Mientras las negociaciones con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional siguen su curso, la Argentina continúa cumpliendo con los términos del acuerdo tal como fuera pautado con el gobierno de Mauricio Macri en 2018. No hacerlo, claro, implicaría ingresar en una situación de default con el organismo internacional.              

Si bien el gobierno obtuvo en la cumbre del G20 en Roma un respaldo formal en su estrategia de solicitar una extensión de los plazos de pago y una condonación de la sobretasa que se aplica a los países que solicitan créditos por encima del cupo correspondiente según el aporte que hacen al organismo, lo cierto es que la renegociación aún no se cerró y las erogaciones continúan ejecutándose.

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Además, los funcionarios de Hacienda no han podido exhibir avances concretos en la negociación a partir de los encuentros que se han realizado efectivamente en la capital italiana y que continuaron en la jornada de hoy a través de una delegación de funcionarios integrada por el ministro de economía Martín Guzmán y el secretario de asuntos estratégicos Gustavo Béliz.

En este caso el pago alcanzó los U$S 390 millones en concepto de intereses que estaban pautados según el criterio acordado de pagos trimestrales. La misma ruta de pago, y de no mediar un acuerdo previamente, en diciembre, implica que el gobierno deberá desembolsar U$S 1900 millones adicionales que, al igual que el pago por el mismo monto gatillado en septiembre de este año, fue financiado con los U$S 4334 mil millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el propio FMI había liberado para la Argentina el 23 de agosto.

El pago efectuado en la jornada de hoy, así como está en agenda para antes de fin de año, no resultan menores en la medida en que, si bien las reservas brutas existentes superan los U$S 43 mil millones, las denominadas reservas líquidas apenas superan los U$S 6 mil millones de los cuales U$S3500 millones se encuentran almacenadas en oro.

En lo que va del año el gobierno ya giró una suma total de U$S 2470 millones. En casos de no mediar un acuerdo definitivo, los compromisos con el organismo pautados para el 2022 alcanzan los U$S19 mil millones, una suma a todas luces inalcanzable.