Una de las cartas más importantes para que se confirme un acuerdo de renegociación de deuda entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional se jugará esta semana en Washington. Allí se realizarán a partir de mañana las reuniones conjuntas del Banco Mundial y el FMI. Autoridades de bancos centrales, ministros de Finanzas y de Desarrollo de todos los países miembros, mas ejecutivos del sector privado convenientemente invitados, debatirán la marcha del sistema financiero y monitorearán la esperada recuperación pospandemia.

Para la Argentina, el interés central de esta cumbre pasará por la reunión de la Junta de Gobernadores del FMI, que entre otros temas debatirá la reducción de las sobretasas que el Fondo cobra a los países con los que mantiene una elevada exposición crediticia. La propuesta es eliminar ese plus de dos puntos porcentuales anuales en las tasas de interés. El gobierno argentino aguarda la confirmación de esa reducción para recién entonces cerrar trato por un nuevo programa.

El detalle no es menor. Argentina debe algo más de U$S 43 mil millones del préstamo stand by otorgado por la entidad a la gestión de Mauricio Macri en 2018 (hace dos semanas se canceló la primera cuota de capital). De concretarse la quita de los sobrecargos, los intereses que paga el país bajarían cerca de U$S 900 millones por cada uno de los diez años que duraría el acuerdo de facilidades extendidas (EFF) que se está negociando.

El pedido había sido agitado en varios foros internacionales por el ministro de Economía, Martín Guzmán. En los últimos días sumó el apoyo de su mentor, Joseph Stiglitz. «Los sobrecargos regresivos y procíclicos no son la forma de crear incentivos para una mayor liquidez en medio de una crisis económica mundial», sostuvo el premio Nobel en un documento escrito para la Universidad de Boston.

«El acuerdo está cerrado, falta que se oficialice la baja de la tasa», confió el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Radio El Destape.

Tal como ya anticipó este diario, los puntos centrales del posible acuerdo son una postergación de los pagos de capital por cuatro años (habrá giros del FMI calzados con las cuotas del cronograma actual para que el efecto en las reservas sea neutro) y una reducción del déficit fiscal, hasta llegar al equilibrio en 2025. Sea para apurar la definición o bien porque quedan cabos sueltos que atar, Martín Guzmán desembarca en Washington con un buen número de colaboradores y también con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. La situación cambiaria, las reservas internacionales, la emisión monetaria y las necesidades de financiamiento serán repasadas en otro encuentro con el staff técnico del Fondo, encabezado por Julie Kozack y Luis Cubeddu, en paralelo a la agenda oficial.

Debate no resuelto

Sin embargo, la muy probable quita en los sobrecargos no disparará automáticamente la firma de un nuevo programa. En el seno del oficialismo hay un debate no resuelto sobre la reticencia del Fondo a explorar vías alternativas, como una extensión de los plazos de devolución de sus préstamos. Se trata de los «planes enlatados» que criticó Máximo Kirchner en los últimos días. «Si la pandemia cambió el mundo, el Fondo también debería cambiar la lógica. Tiene que haber un criterio racional que les permita cobrar. Los argentinos no tienen la culpa», dijo el influyente diputado.

El hilo argumental detrás de ese razonamiento es que el daño que sufre la economía doméstica es demasiado grande como para que dentro de cuatro años el país se encuentre otra vez con una montaña de vencimientos impagables. «Que me expliquen cómo pensaban cobrar 18 mil millones de dólares el año que viene», insistió Kirchner en referencia al plan de pagos que pactó el macrismo. Y por ahora, con una pandemia que no termina de quedar atrás, indicadores sociales muy deteriorados y una actividad espasmódica que sólo es impulsada por la ayuda estatal (el tan criticado gasto público), no aparecen salidas claras para esa encrucijada.