A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán. La máxima podría aplicarse a la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La crisis mundial desatada por la pandemia abrió huecos en los rígidos parámetros ortodoxos del organismo y por esos resquicios se cuelan las aspiraciones del gobierno de obtener mejores condiciones para refinanciar su deuda.
Confirmada por Kristalina Georgieva, la titular del FMI, la emisión de DEG (derechos especiales de giro) por U$S 650 mil millones, de la que sólo falta la aprobación formal de la Junta de Gobernadores para proceder a su distribución, ahora en el organismo multilateral de crédito se plantea la creación de un Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, en el que se aspira que las naciones más poderosas integren parte de esos DEG para financiar las necesidades de los países de más bajos ingresos. Las gestiones en esa dirección avanzaron durante la reciente reunión del G20 en Venecia.
Esa nueva bolsa serviría para el rol que en los últimos años cumplió el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que se formó con una pequeña fracción de los DEG de la anterior emisión, en 2009. En aquella ocasión, tras la crisis de las hipotecas subprime, el FMI repartió entre sus miembros U$S 250 mil millones, menos de la mitad de lo que planea entregar hacia fines de agosto.
El Fondo de Resiliencia «puede ofrecer tasas más bajas y vencimientos más largos para crear espacio fiscal para (acciones de) mitigación, adaptación, transición, especialmente para países de ingresos bajos y medianos altamente vulnerables», anunció Georgieva en Venecia.
Con la mira en las tasas
De ese gancho se quiere colgar el ministro de Economía, Martín Guzmán, para renegociar la deuda con la entidad. Difícilmente Argentina califique para esos préstamos porque están pensados para naciones más vulnerables, cuyas economías no están en condiciones de dar el salto hacia el «futuro verde» que imagina el FMI. Pero Guzmán quiere recibir el mismo tratamiento en materia de tasas y vencimientos. Es en previsión de ello que los negociadores argentinos quieren incluir una cláusula para asegurar que si el FMI abre en el futuro una línea de financiamiento con mejores condiciones, las mismas puedan aplicarse al programa que Argentina tenga vigente en ese momento.
Así planteadas, las características de ese Fondo de Resiliencia servirían como el antecedente que necesita el país para doblegar la férrea resistencia del FMI, que rechaza extender cualquier acuerdo de refinanciación de deuda más allá de los 10 años que marcan sus manuales. En la última semana, el vocero del organismo, Gerry Rice, lo volvió a dejar bien en claro. «Estamos examinando la posibilidad de un acuerdo de facilidades extendidas del FMI. Hacia allí se dirigen las conversaciones. Las conversaciones fueron muy productivas y hubo avances en varios ámbitos», dijo el veterano portavoz.
Ese tipo de acuerdos a los que aludió Rice (EFF, por su sigla en inglés) tiene una vigencia máxima de diez años, con cuatro años y medio de gracia hasta iniciar las amortizaciones de capital. Son más extensos que los stand by (SBA) como el concedido al gobierno de Mauricio Macri en 2018, en los que el préstamo debe ser devuelto totalmente antes de los cinco años. Pero, a cambio, se exigen «reformas estructurales profundas y duraderas» que deben estar «orientadas a superar los problemas económicos y estructurales».
El gobierno cree que diez años son insuficientes para devolver los más de U$S 44 mil millones que recibió Macri entre junio de 2018 y agosto de 2019. Pero el Fondo no ofrece más que eso y hasta ahora los intentos por romper ese corsé reglamentario fueron infructuosos.
La eventual inclusión de una cláusula que acepte superar el tope de los diez años sería un logro impensado hace unos meses. Sin embargo, y a pesar de que la discusión por momentos parece caer en baches que desalientan al más optimista, los negociadores argentinos ya consiguieron, sea por mérito propio o gracias a la pandemia, un triunfo parcial: el visto bueno para la eliminación de los sobrecargos que le cuestan al país unos U$S 1000 millones anuales en concepto de intereses. El pedido sería aceptado por el directorio de la entidad en octubre.
Habrá que ver si esos logros satisfacen al gobierno y si los números de la economía argentina convencen a los técnicos del Fondo. De la respuesta a ambos interrogantes dependerá que la renegociación llegue a buen puerto con rapidez o que naufrague en el intento.
