Los números de la economía le dieron otro dolor de cabeza al gobierno. Esta vez fue el índice de precios al consumidor que elabora el Indec y que en abril reflejó un aumento de 2,6%. Es la suba más elevada de los últimos diez meses y ratifica un piso difícil de quebrar, ya que las últimas tres mediciones dieron por arriba del 2 por ciento. 

El relevamiento recibió una clara influencia de las nuevas tarifas de agua y gas. Por esa razón los servicios aumentaron bastante más que los bienes (2,9% contra 2,4%). Pero el detalle que preocupa a las autoridades es la inflación núcleo, el agrupamiento que hace el Indec para analizar el comportamiento de los precios que no están regulados ni sujetos a cuestiones estacionales. En abril ese índice fue de 2,3%, lo que marca una fuerte tendencia alcista del conjunto mayoritario de los precios. 

El acumulado del primer cuatrimestre da 9,1% de aumento. Esa cifra, anualizada, proyecta una inflación de casi 30%, entre nueve y 12 puntos más de las subas salariales que se están pactando en la mayoría de las paritarias. También está mucho más arriba del 17% que se fijaron tanto el Banco Central al establecer las metas de inflación para este año como el Ejecutivo cuando elaboró el presupuesto nacional. 

Envuelto en ese panorama, el gobierno recibe críticas por izquierda y por derecha. De un lado quedan los asalariados, que continúan perdiendo poder adquisitivo, y algunos sindicatos que se niegan a firmar acuerdos que no estén en línea con la inflación que se proyecta, como ocurre con los docentes bonaerenses. Del otro, las fuentes neoliberales de las que el propio oficialismo abreva, que le reprochan no combatir con energía el déficit fiscal, que en 2016 llegó al 4,6%. Con un ojo en las elecciones de octubre, en Cambiemos tratan de no agitar ese tema, aun cuando sus voceros ya dieron señales de que tras los comicios el ajuste será inevitable. En público, prefieren reemplazar ese término por el de responsabilidad. “No se frena una política fiscal en un año electoral, lo que se frena es el Congreso. Yo tengo dos temas esperando allí, como son la reforma tributaria y la Ley de Responsabilidad Fiscal”, anticipó el jueves el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en un congreso con miembros del sector financiero. 

En el equipo económico confían en que los próximos meses los números del Indec serán más amigables. A su favor contabilizan que los próximos aumentos de servicios públicos recién se concretarán en el último trimestre del año. También esperan que surta efectos el torniquete monetario que lleva adelante Federico Sturzenegger, presidente del BCRA, aunque sus decisiones dividen aguas dentro y fuera de la Casa Rosada. “La tasa de interés tan alta ayuda a bajar la inflación, pero también a frenar la actividad. No me parece que la economía argentina se puede dar el lujo de que la empiecen a frenar cuando recién está carreteando para despegar”, dijo esta semana Miguel Bein, un economista cuya voz se escucha con atención en ámbitos políticos. 

A mediano plazo, hay otras dos cuestiones derivadas de este rebrote en los precios que pueden convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno. Una es que la mayoría de los acuerdos paritarios que se están firmando incluyen una promesa de rediscutir los salarios si la inflación sobrepasa el aumento pactado; esto aseguraría una nueva ronda de negociaciones generalizadas en los últimos meses del año, prolongando la conflictividad social hasta las Fiestas. Otra es que el índice de precios repercute en la UVA, la unidad con que se actualizan los préstamos hipotecarios que el presidente Mauricio Macri anunció hace un mes y medio con el objetivo de solucionar el déficit habitacional y reactivar la industria de la construcción. Si la inflación se escapa, subirá el monto de las cuotas o bien se extenderá el plazo de devolución del capital, lo que asegura más penurias para sus beneficiarios, en su mayoría de clase media.