El año que termina se destacó por una fuerte conflictividad en el mercado laboral. Así lo demuestra, entre otros estudios, el relevamiento que en forma sistemática realiza la consultora Tendencias Económicas desde 1986.
En lo que se refiere a las huelgas, o a los obreros involucrados en las mismas, que es lo que mide el índice que releva la consultora, se duplicaron con relación al promedio mensual del año 2015. Así, hasta noviembre 2,5 millones de trabajadores pararon mensualmente cuando en 2015 habían sido 1,2 millones y, en 2014, 1,6 millones. El año que en la serie mostró el promedio más alto de huelguistas fue 2001 cuando por mes pararon, al menos un día, 5 millones de trabajadores. Aquel año, claro, las centrales sindicales organizaron cinco huelgas generales contra el gobierno de De la Rúa mientras que, durante 2016, a pesar de varios amagues, las centrales no convocaron medida alguna con ese alcance.
Según José Luis Blanco, director de Tendencias Económicas y Financieras, los paros y medidas de fuerza que se tomaron durante el año se explican más por reclamos salariales que por despidos a pesar de que estos superaron los 185 mil. El motivo, según el analista, es porque, con excepciones, no hubo cesantías masivas sino muchos despidos puntuales. Eso no generó medidas de fuerza colectivas, de hecho, en general, los despidos no se pudieron revertir con acciones gremiales mientras que las huelgas sí sirvieron para modificar los acuerdos salariales.
Del mismo informe surge que el promedio mensual de despidos fue 7,1 veces más alto que durante 2015, llegando a 17 mil con un pico de 66 mil en el mes de febrero y 41 mil en enero. El promedio mensual de 2015 había sido de 2650 y en 2014 poco más de 3000. El único año que lo superó en promedio fue 2002 con 40 mil cesantías por mes.
Las suspensiones mensuales, sin embargo, crecieron solo un 65% con relación al promedio del año anterior ya que alcanzaron a 13 mil obreros por mes contra 7,7 mil en 2015. Sin embargo, en lo que se refiere a la comparación con el promedio base de 1986 la diferencia es más pronunciada incluso que la de los despidos. Es que, en 2015, las suspensiones también fueron un mecanismo del que se valieron las empresas para desestimular cesantías con el aval del gobierno que, en un contexto electoral, intervino directamente ofreciendo paliativos como los Repro. El año con mayor número de empleados suspendidos por mes que muestra la serie es 2001 con poco más de 19 mil.
Para Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, lo principal no fue el aumento de los conflictos sino de su intensidad y duración. En el sector público provincial hubo conflictos que duraron todo el año como en Tierra del Fuego, Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires.
Sobre el contenido de los mismos opinó que en el sector público se notó un fuerte componente salarial pero en el privado los motivos están asociados a situaciones de crisis como cierres, quiebras o despidos masivos. Hay que aclarar que, con una inflación del 40% y paritarias del 30%, el conflicto no es por aumento salarial sino para evitar una caída. Eso refleja que, en el fondo, también se trata de una situación de crisis.
Para Blanco, los cálculos de la pérdida salarial se quedan cortos. Los precios subieron un 39% y el salario un 33%. Pero a ese 6% hay que agregarle un montón de gente que estuvo suspendida, cobrando el 75% del salario.
Para Campos, la conflictividad le puso un límite al ajuste que pretendía imponer el gobierno. Es cierto que hubo una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 8% pero el gobierno buscaba que las paritarias se acotaran al 25% y no pudieron hacerlo, en gran medida, por la respuesta sindical. Algunos gremios terminaron cerrando por más del 40 por ciento.
La contracara: más persecución gremial y judicial
Según el Observatorio del Derecho Social de CTA, un elemento que también se destaca de este año son las crecientes «prácticas anti sindicales» provenientes del poder político y judicial y de las propias patronales. Sólo durante el tercer trimestre del año se registraron más de dos decenas de detenciones de dirigentes sindicales y activistas con epicentro en los Ingenios azucareros de Jujuy y Salta, de dirigentes de UTA también en Salta (que ya llevan tres meses de prisión) y en la línea 60 de CABA, de UPCN en Neuquén y de ATE en Río Negro que se suman a los procesos contra los dirigentes docentes y estatales de Tierra del Fuego.
Además han registrado fuertes represiones de las fuerzas de seguridad a las protestas así como ataques de «grupos represivos anónimos» entre los que incluyen la patota que atacó la redacción de este diario. Además, registraron una serie de multas a los sindicatos derivadas de acciones gremiales, confecciones de listas negras, desafueros, despidos de activistas y delegados sindicales. También han crecido las tendencias de las patronales a no acatar fallos de reinstalación de delegados y activistas.
Según Luis Campos, del Observatorio, «no es algo nuevo pero destacamos la existencia de numerosos hechos de represión y criminalización de la protesta social ligada a hechos sindicales y, en particular, la apertura de causas. No parece haber una directriz nacional, pero el año empezó con el protocolo anti piquete y con el fallo Orellano de la Corte que busca limitar el derecho a huelga. Son señales claras. Un dirigente de Salta nos dijo «no es la primera vez que la policía nos vienen a reprimir pero ahora vienen con una sonrisa», ejemplificó.
