El próximo martes asumirá la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) el abogado Daniel Funes de Rioja, titular de la federación de empresas alimenticias Copal y actual vicepresidente primero de la entidad fabril.

Es el representante de las grandes empresas del sector, el grupo de firmas nacionales y multinacionales que están en el centro de la polémica por el aumento de los precios de los productos de consumo masivo, y que mantiene una posición tirante con el gobierno nacional por políticas como los programas de precios administrados.

De hecho, por estas horas está frenada una lista de 120 precios congelados que el presidente Alberto Fernández ya anunció y que en el Ministerio de Desarrollo Productivo dieron por hecho varias veces.

Funes de Rioja dijo a Tiempo que el pacto está avanzado pero admitió que se sigue trabajando en aspectos que son clave para que los productos aparezcan en los comercios de barrio. Informalmente se sabe que las empresas resisten un pedido de la Secretaría de Comercio Interior para que los artículos de la lista acordada salgan a la calle con el precio pactado impreso en el envase.

Las alimenticias interpretan esa medida como un exceso de intervencionismo por parte del Estado. Indirectamente, esa falta de acuerdo puntual abre la sospecha sobre la relación que podría tener la entidad con respecto al gobierno de Alberto Fernández en un segundo semestre en el que se juega nada menos que la primera evaluación electoral de la alianza gobernante.

El problema de fondo es la fuerte inflación que no da signos de amainar y a cuyo desarrollo colaboran con entusiasmo las propias empresas alimenticias con la remarcación constante de los precios de sus productos.

De dónde viene

En la previa se vienen desarrollando movimientos en el entramado del lobby empresarial. Dos semanas atrás el referente más importante del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) confirmó a Tiempo que las federaciones y cámaras empresariales están trabajando en un agrupamiento para darle solidez a una posición crítica respecto a la orientación de la política económica.

La actual conducción de la UIA, encabezada por el aceitero Miguel Acevedo, tomó distancia de esos movimientos y el futuro presidente sigue en la misma línea, según se ocupó de aclarar en los últimos días en varias oportunidades. No obstante, más allá de las declaraciones formales, la actividad de Funes de Rioja al frente de la Copal lo mostró intransigente en la asunción de cualquier responsabilidad sobre las subas de los precios y en abierto enfrentamiento con el gobierno en relación con la política oficial de intervenir para morigerar esas subas. De hecho, se lo considera uno de los empresarios más enfrentados a la administración de Alberto Fernández, aunque siempre ha cuidado el buen tono y las palabras en sus declaraciones públicas.

Asimismo, Funes de Rioja ha sido un histórico promotor de las reformas de las leyes laborales con claro tinte flexibilizador, siempre en nombre de su «modernización». Así ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando en 2017 se avanzó con la que fue la más importante reforma laboral desde el arribo de la democracia, en 1983.

A Funes de Rioja lo secundarán dirigentes vinculados al Grupo Techint y Arcor, en un comité ejecutivo que tendrá una fisonomía similar a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que es una de las gremiales privadas más críticas de la administración del Frente de Todos, y uno de los factores de poder más importantes del país. Acevedo ocupará una de las vicepresidencias, con lo que se interpreta que la facción dialoguista estaría relegada a una posición periférica y por lo tanto menos influyente en su relación con la política.

Las conversaciones seguían informalmente el viernes, pero fuentes consultadas daban por hecho que la lista que se filtró en el inicio de la semana estaba prácticamente confirmada. «