El gobierno nacional se apresta a crear un organismo de control de la hidrovía y a lanzar una licitación «corta» para cubrir el espacio de tiempo entre el vencimiento de la actual situación contractual y la nueva licitación final.

Así se lo confirmaron a Tiempo fuentes oficiales con conocimiento del tema. Agregaron que están a la espera de que el presidente Alberto Fernández «firme los decretos correspondientes».

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La licitación «corta» implica una salida de transición no exenta de problemas. La concesión de las tareas de dragado y mantenimiento de los canales navegables de los ríos Paraná y Uruguay (en sus kilómetros previos a su desembocadura en el Río de la Plata) a cambio del cobro de un peaje, venció a fin de abril. El gobierno nacional, sin alternativas a la vista, que tampoco preparó, prorrogó esa concesión por 90 días, que concluyen el mes próximo. Así las cosas, la gestión diaria sigue en manos de la cuestionada Hidrovía SA, la firma que controla la concesión desde la privatización de los trabajos de dragado y señalización en 1995, durante el mandato de Carlos Menem.

La prolongación de la concesión por 90 días planteaba en forma inmediata la pregunta: ¿y después, qué? El gobierno descartó de plano la posibilidad de asumir las tareas por medio de un organismo estatal, como amagó en agosto del año pasado cuando el presidente Alberto Fernández anunció la creación de una empresa pública para la gestión de las obras y el manejo del peaje.

Pero desde el gobierno también impulsaban la idea de que al tratarse de una «tarea muy especializada», no sería fácil encontrar empresas privadas con capacidad de llevarlas a cabo. Lo que sumado a la complejidad de la elaboración de la licitación llevaba a la sospecha de que Hidrovía SA se quedaría con la concesión hasta fines de 2022, cuando vence el mandato dado al Ministerio de Transporte por el Poder Ejecutivo para que encuentre una salida al entuerto.

La licitación para la concesión definitiva prevé dos momentos. Uno para el servicio de mantenimiento, dragado y redragado de la vía navegable troncal, para lo cual debe haber un 30% de presencia nacional. El segundo es para el servicio de señalización, balizamiento y monitoreo hidrometeorológico, para el cual la participación nacional debe ser del 80% como mínimo. En la cartera que dirige Alexis Guerrera aseguran que están «elaborando los pliegos» y en el proceso de designación del Comité que evaluará a los que se presenten en esa compulsa.

Hidrovía SA está conformada por dos empresas: la local Emepa, con intereses diversos, y la belga Jan de Nul, especializada en dragados. Siempre fue cuestionada por no cumplir con las obras de dragado, balizamiento y señalización. También por tolerar el contrabando en los canales que debería supervisar. A pesar de ello, mantuvo la concesión durante un cuarto de siglo.

¿Quién controla?

Respecto del órgano de control, hay varias ideas. Por caso, en el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH, un organismo consultivo formado por universidades, entidades empresarias que representan a exportadores y funcionarios provinciales y nacionales, entre otros) se presentaron propuestas diversas. Para l Bolsa de Comercio de Rosario, ese órgano debería tener participación del «Estado Nacional, las provincias y representantes del sector privado». En cambio, para la Unidad de Información Financiera (UFI, que combate el lavado) el control y la supervisión de la concesión y del flujo de tráfico marítimo deberían estar en manos de un superorganismo del que participarían la propia UFI, además de la Afip y el Ministerio de Seguridad, entre otros organismos públicos.