Las maniobras del gobierno argentino para posicionarse mejor en el terreno de las negociaciones con el Fondo Monetario no logran romper un estancamiento que ya lleva tres meses, desde la visita a Washington que encabezó el entonces secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y que concluyó el 11 de diciembre de 2020.
En aquel momento, las fuentes oficiales argentinas hablaban de un acuerdo a firmarse en el primer trimestre de 2021. Luego, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, relativizaron esa fecha. Lo notable fue que desde el Fondo también aseguraron que, si bien se hacían esfuerzos, nada hacía prever que hubiera firma ni el primer trimestre ni en mayo.
En su reciente gira por México, el presidente Alberto Fernández apuntó a lograr el respaldo de Andrés Manuel López Obrador en estas negociaciones. Cada voto cuenta en el Directorio del FMI, aunque el de los mexicanos está subordinado a la representación de España, cuyo representante es Pablo Moreno García, quien decide a dónde va ese 4,54% del poder del FMI que tiene y comparte, además de México, con Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Colombia.
López Obrador se sumó así al grupo de mandatarios, entre los que se encuentran los de España, Francia y Alemania, que han mostrado su respaldo verbal a las gestiones de Argentina, pero que por ahora no se traducen en algo concreto dentro del Fondo. De hecho, desde el FMI le tiran la pelota a la Argentina. Lo hizo Gerry Rice, el portavoz del Fondo, en su última conferencia de prensa, del jueves pasado, cuando observó que, si bien las conversaciones «son muy activas y muy constructivas», el gobierno nacional aún no tenía un programa económico que el FMI pudiera respaldar. La administración de Fernández, dijo, «trabaja para diseñar su plan económico, que podría ser respaldado por un programa del Fondo y generar un amplio apoyo para las políticas que respaldarían dicho programa». Se suponía que ese programa económico era el Presupuesto 2021, según repitió Guzmán, y que sería completado por un programa plurianual de cuyo contenido o fecha de publicación aún nada se sabe.
Kristalina Georgieva hizo su aporte a la confusión cuando a principios de febrero aseguró que era «prematuro» hablar de acuerdo y calificó al diálogo como «constructivo» y «muy activo», pero dio a entender que todo estaba en veremos.
Presión interna
Este estancamiento comienza a generar su efecto contrario, las presiones desde adentro del propio gobierno para lograr avances en el corto plazo. En su último Informe de Política Monetaria, el Banco Central toma partido en favor de un acuerdo en el primer semestre del año, con la excusa de que ello, junto con otros factores como la vacunación contra la epidemia de coronavirus y la recuperación del consumo interno, «podrían aumentar el ritmo de crecimiento por encima del escenario central».
La preocupación del BCRA se entiende. Arrancó el año con reservas por U$S 39.501 millones. Al 24 de febrero, último dato oficial, sumaban U$S 39.506 millones. Dos meses de estabilidad a pesar de la suba de los precios internacionales de las commodities, especialmente de la soja y el petróleo, y del incremento de las ventas externas de ambos productos.
La suposición de que el respaldo verbal de los líderes de Francia, Alemania y España facilitarían una renegociación de lo que queda de deuda con el Club de París deberá superar la prueba de los hechos. Habitualmente ese club no cree en lágrimas y a la hora de cobrar exige su dinero como el que más. «
El viaje de Guzmán
El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a Washington en marzo en una fecha aún no determinada. El periplo estaba pautado para este mes, pero los avatares con la pandemia lo fueron postergando. De hecho, su realización el mes próximo dependerá de la marcha de la vacunación contra el COVID-19.
Guzmán irá a la capital de Estados Unidos para entrevistarse con el staff del Fondo Monetario y darle un nuevo impulso a las negociaciones bilaterales. Las discusiones en el nivel técnico giran en torno de la capacidad de repago de la deuda que tiene la Argentina. Es que el país tiene un calendario de pagos que se calienta a partir de 2025, y a ese esquema hay que sumar lo que demandará el Fondo por sus U$S 44.000 millones.
