Este martes se hará efectivo un nuevo aumento en la tarifa del subte: pasará de los $ 16,50 actuales, vigentes desde el 15 de febrero, a $ 19. La resolución que lo habilita fue publicada el lunes en el Boletín Oficial de la Ciudad, e incluye al segundo incremento que comenzará a regir en mayo, cuando el valor del boleto a $ 21.

La normativa que habilita el nuevo incremento lleva la firma del directorio de Sbase  quien tiene fijada una tarifa técnica en $23, por lo que no se descartan subas posteriores en el costo del pasaje. “Los criterios que se aplican en el cálculo de la tarifa técnica apuntan a mantener el servicio del subte operativo en el largo plazo, en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia”, manifestó  Eduardo de Montmollin, titular de la empresa estatal Sbase.

En lo que va de 2019, el subte ya subió un 31%. El año arrancó con la tarifa a $ 14,50, pero a mediados de enero se produjo el primer aumento, cuando pasó a $ 15.50. Sólo en 2018, el subte acumuló un incremento del 93,3%. Y desde mayo, cuando el boleto cueste $ 21, habrá acumulado un 180% de aumento en un año.

A pagar, aun sin escaleras

La Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de Capital Federal aceptó el pedido de recusación contra el juez Roberto Gallardo hecho por el gobierno porteño y las empresas Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y apartó al magistrado de la causa en la que él había dispuesto que los usuarios del subte pudieran viajar gratis en las estaciones donde no funcionaran las escaleras mecánicas ni los ascensores.

Los jueces de la Cámara Esteban Centenaro (en disidencia), Maríana Díaz y Fernando Juan Lima frenaron la disposición de Gallardo, titular del Juzgado 2 en lo Contencioso y Administrativo, al entender que «la normativa local no le otorga al juez facultad de crear sanciones fuera de la ley».

La Cámara consideró que Gallardo dictó una resolución judicial y omitió considerar la normativa vigente «como así tampoco otorgó a las partes la posibilidad de manifestarse a su respecto, todo lo cual implica una afectación del derecho de defensa».

La Justicia sugirió que las empresas y el Gobierno porteño pongan otros medios de transporte a disposición de estos usuarios en los lugares donde no funcionen escaleras o ascensores.