El Sanatorio Plaza en Escobar emplea a unos cien trabajadores y dispone de los recursos necesarios para reforzar la atención sanitaria en el tercer cordón de la zona norte. La clínica privada dispone de 48 camas de las cuales ocho forman parte de las Unidades de Terapia Intensiva y cuatro más de terapia intermedia.

Sin embargo, el 15 de julio el apoderado de la empresa, Ricardo Mingrone, anunció el cierre del sanatorio que, según sus trabajadores, además dispone de ocho respiradores, tomógrafo computado, equipo de rayos X y, entre otro equipamiento útil para combatir la pandemia, un sistema de oxígeno central. Además, ofrecen entre otras prestaciones, atención cardiológica, gastroenterología, ginecología, flebología y 48 camas de internación común.

El desenlace de la crisis que arrastra la empresa desde 2017 se produjo en abril a partir de la decisión tomada por el municipio a cargo de Ariel Sujarchuk junto con el PAMI de derivar en abril las capitas de 7.800 afiliados a esa institución en favor del Hospital Néstor Kirchner (ex Sanatorio San Carlos) situado en la localidad vecina de Maquinista Savio. Esas capitas representaban el principal ingreso del sanatorio que, de todas maneras, arrastra una crisis desde 2017.

De hecho, los trabajadores de la salud reclaman también entre seis y ocho meses de salarios adeudados y un total de seis medios aguinaldos que jamás percibieron desde que el sanatorio pasó a manos de la empresa Flerwal S.A. en 2017. El 1° de julio, según denuncia Enzo Barreto, uno de los trabajadores que ocupa las instalaciones, varias ambulancias trasladaron a 18 pacientes PAMI que se encontraban internados en el sanatorio para derivarlos al Hospital Néstor Kirchner. De ese número, diez, eran pacientes Covid19.

Finalmente, el 31 de julio cerraron las puertas del sanatorio y se llevaron el último paciente allí internado. De un centenar de trabajadores entre profesionales de la salud, enfermeros y administrativos, 25 médicos y profesionales revisten en carácter de monotributistas, 45 administrativos y enfermeros se encuentran en planta aunque sufriendo salarios de apenas entre $18 mil y $20 mil (alrededor de la mitad de lo que dispone el convenio) y veinte de ellos directamente se encuentran trabajando sin registración alguna.

Enzo Barreto, en diálogo con Tiempo explicó que “el equipamiento y el personal está. Estamos reclamando al municipio que expropie el lugar”. Es que, señaló, “la zona está colapsada por el coronavirus. El único hospital que atiende en Belén de Escobar es el Hospital Provincial Erial que ya tiene un 95% de camas ocupadas y que cuenta solo con ocho camas UTI, las mismas que tenemos en el Sanatorio Plaza. El Hospital Kirchner, que está en Maquinista Savio, está en un 90% de camas ocupadas”, explicó. Solo la localidad de Belén de Escobar cuenta con casi 60 mil habitantes.

Quien oficia de vocero de los trabajadores que ocupan las instalaciones aseguró que “los profesionales están disponibles para trabajar y se pusieron a disposición de nuestra lucha para cuando los necesitemos. Desde el municipio nos ofrecieron una reubicación en dependencias del municipio durante tres meses por salarios de $25 mil. En el contexto de la pandemia es una propuesta inadmisible. Ven la salud como un negocio y no como un servicio esencial para la población”. 

Javier Rehl, secretario de Gobierno del municipio a cargo del intendente Ariel Sujerchuk explicó a Tiempo que “estamos interviniendo para ver si existe alguna posibilidad de que haya continuidad pero es una larga historia de desaguisados y cambios de situación societaria. La última gerenciadora terminó en esta situación de donde adeudan como seis meses de salario y aguinaldos. Acompañamos el reclamo y asistimos con mercadería. Nos reunimos con el intendente y los delegados y le pedimos el listado para tomarlos en otros lados”.

El funcionario denunció que “los directores médicos informaron que fue por culpa del municipio y del PAMI que se quedaron sin trabajo. Pero la mala gestión no es de ahora. Cuando asume Luana (Volnovich) en el Pami mandaron auditorías y el descontrol financiero concluyó en una resolución de PAMI Luján que terminó derivando esas capitas de las cuales solo algunas fueron al hospital municipal”.

El vocero de los trabajadores señaló que “para encontrar una salida que dé respuesta a nuestra necesidad de trabajar y, a la vez, la de la población de acceder a la salud, necesitamos que intervenga el gobierno expropiado el sanatorio y lo integre al sistema de salud. Elaboramos un proyecto que va a presentar la diputada Romina del Plá del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional”. Consultado sobre la posibilidad de hacer uso de esa infraestructura sanitaria asimilándola al sistema público, Javier Rehl opinó que “los sectores de alta complejidad son igual a cero. Los respiradores son del año 1990 y hace mucho que no se invierte. De hecho, no estaban prestando ese servicio. No está dentro de las posibilidades hacer lo mismo que hicimos en la Clínica San Carlos (donde expropiaron) y no aparece otro gerenciador. Estamos dando una mano para que tome cartas en el asunto el ministerio de Trabajo de la Nación».

El contexto social y sanitario decididamente no es el indicado para prescindir de infraestructura sanitaria disponible.