La Comisión Nacional de Trabajo en Casa Particulares, que establece los salarios de las trabajadoras de esa actividad, se reunió el viernes pero no arribó a un acuerdo, por lo que abrió un cuarto intermedio y continuará deliberando el próximo miércoles.

Según pudo saber Tiempo, el gobierno buscó sellar un acuerdo con una propuesta del 28% de incremento en cuotas para un período de 12 meses que, ante el rechazo de las organizaciones sindicales que representan al sector y participan de esa instancia, elevó hasta un 31 por ciento. Pero la segunda propuesta tampoco logró satisfacer las demandas gremiales que, además, incluyen el reconocimiento de la antigüedad y otros beneficios.

Es que la pérdida del poder adquisitivo de la categoría inicial del sector acumula un 33,8% desde enero del 2017 si se compara con el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el umbral de la indigencia. La comparación es relevante en la medida en que el ingreso de esa categoría oscilaba alrededor de la CBA.

Mientras que en enero de 2017 el mínimo del sector para una jornada de ocho horas equivalía a 1,33 veces esa CBA, en enero de este año cayó hasta 0,74 vez y, actualmente, con el último incremento de abril, llega hasta 0,85 vez.

En otras palabras, mientras que los $ 7126 que percibía en enero de 2017 una trabajadora de casas particulares con la categoría inicial le alcanzaban para comprar 63 kilos de asado o 383 litros de leche, en estos días, con sus $ 22.766 puede comprar apenas 35 kilos de asado o 298 litros de leche, según las cifras del Indec.

En el último año, la caída del salario real llegó al 14,2% por la combinación de un incremento salarial tardío del 28% en octubre de 2020 con la fuerte suba de la CBA, del 49% entre mayo de 2020 y abril de 2021. En el camino, las trabajadoras resignaron el equivalente a 17 kilos de asado por mes, la mitad de lo que pueden comprar en la actualidad.

Con la propuesta del gobierno para los próximos 12 meses, a esa situación y tomando en cuenta el pronóstico de inflación del 43,3% interanual que surge del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), habrá que sumarle un 8,6% adicional que consolidaría una caída del salario real desde enero de 2017 del 40 por ciento.

Por ese motivo, a pesar de que la reunión se realizó en forma virtual, más de medio millar de trabajadoras se movilizaron hasta la sede de la cartera laboral convocadas por uno de los doce sindicatos de la actividad, la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), que acaba de escindirse de la Unión de Trabajadoras Domésticas y Afines (UTDA) y por la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares (ATCP), que se fundó durante la pandemia con el propósito de impulsar la organización del sector frente a los miles de despidos y el derrumbe salarial y que la semana próxima tramitará su propia inscripción gremial.

Desde la ATHA, Matías Isequilla señaló a este diario que “exigimos a la Comisión el aumento de las remuneraciones mínimas de la actividad en un 120%, de modo tal que los sueldos de las trabajadoras del hogar, que actualmente son inferiores al salario mínimo vital y móvil y a la jubilación mínima, dejen de estar por debajo de la canasta básica que marca la línea de pobreza”. Además, continuó, “reclamamos que se establezca el adicional por antigüedad en los términos acordados en las reuniones de la Comisión celebradas en los años 2019 y 2020 y que los distintos gobiernos nos vienen arbitrariamente negando”. El representante se refirió al preacuerdo alcanzado entre las entidades sindicales y las representaciones patronales alrededor de conceder la incorporación de un ítem de antigüedad del 1% por año con corte en 2013 y que el Estado se ha negado a convalidar.

La discusión del ingreso del sector no se establece bajo la forma de una paritaria libre donde las entidades sindicales debaten con el sector privado con la mediación y homologación del eventual acuerdo por parte del Estado. La Comisión Nacional para el Trabajo en Casas Particulares, el organismo que determina las escalas salariales del sector, está integrada por 12 gremios y dos entidades patronales cuyos votos equivalen al 25% del total, mientras que el Estado ostenta el 50% de los votos restantes y poder de desempate en caso de no alcanzar acuerdo. Así las cosas, a diferencia incluso del Consejo del Salario Mínimo, donde el gobierno en caso de no haber acuerdo debe disponer un laudo extraordinario, en este caso,  es el gobierno quien, formalmente, puede definir en forma unilateral el incremento.

María del Carmen Díaz, dirigente de la ATCP, señaló que “el aumento que reclamamos es del 100% porque nuestro salario no se condice con la canasta básica. El gobierno representa a las patronales: pautó para nuestro gremio un salario de $ 23.000 cuando la canasta básica supera los $ 60.000. Vivimos en la pobreza. La precarización lleva a los empleadores incluso a pagarnos $ 80 o $ 100 la hora. El gobierno nos mantiene en un fuero especial para nuestra actividad, lo que es una discriminación y una traba. Debemos estar dentro de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Díaz señaló que “de esto son cómplices los sindicatos que existen en el gremio porque pactan y firman estos salarios de miseria. Por eso decidimos formar un sindicato propio que verdaderamente nos represente”. La dirigenta agregó que otro reclamo es ser incluidas en el plan de vacunación “porque estamos totalmente expuestas a la pandemia, en los traslados a los lugares de trabajo y en los propios lugares de trabajo, donde hacemos tareas insalubres. No tenemos licencias de salud ni para cuidar familiares, cuando la mayoría del millón y medio de trabajadoras que somos en todo el país, somos jefas de hogar. Si nos despiden, no tenemos indemnización. Estamos a merced de la voluntad de empleadores y de pagos miserables que tenemos que agarrar para subsistir”. «

Empleo precario y flexible

La pandemia golpeó especialmente sobre el trabajo doméstico. Según datos del Indec, el 15,5% de las trabajadoras, 229 mil personas, perdieron su empleo en 2020. En la actualidad, el 67% del total se encuentra sin registrar, casi un millón. La flexibilidad llevó a que esa destrucción superara los 400 mil empleos en el peor momento de la crisis, que se recuperarían parcialmente en los últimos meses. Durante aquel período, el 6,6% de las trabajadoras denunció haber sido directamente “abandonada” por sus patrones que, contra lo que establece la ley, no depositaron sus salarios y cortaron toda comunicación.