El gobierno nacional auxiliará económicamente a las provincias para que puedan cubrir la menor recaudación impositiva por la caída de la actividad. Ese fue el acuerdo al que se llegó el martes en la videoconferencia entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores.

El esquema contempla un monto total de $ 120 mil millones. De ellos, la mitad corresponde a la entrega de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) por $ 60 mil millones. A esa ayuda no reembolsable, que el gobierno federal puede entregar a discreción, se añadirá una suma similar en créditos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, con tasas blandas y un plazo de devolución de tres años. Los criterios para la distribución y entrega de esos fondos serán definidos en forma conjunta entre el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y las administraciones locales.

Tanto a nivel nacional como provincial, la recaudación fiscal se ve afectada tanto por la menor actividad económica como por los paliativos y ayudas directas a los sectores más afectados. El riesgo que se quiere evitar desde la administración central es el resurgimiento de las cuasimonedas: son bonos que emiten los gobiernos locales para pagar sus deudas y que son al portador para agilizar su circulación en todo el territorio. El primer paso en esa dirección lo dio Córdoba al lanzar un título transferible por $ 9.000 millones para ponerse al día con proveedores y contratistas, tal como lo adelantó la web de Tiempo. Ese bono servirá para cancelar deudas tributarias y no tributarias con la administración provincial y podrá ser negociado entre privados.

A propósito del tema, el IERAL, instituto auspiciado por la Fundación Mediterránea (justamente de origen cordobés), publicó un informe alertando sobre los riesgos de las cuasimonedas. Si bien acepta que son una herramienta para otorgar mayor autonomía a los gobiernos locales, estos podrían suponer que “el rescate de las cuasimonedas será realizado finalmente por el BCRA, lo que podría exacerbar su emisión, esperando que la Nación luego las cancele”, tal como ocurrió en 2002. El estudio elaborado por Marcelo Cappello, economista jefe del IERAL, recuerda que durante la convertibilidad el Banco Central estaba limitado para emitir moneda, ya que debía tener el consecuente respaldo en dólares. “Actualmente, no existen restricciones legales para emitir dinero extra en el BCRA, más que las que impone la realidad a través del aumento previsible en la tasa de inflación. Desde este punto de vista, no se justifica la emisión de cuasimonedas en este contexto, siempre que el gobierno nacional asista en esta coyuntura crítica con mayores transferencias a las provincias (y estas a sus municipios), durante los meses de mayor caída en la recaudación”, sostuvo Cappello.