Los actuales datos de la economía no resultan atractivos para seducir a los inversores, de allí que el ministro Alfonso Prat-Gay continúe utilizando la ya gastada muletilla de “la pesada herencia” y haya expresado en Nueva York que “trabaja por dejar atrás el populismo y el aislamiento”.

El ministro anunció a los inversores que “la Argentina está de regreso y abierta a la inversión”. Es la vieja táctica de hablarles con el corazón a quienes responden con el bolsillo. Preocupa que esa apertura tan “generosamente” ofrecida sea la que termine perjudicando a la producción argentina y condicionando la soberanía económica de nuestro país.

Los datos siguen evidenciando la debilidad de la economía y su impacto sobre la sociedad. Esta semana, el Indec informó una caída del PBI en el segundo trimestre de este año del 3,4% anual, mucho más pronunciada que sus estimaciones anteriores. También cabe destacar que es muy fuerte la caída desestacionalizada respecto del trimestre anterior, del 2,1%: hay que remitirse a la crisis 2008/2009 para encontrar caídas trimestrales tan profundas.

En este entorno, la canasta de pobreza llegó a los $ 12.500 para una familia tipo, y la de indigencia a los $ 5176, según calculó el Indec. Considerando que este mes se actualiza el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a $ 7560, queda claro que no alcanza para salir de la pobreza. En enero de 2017, el SMVM llegará a los $ 8060, un valor que en el mejor de los casos podrá mantener el bajísimo poder de compra actual.

Prat-Gay realizó las declaraciones citadas mientras acompañaba a Mauricio Macri en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este ámbito, el presidente expresó, entre muchas otras cuestiones: “Los argentinos estamos listos para entrar al siglo XXI y asumir nuestro rol en la comunidad internacional”, dando idea de una inserción totalmente pasiva en el mundo, bajo las reglas impuestas por los poderes dominantes. Esta concepción también se expresa en la liviandad con la que Macri abordó un tema de enorme trascendencia para la mayoría de los argentinos, como lo es nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, papelón internacional que protagonizó en el marco de la ONU. El mismo se suma al “comunicado conjunto” de la Cancillería argentina y el Foreign Office, que implica acuerdos a espaldas del Congreso de la Nación. Sigo pensando que nuestro lugar en el mundo sigue estando junto a los países de Nuestra América. Admito que siento vergüenza por la superficialidad con la que el presidente y su Gabinete abordan el tema Malvinas, y sostengo que la clave para discutir con los grandes bloques y las potencias está en el fortalecimiento de la integración regional.

Presupuesto ortodoxo

Las proyecciones del Presupuesto 2017 están realizadas sobre la base del ideario neoliberal que lleva al ajuste y a la flexibilización laboral. De allí que los supuestos macroeconómicos para confeccionar el Presupuesto se sustentan en la idea de que la productividad de la economía está en descenso por “los desequilibrios heredados”. Pero lo que en verdad esconden detrás de este concepto (y lo han dicho explícitamente los funcionarios) es su idea de que los costos laborales son muy altos, y que son estos los que frenan el incremento en la productividad.

En el mensaje de presentación se insiste en la supuesta mala herencia recibida, a la cual se le dedican diez párrafos, cuando sólo se emplean tres párrafos para la situación internacional, y doce párrafos para las medidas tomadas por el actual gobierno.

Al analizar la inflación proyectada me pregunto cómo se logrará pasar de una inflación acumulada del 43,5% para agosto de este año (IPC CABA) a una estimada en el Presupuesto del 37% para 2016, cuando, entre otras cuestiones, las tarifas de gas residenciales van a aumentar (en promedio) un 203% en octubre de este año. Si efectivamente la evolución del índice de precios a fin de año permite llegar a los niveles proyectados, deberíamos preocuparnos por el costo en términos de ajuste que tendríamos que soportar.

Para 2017 se plantea un objetivo de inflación de entre el 12 y el 17%, una cifra que resulta poco creíble teniendo en cuenta como antecedente que para este año anunciaban una inflación de entre el 20 y el 25%, y bien lejos vamos a estar de ese número. A mi entender, lo que desean con esta cifra de inflación “esperada” para 2017 es poner bandas de referencia para los aumentos salariales.
La estimación de las cuentas públicas que ofrece el Presupuesto 2017 solamente es sostenible en un “optimismo desmesurado”. El gobierno augura un crecimiento del producto sostenido, con generación de empleo e inclusión, cuando en realidad la economía está transitando por un camino de estanflación.

Luego de la caída real del 3,1% en 2016, los gastos en las prestaciones a la seguridad social aumentarán en términos reales un 9,9% en 2017, principalmente por el ajuste de haberes por la inflación pasada, dispuesto por ley. Un ajuste que el presidente Macri se niega a reconocer a los trabajadores, instándolos a ser “prudentes” y aceptar las actualizaciones por la inflación futura, cristalizando así las pérdidas de poder de compra que vienen arrastrando los salarios.
En este marco y apenas conocidos los reclamos de los gobernadores para dedicar mayor gasto a las provincias, La Nación abre el paraguas y editorializa (23/09/16): “La escasa reducción del gasto previsto en el proyecto es quizá su punto más débil, por cuanto mantiene una erogación exorbitante”. Un llamado de atención para que el Presupuesto sea más ortodoxo todavía.

FMI: vuelven las auditorías

El lunes pasado empezaron a desfilar los emisarios del FMI por nuestro país, para realizar la revisión prevista en el artículo IV de su Convenio Constitutivo. No ocurría desde julio de 2006, tras el pago íntegro de la deuda mantenida con el organismo. El jefe de la misión, Roberto Cardarelli, señaló que el objetivo no es “ni fiscalizar ni auditar”. Puede que las recomendaciones del FMI no sean vinculantes, aunque les terminan dando el poder de auditoría a los mercados. El ejemplo del riesgo país es claro: sube ante cualquier atisbo de desobediencia a las “recomendaciones” impartidas por el FMI.

Varios funcionarios del gobierno salieron a hacerles frente a los cuestionamientos internos. Prat-Gay sostuvo: “No tenemos por qué hacerle caso al Fondo Monetario, pero tampoco tenemos por qué ocultar nuestros números”. Según Marcos Peña, “la verdad que el aislacionismo bobo del cerrarnos y usar esto como una retórica no nos ha servido. Distinto es que, a partir de ahí, como ha pasado en otro momento de nuestra historia, el Fondo Monetario defina nuestras políticas. Eso no va a pasar”. Un recurso “retórico” que podría haberse obviado, dada la plena confluencia ideológica que existe entre las partes.

En rigor, los archivos históricos dan una pauta clara de lo que puede ocurrir en la renovada relación con el FMI. Ya lo decía Macri en la campaña legislativa de 2005, antes del pago al Fondo (Página/12, 17/10/2005): “Hay que tener mucho cuidado con cancelar deuda barata con el FMI y después pagar tres veces más de tasa por las colocaciones en el mercado. Hay que buscar un equilibrio entre los requisitos que ponga el Fondo y el costo económico. El gobierno debería intentar negociar, y si los requisitos del Fondo son excesivos, habrá que seguir cancelando”. Si es coherente con sus ideas, no estará viendo con malos ojos endeudarse y aceptar algún que otro requisito que no considere “excesivo”. Un paso más que se daría para mellar la soberanía económica de nuestro país. «