El presidente Alberto Fernández había adelantado en la semana la intención de  convocar a los dirigentes de la CGT y la CTA de los trabajadores Héctor Daer y Hugo Yasky y al presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja a una reunión para encarar algún tipo de acuerdo tripartito como parte de la estrategia del gobierno en su “guerra” contra la suba de precios.

En los anuncios del viernes, además de las medidas que se dieron a conocer y que se detallarán en los próximos días, el presidente insistió en la necesidad de acercar posiciones entre los sectores del trabajo y la producción para generar previsibilidad en la economía y tratar de anclar las expectativas inflacionarias.

En esa línea anunció la creación de una Mesa de Acuerdo de la que participarían «todos los sectores». 

Se trata de un nuevo intento de combatir la inflación sobre la base de medidas particulares y acuerdos coyunturales que, en rigor, han resultado en una mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios o, en el mejor de los casos, en un congelamiento de la situación luego de un retroceso fuerte del salario real. Por otro lado, no lograron su propósito de contener los precios.

En diálogo con Tiempo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, aclaró que, a diferencia de lo que habían publicado algunos medios, «la reunión no será el lunes. El presidente no me ha convocado aún pero me había dicho que sería durante la semana. Estoy esperando que me llame». Con todo, sí aclaró que en el día de mañana participará de una cita con el ministro de Producción Matías Kulfas y el secretario de Comercio interior, Roberto Feletti para conocer de primera mano el detalle de los anuncios del presidente de la Nación del pasado viernes.

La sola referencia a una «guerra» contra la inflación con fecha diferida produjo una escalada de remarcaciones que se adicionan al salto abrupto en el precio de los alimentos del 7,5% registrado en febrero.

La convocatoria a una mesa de diálogo tripartita pasa por alto la virtual postración del Consejo Económico y Social que, a cargo de la secretaría de Asuntos Estratégicos liderado por Gustavo Béliz fuera creado en febrero de 2021 y que, en rigor, no se ha podido constituir como ámbito de debate, negociación y consensos. Incluso fue reflotado en diciembre de ese año cuando luego de la visita del ministro de Economía Martín Guzmán a la sede de la CGT para presentar el curso de las negociaciones con el FMI se anunció que ése sería el ámbito mediante el cual el gobierno pretendía recoger las opiniones de empresarios y sindicalistas para elaborar el anunciado Plan Plurianual. Nada de eso ocurrió. No hubo continuidad del Consejo Económico y Social y tampoco Plan Plurianual.

Para Funes de Rioja, sin embargo, «son temas distintos. El Consejo Económico y Social es para definir políticas de largo plazo. Ahora hace falta generar un camino de acuerdos en la búsqueda de definiciones de políticas que son de corto plazo», señaló en favor de la Mesa de Acuerdo.

El alcance del nuevo intento de avanzar en un acuerdo de precios y salarios aún se desconoce. Sin embargo los datos que se han conocido demuestran que, otra vez, son los trabajadores los que vienen remando desde atrás. La suba de precios ya acumula 8,8% en apenas dos meses que, anualizados, representa una expectativa inflacionaria del 66% en todo 2022. Una cifra que está por encima de los pronósticos de las consultoras privadas que releva el BCRA y que, en promedio, ya auguran una suba del 55% con el déficit de haber subestimado 0,8 puntos en su pronóstico para el mes de febrero que, anualizados, equivalen a ese diferencial del 11%. Esa proyección está todavía más lejos del 40%-45% en el que se han cerrado las primeras paritarias del año y de la propia suba del salario mínimo vital y móvil que arrastra una pérdida sistemática de su poder adquisitivo con relación a la Canasta Básica Total que mide la pobreza, al menos, desde enero de 2017. En esos cinco años retrocedió en términos reales un 35%.

Ese sería el punto de partida de un nuevo acuerdo de precios y salarios que, a lo sumo, congelará esa situación.

Funes De Rioja, sin embargo, señaló que «no veo problemas con el salario. Los que tenemos muchos años de paritarias y vivimos muchas inflaciones sabemos que lo más prudente es manejarse mirando que es lo que va pasando sin generar expectativas porque la inflación también se genera con expectativas. Hay que ir acompañando el proceso. Estamos dispuestos a conversar». Sobre la posibilidad de que se abran nuevas revisiones como ocurrió en 2021, señaló que «no puedo prometer revisiones porque estaría validando que habrá mas inflación».

Desde el sector gremial, Pablo Moyano, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT manifestó en declaraciones radiales que «ojala que los anuncios sean el inicio para poder frenar este flagelo de la inflación” y que conocerá «los detalles» de esa medidas en la Mesa del Acuerdo. Además, manifestó que «creemos que no habrá ajuste pero, si eso pasa, saldremos a la calle».  «

Récord de inflación para la canasta alimentaria

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) escaló un 9% durante el mes de febrero. La inflación general que mide el IPC en el mismo período había crecido un 4,7% y los alimentos dentro de la medición general lo habían hecho un 7,5 por ciento. 

En los primeros dos meses del año, el valor de la CBA acumula una suba del 13,5 por ciento.

La escalada coincide con el vencimiento del programa de Precios Congelados que había establecido el gobierno para los últimos tres meses del año pasado.

De esta forma, la línea de indigencia quedó establecida en $37.413, un 13,4% por encima del valor del salario mínimo para el mes de febrero. Dicho de otra forma: un salario mínimo cubre apenas un 88% de lo que necesita una familia de dos mayores y dos menores para comprar los alimentos que reunen las calorías que garantizan eludir la desnutrición de sus integrantes.

Para encontrar un mes durante el cual la suba de la línea de indigencia hubiera escalado en mayor magnitud hay que recalar hasta el año 2002.