Una declaración común de los representantes gremiales de los países de la región se conoció esta tarde en momentos en los que en las Argentina se daba a conocer el IPC del mes de marzo.
Los sindicatos y comisiones internas (en algunos países a diferencia de la Argentina cuentan con organizaciones gremiales propias) alertan sobre los riesgos sanitarios que conlleva la tarea de relevamiento de datos estadísticos para los trabajadores afectados.
Por eso, en general, apoyan las disposiciones que los organismos a los que pertenecen determinaron para preservar la salud de los empleados. Para ellos las “medidas excepcionales que modifican las formas y procedimientos habituales de trabajo” a la hora de avanzar en los operativos de campo son las acertadas. Es que, coiniciden, “los relevamientos de información realizados de forma presencial, presentan un mayor riesgo potencial para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras que desempeñan dichas tareas”.
Sin embargo, como en numerosas actividades, temen que, una vez concluida las respectivas cuarentenas, las autoridades transformen en permanentes medidas que resultan excepcionales afectando las condiciones de trabajo, los presupuestos asignados y, en definitiva, la calidad de las estadísticas públicas.
Por eso señalan que “recursos como el teletrabajo, relevamientos telefónicos y vía web son herramientas a adoptar para evitar la exposición de los trabajadores y trabajadoras de los institutos de estadística” aunque, advierten que “una vez superada esta situación de crisis sanitaria, se deberán respetar las metodologías vigentes al momento previo a su modificación, siempre de acuerdo a los usos y costumbres estadístico-metodológicas de cada uno de los países”.
Los especialistas, además, prevén que “la superación de la crisis del coronavirus con su impacto sobre la Salud Pública y sus dramáticas consecuencias económicas sobre el mercado de trabajo, con la pérdida de puestos de trabajo y una mayor precarización de los vínculos laborales, será posible con más y mejor estado dotando a este de los recursos necesarios para avanzar en políticas sociales inclusivas”.
El mensaje, además, se adelanta a la posibilidad de que los nuevos procedimientos sean funcionales a una subestimación del imapcto que la propia crisis podría generar en el tejido económico y social que ellos relevan a diario.
La declaración lleva la firma del Sindicato de Trabajadores del INEI – STINE de Perú, del Assibge SN de Brasil, de la dirigente nacional del Anfine de Chile, Blanca Salazar, de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos del Uruguay y de la Comisión Interna de Ate INDEC de la Argentina.
