No habrá dos sin tres. Así como ocurrió el año pasado y el corriente, el gobierno apelará otra vez a la emisión monetaria para financiar una parte importante del abultado déficit fiscal previsto para el ejercicio 2022. El Presupuesto ingresado en el Congreso prevé que de los $ 3,1 billones que necesitará el Ejecutivo para cubrir sus diferencias entre ingresos y egresos, tanto para sus gastos operativos como para compromisos de la deuda pública, algo más de un tercio ($ 1,08 billones), sean cubiertos a través de adelantos transitorios del Banco Central. El resto provendrá de la colocación de deuda pública y de préstamos que se espera conseguir por parte de organismos internacionales.

La receta no es nueva. La emisión fue el principal recurso al que echó mano el gobierno en 2020, cuando se desató la pandemia de Covid y la economía cayó abruptamente, no solo en el ámbito local sino a nivel mundial. Tuvo una ventaja: partió de una base monetaria bajísima en términos reales, luego de que el macrismo congelara la emisión durante un año y medio, en un infructuoso esfuerzo por frenar la inflación con preceptos ortodoxos.

Para 2021, con un rojo financiero a cubrir de $ 2,2 billones, el objetivo que se trazó el Ministerio de Economía fue apelar a un mix de un 60% de deuda, a través de la colocación de títulos públicos en pesos, y un 40% de asistencia del BCRA. Sin embargo, en las últimas licitaciones se advirtió cierta reticencia del mercado, que rechazó instrumentos de largo plazo y privilegió los de vencimiento más corto y ajustables por inflación (el coeficiente CER) o por la cotización del dólar.

Por eso se intensificó la ayuda del Banco Central. De acuerdo con estimaciones privadas, en lo que va del año la entidad transfirió al Tesoro $ 960 mil millones. Aunque en el primer semestre primó la mesura, en las últimas semanas los giros se acentuaron: solo en septiembre hubo remesas por $ 250 mil millones. La carta orgánica de la entidad establece que los adelantos transitorios al gobierno nacional deben ser reembolsados dentro de los 12 meses de efectuados y tienen un límite: el 12% de la base monetaria más el 10% de los recursos en efectivo que consiga el gobierno por su cuenta.

Un truco contable

Según estimó la consultora LCG, para agotar ese cupo todavía quedan $ 724 mil millones. Una alquimia contable del gobierno permitirá incrementar ese margen: el decreto de necesidad y urgencia con que el Ejecutivo incorporó al Presupuesto vigente los DEG asignados por el Fondo Monetario Internacional (U$S 4334 millones) dispuso su venta al Banco Central y que el saldo de la operación se utilice para cancelar adelantos transitorios, y que el pago de la deuda ya contraída con el FMI se realice a cambio de una letra intransferible a suscribir por el organismo. De esa manera, si lo requiere, el Ejecutivo podrá contar con una ayuda extra de 422 mil millones de pesos.

Claro que la cuestión, más que legal, es práctica. Muchos economistas de la City creen que tal emisión de dinero es excesiva para el actual nivel de actividad y que ese sobrante es el causante de la elevada brecha entre los tipos de dólar alternativos y el oficial (que rondan el 80%) y de la persistencia en la suba de precios. Sea porque reconoce la influencia de este último factor o por otro motivo, el diagnóstico del Palacio de Hacienda sobre la inflación para los próximos años no es halagüeño: en el mensaje que acompaña al Presupuesto la estima en un 33% anual para 2022 y en 25% y 20% para los dos ejercicios siguientes.

“La situación política no ayuda a que los inversores estén dispuestos a prestarle a la Secretaría de Finanzas. La carta para jugar vendrá dada por la posibilidad de cubrir un traspié vía emisión. La cancelación de adelantos transitorios vía DEG permite ampliar el margen de financiamiento. La duda es si con una demanda de pesos que sigue deprimida hay espacio para provocar un desborde monetario”, se plantea el informe de LCG.

Posibles sorpresas

Quedan dos incógnitas sobre los márgenes de financiamiento. Una es la eventual transferencia de utilidades del BCRA, por la cual esta entidad giró $ 800 mil millones en 2021: no hay previsión similar para el próximo ejercicio. Otra es el generoso monto que se espera conseguir de créditos por organismos internacionales: $ 1,45 billones netos de amortizaciones e intereses ya comprometidos.

“¿Es factible que los organismos internacionales otorguen flujos netos por 2,4% del PBI, cerca de U$S 12.500 millones?”, se preguntó la consultora PxQ. En su informe semanal se recuerda este antecedente: los préstamos realizados en conjunto por el BID y el Banco Mundial durante la crisis de la convertibilidad en 1998, con el respaldo del FMI y el gobierno estadounidense detrás, serían a valores actuales de U$S 8737 millones. “Los U$S 12.500 millones de 2022 estarían por encima de este monto”, señala PxQ. ¿Un error de cálculo por parte de los técnicos de Hacienda o una sorpresa que el Ministerio de Economía aún no quiere develar? «