La Superintendencia de Riesgos del Trabajo mediante la resolución 30/22 dispuso la suspensión de las altas de compañías aseguradoras para la rama Riesgos de Trabajo por un período de seis meses.

La prórroga del decreto que reconocía al Covid 19 como enfermedad profesional no listada de contagio presuntamente laboral expiró el 31 de diciembre y no fue renovada por el gobierno nacional. A partir de este año los trabajadores que así lo consideren deberán demostrar ante las comisiones médicas el carácter laboral de su contagio.

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Mientras esto no ocurra las erogaciones dinerarias resultantes del contagio ya no serán responsabilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) ni se financiarán con el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales disponible para ese tipo de afecciones no listadas. Se trata de los costos de las prestaciones sanitarias, las licencias por días caídos y las eventuales indemnizaciones por fallecimiento que ahora recaerán sobre las obras sociales y, para el caso de las licencias, enteramente sobre las empresas.

La nueva situación ha generado malestar entre empresarios y la presunción de un incremento en las presiones sobre los trabajadores contagiados o contacto estrecho para que eludan los aislamientos y disminuyan de esa forma las licencias. Representantes pymes también reclaman que, ahora, se implemente un sistema de auto test a cargo de las propias ART. De hecho se ha abierto un conflicto a varias puntas entre las ART, las cámaras empresarias, el Estado y los propios sindicatos ahora como parte interesada por su rol de gerenciadores de las obras sociales.

Sin embargo, el cese de la cobertura no solo plantea un problema hacia adelante. Es que el mencionado Fondo Fiduciario agotó en junio de 2021 los poco más de $ 5 mil millones con los que contaba. Estimaciones de la SRT señalaban entonces que los costos por los diferentes ítems superaban entonces los $32 mil millones que, ahora, ya superan largamente los $40 mil millones. Ya en junio de 2021 existían casi $18 mil millones en indemnizaciones por fallecimiento pendientes de ser liquidadas cuando los decesos reconocidos por el sistema apenas superaban los 1800 trabajadores. El último informe de la SRT de mediados de diciembre reconoce el deceso de 3700 empleados con cobertura de ART.

Esa factura es la que explica en gran parte el cese de la cobertura cuando los contagios se encuentran en su punto más alto así como le resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del pasado 13 de enero que dispone la suspensión por un período de seis meses de las altas de entidades aseguradoras que estén en curso o vayan a solicitar operar en la rama Riesgos de Trabajo.

La medida se fundamenta precisamente en el hecho de que las entidades activas arrastran un pasivo que complica sus operaciones y su flujo financiero. La resolución señala que “cualquier nuevo operador se encontraría en mejor condición que las entidades ya existentes, dado que no cargaría con el peso de los siniestros producidos por el Covid-19 y sus consecuencias sobre los aspectos financieros de las restantes entidades”.

Si bien esa cuenta debería financiarse a partir de la capitalización del Fondo Fiduciario para lo cual se actualizaron las contribuciones patronales congeladas desde la década del ’90 en $0,60 por empleado para llevarlas primero a $40 y luego a $100 a partir de febrero de 2022 lo cierto es que semejante déficit sólo podrá cubrirse con la recaudación de unos cinco años. Para la SRT habilitar nuevas entidades sin esa carga generaría una competencia desleal. Fuentes de la UART que agrupa a las aseguradoras señalaron a Tiempo que la decisión no fue resultado de un pedido de la propia cámara pero que “es una norma congruente con el impacto que generó el Covid en el sistema”.

Es que, continuaron, “hasta que no esté resuelto el tema de financiamiento las compañías que dieron la atención están pagando sin esa recaudación. No está despejado cómo, cuándo y cuánto se va a pagar. Si alguien no tiene esa mochila estamos frente a una competencia desleal”.

Así las cosas, resulta implícito que el plan oficial apunta a que una parte del monto adeudado se financie mediante una política de tarifas que es donde, efectivamente, podría hacerse valer esa competencia desleal que alegan.