Para el amplio abanico de los que intentan convencer a la opinión pública de que el Fondo Monetario “cambió” -desde el  macrista Luis Caputo hasta los actuales funcionarios del Ministerio de Economía-, lo sucedido en Ecuador el viernes marca un mentís rotundo. La Asamblea de ese país aprobó una ley que modifica el rol del Banco Central, ya bastante acotado por la dolarización. Ahora, esa entidad se convierte en un pasamanos de los dólares que ingresen en el país para asegurar los pagos de deuda pública. Para lograr ese fin, la ley prohíbe al Central ecuatoriano tener vínculos económicos con el Poder Ejecutivo.

La ley es una de las exigencias que impuso el Fondo Monetario a Ecuador en las negociaciones de mediados del año pasado y que derivaron en un acuerdo de facilidades extendidas (EFF por sus siglas en inglés) por U$S 6500 millones en un momento en el que el default era el rumbo al que  se dirigían las finanzas ecuatorianas.

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La ley aprobada incluso divide el comando del banco en dos, uno destinado a supervisar la situación financiera del país y otro para regular el sistema financiero. Los detractores de la nueva legislación aseguran que dividir la conducción de una entidad ya de por sí débil es volver impotente cualquier tipo de control, especialmente, en lo que hace al seguimiento de la operatoria de los bancos en el mercado interno y sus vínculos con la banca offshore.

Incluso, la idea de un organismo externo al Poder Ejecutivo que fiscalice sus acciones de endeudamiento pero que, al mismo tiempo, se ubica por fuera de sus políticas económicas, plantea en el corto plazo -dadas las flaquezas económicas ecuatorianas- un choque hasta que una de las dos partes se someta a la otra. La apuesta del FMI y de la banca ecuatoriana es que el sometido termine siendo el Poder Ejecutivo.

El nuevo gobierno de Guillermo Lasso, banquero de profesión, promete empezar con un severo ajuste fiscal para que las cuentas fiscales calcen con las limitaciones monetarias y crediticias ya planteadas.

El tratamiento que recibe Ecuador del FMI no es una excepción sino la regla con la que interviene en la actualidad el organismo. A pesar de  las declamaciones de Kristalina Georgieva en favor del incremento del gasto público para enfrentar la pandemia, los planteos estructurales del FMI no han cambiado.

Esa es la causa final por la que la Argentina no firma, al menos por ahora, un EFF. Cuando Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del FMI, dice que están en condiciones de cerrar un acuerdo en junio, es con las condiciones de estructuración propias del FMI: ajuste fiscal, nuevas condiciones económicas y garantizar el pago de la deuda. No más que eso. «