Después de casi un año y medio, la Provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo con sus principales acreedores privados para reestructurar su deuda por U$S 7.148 millones. Los nuevos términos implican una reducción de las tasas de interés y una prolongación en la vida útil de los bonos, replicando los lineamientos que siguió el gobierno nacional en el canje de sus propios títulos.

En resumidas cuentas, la Provincia reemplazará una batería de 11 títulos en circulación (algunos de ellos ya vencidos y en default) con tasas de interés que oscilaban entre el 4% y el 10,875% anual. A cambio ofrece bonos en euros y en dólares, con vencimiento en 2035 y 2037. Los inversores podrán elegir entre dos modalidades, una con amortizaciones semestrales de capital a partir de 2024 y otra desde 2028. Los intereses serán crecientes: arrancarán en 2,5% anual (1,5% para los nominados en euros) y en 2025 llegarán, en el peor de los casos, a 6,625%. Además, el gobierno provincial aceptó pagar “cash” un 10% de los intereses caídos y emitir otro bono por el resto.

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Los cálculos que hacen en La Plata señalan que hasta 2024 el ahorro será de U$S 4.450 millones, incluyendo en ese monto los pagos que se deberían haber realizado el año pasado. Además, resaltan que los plazos de pago lograron estirarse al triple de lo que estipulan las obligaciones todavía vigentes. “Este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar, cuidando, además, el impacto de la deuda provincial sobre nuestra macroeconomía”, dijo el ministro bonaerense de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

El acuerdo se selló con GoldenTree Asset Management, un fondo de inversión con oficinas centrales en Nueva York que maneja activos por U$S 41 mil millones y que era el principal tenedor de los bonos bonaerenses. Por eso ahora se abrirá un plazo hasta el 13 de agosto, en el que los demás acreedores deberán manifestar su conformidad con los nuevos términos. Si se alcanzan los umbrales mínimos fijados en las condiciones de cada título (las denominadas cláusulas de acción colectiva), el canje se convertirá en obligatorio y podría efectivizarse el 20 del mes que viene.

Axel Kicillof había lanzado la propuesta de reestructuración en abril de 2020 y desde entonces se sucedieron 20 prórrogas hasta que por fin gobierno y bonistas se pusieron de acuerdo. En el medio, incluso, hubo comunicados de desencanto por parte de los acreedores y una demanda por default que presentó un grupo de ellos con el asesoramiento del estudio jurídico White&Case ante los tribunales de Nueva York, jurisdicción cuyas leyes fueron elegidas para dirimir eventuales diferencias.

Sin embargo, los rumores indican que el proceso de aceptación de la oferta no será un lecho de rosas. Una fuente citada por la agencia Reuters señala que “otros siete fondos que están en el comité (de acreedores) se opusieron al acuerdo y no formaron parte de él”, porque “la provincia tiene mejores parámetros financieros que cualquier otra y esta proposición proporciona recuperaciones mucho más bajas para los acreedores”. Por eso la califican de “no consensuada”. A pesar de ello, visto desde el otro lado del mostrador, el esfuerzo fiscal no parece ser despreciable: “Si valuamos a la misma tasa de descuento de 11%, la Provincia logró obtener una quita menor que (Martín) Guzmán en el canje de la deuda soberana”, estimó un informe de la plataforma Consultatio.