Luego de 5 años de intentos infructuosos, fue aprobada el jueves último la Ley de Alquileres, la octava de su tipo en la historia argentina. La nueva norma, que entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial, modifica el Código Civil en lo que hace al cálculo de aumento del valor del alquieler, que ahora será en base a la movilidad salarial. También expande la duración de los contratos, otorga facilidades para que el inquilino obtenga garantías y blanquea el contrato de alquiler a través de su registro en la AFIP. Uno de los grandes promotores de la ley fue Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Si bien celebró la votación, se quedó con gusto a poco.

–¿Qué significa la aprobación de esta ley?

–Es un avance muy grande. Estuvimos muchos años en una pelea muy desigual y en el momento quizás más crítico de todos, que fue durante el gobierno de (Mauricio) Macri, en ese momento, presentamos el proyecto de ley y dimos la pelea contra el mercado inmobiliario. La sanción de la ley es un reconocimiento, también, a la lucha de las organizaciones.

–¿Por qué hubo tanta resistencia a una ley que apunta a mejorar la situación de nueve millones de personas?

–Esta ley es una mancha venenosa. Es incómoda para muchos sectores. Se trata de regular el mercado inmobiliario y no de construir viviendas. Por eso, nos hubiera gustado discutir otra ley para esta etapa y con este gobierno, una ley mucho más profunda. En ese sentido, es una oportunidad perdida. Se podría haber sacado una ley no tan conservadora, sin todas los cambios que hubo que adoptar en la negociación con el macrismo en su momento, cuando era gobierno y tenía un mayor peso en el Congreso. Así y todo, es un avance muy importante.

–O sea, el tema todavía no está resuelto.

–Ni esta ni ninguna ley resuelve un problema en su totalidad. Pero esta ley tiene, además, los límites que ha impuesto el macrismo. Nos hubiese gustado que un gobierno que por primera vez tiene un Ministerio deHábitat, nos invite a una discusión mucho más seria y profunda.

–¿Buscaron el diálogo con la ministra María Eugenia Bielsa y no lo encontraron?

–El diálogo lo tenemos abierto y hemos hablado, pero nunca hubo una propuesta de una mesa de trabajo. Para las organizaciones vinculadas a la problemática de los inquilinos, es también una frustración. Tengo mucha confianza en que el camino para empezar a resolver la situación habitacional en Argentina será transitado por un gobierno de estas características. Pero no va a ser sin trabajar con las organizaciones ni haciendo las cosas a las apuradas y sin discusión. Cada uno tendrá que hacer la autocrítica correspondiente.

–¿Qué sacaría de la ley que se aprobó?

–Le sacaría los desalojos exprés, que fueron incluidos por el macrismo. Planteamos que no se vote ese artículo, pero bueno, salió. También quitaría el ingreso de los bancos a la intermediación del alquiler. Los bancos podrán brindar garantías y seguros de caución, lo cual es un negocio millonario. Debe ser el Estado quien lo haga, no un banco. En su momento, allá por noviembre del año pasado, aceptamos que se vote así para que lograr una media sanción de Diputados, con la idea de que un cambio de gobierno podría significar la posibilidad de discutir esos puntos.

–¿Nunca existió esa posibilidad?

–Presentamos un proyecto a la ministra Bielsa hace unas semanas. Allí planteábamos un Consejo de Habitantes para que tanto inquilinos como propietarios tengan los mismos derechos en los consorcios. También incluimos un fondo de garantías para comprar vivienda privada y construir viviendas públicas para el alquiler. Otro punto propuesto era que haya contratos más largos, al estilo de algunos países de Europa, para garantizar que los pibes puedan estar en la misma escuela y la misma casa toda la primaria, entre otras cuestiones. Pero no obtuvimos respuestas.

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(Foto: Mariano Martino)


–¿En definitiva, esta ley es acaso una victoria pírrica?

–Es un avance para los inquilinos. Eso es indiscutible. Y es un gran logro de las organizaciones. Pudimos volver a tener una discusión sobre alquileres en el Congreso después de 36 años. Se logró porque la pelea por el derecho a la vivienda debe ser colectiva  y no individual. Hay que entender eso. El sueño de la casa propia nos metió en la individualidad, pero la pelea por el acceso a la vivienda es colectiva. Los sindicatos y organizaciones sociales tienen que volver a manejar este concepto, que se ha olvidado por completo.

–¿Cómo se logra esto?

–Tenemos que discutir la función de las viviendas y tenemos que seguir regulando el mercado inmobiliario. Esto es el comienzo. Hay que aferrarse a esta ley porque va a ser todo un desafío lograr que se cumpla. El mercado inmobiliario va a hacer lo imposible para que no se cumpla. Como todo mercado, quiere que el Estado no se meta. Entonces, si sos “negro”, no te alquila;si sos madre soltera, no te alquila; si no tenés recibo de sueldo, no te alquila; si no tenés garantía de un familiar directo, no te alquila. Estamos hablando del acceso a la vivienda. Esas condiciones las generó el mercado inmobiliario de manera unilateral.

–¿Qué rol debería ocupar el Estado en el mercado de la vivienda para alquiler?

–Hoy por hoy, el Estado no es intermediario ni controla. Tenemos que hacer lo posible para que el Estado se meta y haga cumplir la nueva ley.No creo que el camino sea la buena fe entre las partes. El Estado debe ponerse del lado del más débil y garantizar el acceso a la vivienda.

–¿Por dónde empezarías?

–En el país, hay nueve millones de inquilinos, de los cuales el 40 por ciento se encuentra en el AMBA; sobre todo, en la Ciudad de Buenos Aires. Es impresionante que la Ciudad no haga absolutamente nada. Tenemos que avanzar para que en la provincia de Buenos Aires se pueda crear una secretaría específica que piense en los inquilinos. No solo hay que pensar lo sanitario en conjunto, ahora con la pandemia de coronavirus, sino también el transporte y la vivienda.