El programa de obras públicas para el presente año corre el riesgo de convertirse en el pato de la boda de las dificultades del gobierno para encarrilar el frente externo y sellar un pacto parlamentario con la oposición. Así lo dejó entrever el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en un extenso reportaje concedido este lunes a la agencia de noticias France Press admitió que el ajuste fiscal sobre el que insiste el Fondo Monetario Internacional tiene como uno de sus puntos centrales la inversión en infraestructura. De todas maneras, el titular del Palacio de Hacienda rechazó que se vaya a acceder a ese pedido.

«Lo que el FMI ha planteado es que debe haber una consolidación fiscal más rápida. Pero hay dos problemas: el primero es que la forma de cómo ellos lo plantean detendría la recuperación económica en el corto plazo. El segundo es que el punto en el cual se enfocaría la más rápida consolidación fiscal sería en una expansión menor de la inversión en infraestructura pública”, explicó Guzmán. “Para nosotros eso es crítico, porque esa inversión es la que más necesita Argentina, desde el punto de vista productivo. Es ahí donde está la tensión», justificó.

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El gobierno se jactaba de la importancia que le había asignado a la recuperación de la infraestructura y al rol que ese proceso iba a jugar en el esquema productivo nacional, hasta que las conversaciones con el Fondo ingresaron en un virtual punto muerto. En el Presupuesto 2021, se habían asignado a los gastos de capital el 1,1% del PBI, casi el doble que sobre el fin del macrismo, aunque por diferentes motivos hasta noviembre sólo se había ejecutado el 69,9% de las partidas, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El Fondo cree que un plan menos ambicioso, sumado al recorte de los subsidios (principalmente los destinados a las tarifas de servicios públicos), serían claves para disminuir el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento con emisión monetaria. El ritmo de esa reducción, según les dijo Guzmán a los gobernadores hace dos semanas en una exposición pública, es el punto central de la falta de acuerdo entre el gobierno y el FMI.

También juega en contra la fuerte pelea con la oposición parlamentaria, que culminó con el rechazo del Presupuesto 2022. En ese proyecto, se reservaban para los gastos de capital $ 1.437 billones, con una suba interanual de 61,8% (unos once puntos por encima de la inflación). El mecanismo al que deberá apelar el Ejecutivo de ahora en más, con la prórroga del presupuesto anterior y reasignaciones de fondos a través de la Jefatura de Gabinete, conspira contra la fluidez del mecanismo y sobre todo con la autorización para obtener créditos plurianuales destinados a obras futuras.

A ello, se suma la delicada relación con otros organismos multilaterales, que tienen programas de asistencia en curso y cuya continuidad depende de que haya un acuerdo con el FMI. Allí, se incluyen el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras entidades similares. Según la estimación de la OPC, hacia noviembre había 206 proyectos públicos financiados por este tipo de instituciones, por un monto total cercano a los U$S 23 mil millones. El 45% de esos fondos todavía están pendientes de desembolso. Un eventual atraso o default con el Fondo haría que esa inyección de dinero también cesara.

Entre esos programas, se encuentran obras de desarrollo de infraestructura de agua potable y redes cloacales de gran impacto en la calidad de vida de la población, como por ejemplo el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, el proyecto vial del Norte Grande (destinado a mejorar el estado de las carreteras en nueve provincias) y la extensión de varias redes de alta tensión eléctrica para conectar la Patagonia y traer energía desde Yacyretá hacia varios destinos.

Las chances de sostener esos proyectos con apoyo bilateral son una incógnita, aunque seguramente el tema estará en la agenda que llevará el presidente Alberto Fernández en su viaje a China y Rusia, previsto para el mes entrante. En las últimas horas, surgió el rumor de que Beijing dio el visto bueno para financiar la continuidad de las obras en las represas santacruceñas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, proyecto hidroeléctrico que estaba retrasado por falta de fondos. Aun así, habrá que ver si esa promesa se mantiene en el caso de una eventual ruptura en las negociaciones entre el gobierno y el FMI.