Difundió su programa financiero para este año y el que viene. Usará el préstamo del FMI y espera refinanciar parte de las Letes para afrontar la diferencia.
El as en la manga de las autoridades para hacer frente a la magnitud de los compromisos es un colchón declarado de U$S 10.900 millones, obtenido “como resultado de una mayor refinanciación de los vencimientos en el 2018 a la originalmente prevista”. Eso implica una necesidad de que el “roll over” sea menor al previsto en un principio, que orillaba el 60%. El otro recurso, ya conocido, son los U$S 22.500 millones que girará a lo largo del año el Fondo Monetario Internacional. Y el tercero, de más difícil concreción, es el superávit fiscal para 2020 que el gobierno se comprometió a obtener cuando renegoció su acuerdo con el Fondo.
Según Finanzas, las necesidades a cubrir durante 2019 entre bonos, letras y préstamos con bancos y entidades internacionales alcanzan los U$S 47.600 millones. Entre el saldo de caja, los préstamos del Fondo y otros ingresos, sólo le queda por cubrir una brecha de U$S 8.800 millones, algo menos de la mitad de las Letes a vencer. Para 2020, los requerimientos bajan un poco (U$S 35.300 millones), pero como las disponibilidades también son menores queda un agujero de U$S 15.200 millones; el gobierno confía en refinanciar bonos y en colocar deuda en el mercado doméstico para tapar ese bache.
La difusión del programa intenta dar una respuesta oficial a la gran inquietud que se generó en el mundo financiero sobre la capacidad del país de responder a la deuda a mediano plazo. Los temores sobre un default para este año se disiparon cuando el FMI aceptó engrosar el préstamo otorgado en junio de 2018 y modificar su programa de cuotas para que el grueso de ellas cayera antes de las elecciones presidenciales de octubre. Pero quedaron dudas de lo que pueda suceder después. El temor hizo que se derrumbaran los precios de los bonos con vencimiento a partir de 2020 y en consecuencia se disparara el riesgo país.
Los anuncios, sin embargo, no echan luz a dos interrogantes. Uno es cómo estima el gobierno que podrá obtener el próximo año un superávit primario de U$S 5.200 millones, si la recesión se prolonga y la recaudación impositiva baja en términos reales como ocurrió en los últimos meses. El segundo es qué pasará con las deudas intraestatales, que elevan el total de vencimientos para 2019 a U$S 58.000 millones, tal como publicó Tiempo en su edición del último domingo. El documento las ignora totalmente y sólo habla de letras en poder del sector privado, por lo que es un hecho que los organismos oficiales que le entregaron plata al Tesoro no la recuperarán, al menos por ahora.
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