sobre recargos o cambiar su diseño en esta etapa, dado el bajo costo total general de los préstamos», señaló un documento de la entidad.

A las incógnitas políticas se suma la escasez de divisas. El miércoles vence otra obligación por U$S 1900 millones. El ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere que el Fondo reembolse esa cuota, al igual que la que se pagó en septiembre; pero es de Perogrullo que para eso hay que firmar primero un nuevo acuerdo. El compromiso será afrontado con los DEG que el propio FMI asignó en septiembre. Pero los U$S 730 millones de enero demandarán el uso de las pocas reservas netas del Banco Central. Los vencimientos se suceden y la incertidumbre aumenta. «