Al analizar las medidas y políticas que se vienen aplicando desde diciembre de 2019, se observa una clara coherencia, cualidad más que virtuosa de por sí, y en especial si se compara con la gestión del anterior gobierno.

En un acto en la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente Alberto Fernández presentó el plan AccesAR, que apunta a fortalecer las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los gobiernos municipales de todo el país. Políticas que cobran más importancia aun cuando se las analiza a partir de lo que ocurrió entre 2016 y 2019, con un porcentaje de pensiones denegadas que creció del 4% al 62% (seis de cada diez se rechazaban). Es un símbolo de la lógica arbitraria, restrictiva y de interpretación de las leyes con miras a vulnerar derechos. En cambio, entre 2020 y 2021 se otorgaron 110 mil nuevas pensiones y se restituyó el derecho a unas 40 mil personas con discapacidad. El Presidente afirmó que “desde el día que se fue Cristina hasta que yo llegué se cajonearon 145 mil solicitudes. Esto significa condenar a 145 mil personas a no acercarle la posibilidad de estar mejor”. Sobre las visiones existentes, cerró diciendo que “en todos los tiempos hubo quienes pensaron a la sociedad desde un lugar donde todos quedaran incluidos, y otros que la pensaban donde participaban algunos y otros quedaban al margen (…). Nosotros creemos que nadie sobra, que somos una sociedad en la que todos hacemos falta. Y debe existir el gen de la solidaridad que nos mueva con mucha fuerza para que cuando alguien ve limitada sus capacidades, podamos ayudarles para que no lo marginen del conjunto social (…). Estamos haciendo una sociedad mejor, más igualitaria, que a todos nos contenga y donde la discapacidad no condene a nadie a la postergación”.

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El gobierno acaba de anunciar la implementación de una línea de créditos a tasa cero por hasta $ 150.000 a la que podrán acceder más de 1 millón de monotributistas, monto que se acreditará en un solo desembolso en la tarjeta de crédito. Los préstamos tendrán 6 meses de gracia y se devolverán en 12 cuotas sin intereses. En rigor, se trata de la segunda fase de una herramienta que se aplicó el año pasado, y que otorgó financiamiento a 562 mil pequeños contribuyentes. En ese momento implicó una inyección de recursos para la economía superior a los $ 66.000 millones, según se indicó desde la AFIP. Sin dudas es una herramienta importante, un alivio para los sectores más castigados. Desde el lado de la macroeconomía son fondos que se destinarán necesariamente al consumo, incentivarán el empleo y traerán una mayor recaudación impositiva.

Mediante la implementación del plan de promoción del empleo registrado para 250 mil trabajadores rurales, se avanza en la formalización de la economía, ya que los trabajadores rurales de las economías regionales podrán mantener los programas y planes sociales, como la AUH, con lo que se evita el dilema que afectaba a 250 mil trabajadores y trabajadoras golondrina y a sus grupos familiares.

También se informó que a partir de septiembre las jubilaciones y pensiones aumentarán un 12,39%, un incremento que beneficiará a más de siete millones de jubilados/as y pensionados/as, pero también a más de nueve millones de niños, niñas y adolescentes que perciben asignaciones. Así se va cumpliendo la promesa de que con la nueva fórmula las jubilaciones empiecen a recuperar poder adquisitivo, luego de la gran pérdida producida durante la gestión macrista. Siguen siendo haberes muy bajos, tienen que seguir mejorando y hace falta mucho para que esas jubilaciones estén en el nivel que tienen que estar. Pero marca un camino que también se viene abonando con otros beneficios. Entre ellos, no hay que perder de vista el vademécum de 170 medicamentos gratis que implicó un ahorro promedio mensual de $ 3.700 para cada afiliado/a al PAMI (una medida prometida en 2019), el congelamiento de tarifas, el cambio en el mínimo de Ganancias que hace que 130 mil jubiladas/os dejen de pagar el impuesto, o la Ley de Zonas Frías que establece descuentos tarifarios para quienes residan en esos territorios, entre otros tantos beneficios.

En materia productiva, se conocieron los datos del uso de la capacidad instalada en la industria, que alcanzó al 64,9% en junio, por encima del valor del mismo mes de tres años atrás, ya que en junio de 2018 fue del 61,8%. Para encontrar un nivel equivalente hay que remontarse a junio de 2017. Además del incremento en la producción de la industria, hay un camino de recuperación del empleo que se está empezando a sentir. Más trabajadores en el sector implican un aumento de los ingresos y del consumo, parte central de la tarea para que la rueda virtuosa empiece a girar con más fuerza. No hay que dejar de mencionar que entre los criterios del Ahora 30 se definió que solo será aplicable a la financiación de la compra de productos de fabricación nacional. El Estado jugando su indelegable rol.

En la semana, el INDEC informó que la inflación mensual de julio fue del 3%, un valor que consolida la desaceleración respecto del pico que representó marzo (4,8%), aunque aún sigue siendo alta. Sobre esta cuestión, el Presidente afirmó que “acá en Argentina hay un aumento desmedido, producto de la voracidad de los formadores de precios”. Da una pauta de que hay que seguir avanzando para que estos formadores de precios dejen de defender márgenes de ganancia injustificables. De todas formas, con mucho trabajo se va logrando que la inflación se desacelere, a un ritmo que no hay que dejar de valorar.

Resulta imprescindible profundizar el estudio de las cadenas de valor accediendo a los datos de las empresas, y por ello es que se registran tantas resistencias. Si las grandes corporaciones estuvieran trabajando a “pérdida” no tendrían problemas en abrir sus libros. Son desafíos que tenemos por delante, dado que el país seguirá creciendo y los precios internacionales de las materias primas se mantendrán en niveles altos, por lo que seguramente la puja distributiva continuará existiendo. Hay que lograr que todo este proceso vaya acompañado de una distribución equitativa.

Es necesario proseguir identificando posibilidades para ponerle límite a los excesos en los precios. Incluso, podría pensarse en instrumentos para regular la rentabilidad, para que cuando pase de determinado nivel, las alícuotas impositivas sean más elevadas. No es novedoso. Una estrategia similar se ha propuesto en el seno del G20 para el caso de las multinacionales de mayor facturación que registren una muy alta tasa de beneficios.

De cara al futuro, como bien sostuvo la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández: “si uno no tiene memoria corre el riesgo de volverse a equivocar”. Es precisamente ese intento de obviar la memoria el que se está tratando de implementar desde la principal fuerza opositora, que no sólo no resiste ningún archivo, sino que tampoco tiene un plan sostenible que mostrar. La estrategia es distorsionar los hechos y oponerse a toda medida generada desde el gobierno.

La realidad es que todos los días se adoptan medidas y se van logrando avances en un contexto sumamente complejo como el de “las dos pandemias”. Estas medidas forman parte de un plan integral que no sabe de años pares o impares, ni de efectos electorales. Aún con todo lo que resta por hacer, el saldo obtenido hasta el momento y las expectativas hacia el futuro son sumamente promisorios.