La fuerte quita a los subsidios en las tarifas de electricidad, gas y agua se convirtió en la punta de lanza a partir de la cual Sergio Massa apunta a reducir el déficit fiscal a no más del 2,5% del PBI. Esa es una de las metas prioritarias que el nuevo ministro de Economía se planteó como norte de su gestión.
La decisión de no reabrir la inscripción en el RASE, el registro para acceder a los subsidios, sumada al nuevo tope de 400 kWh mensuales a partir del cual se pagará tarifa plena (nuevo filtro que no se había incluido en el esquema original, ver página 6), podría determinar un ahorro para el Estado de entre $ 500 mil millones y $ 700 mil millones, según fuentes del Palacio de Hacienda. Se trata de casi un punto del PBI, en la hipótesis de máxima.
El cálculo es anual y la proporción que se evitará desembolsar el fisco este año dependerá de la velocidad con que se implemente el nuevo esquema, como también de los precios que se fijen para los usuarios que deben abonar la tarifa plena.
Entre los analistas privados, sin embargo, la estimación del impacto para 2022 es mucho menor. La consultora EcoGo estimó que el recorte será de $ 112.900 millones en electricidad y de $ 31.071 millones en gas. Entre ambos, un 0,2% del PBI.
La letra chica aún debe ser escrita por la Secretaría de Energía, convulsionada por estas horas tras conocerse la salida de su titular, Darío Martínez, que aún no se había oficializado al cierre de esta edición. Según una publicación de Massa en la red social Twitter, esto se sabrá el próximo jueves, cuando esa oficina informe los detalles de la segmentación y sus resultados. Entre esos detalles están los cuadros tarifarios que las distribuidoras de electricidad aplicarán a los usuarios que deban hacerse cargo del costo total de la energía que consumen y que permitirán hacer una cuenta más fina sobre el ahorro concreto que significará para el fisco: desde el gobierno prometieron que esos valores se conocerán el martes. También restan conocer los topes de consumo de gas y agua a partir de los cuales se pagará la tarifa plena.
El peso que tendrá esta medida en la reducción del déficit primario, una de las prioridades de Massa para estar en línea con las metas establecidas en el Presupuesto y pactadas con el Fondo Monetario, se vio potenciado por un hecho fortuito: mucha menos gente de la que se preveía se anotó en el RASE. De un universo potencial de 13 millones de hogares, sólo se inscribieron nueve millones. La fracción que no recibirá subsidios se triplicó con relación al 10% que se pensaba dejar afuera del beneficio cuando se diseñó el sistema, en las épocas ya lejanas en que Martín Guzmán era ministro. Por eso se cree que el ahorro fiscal de esta medida superará el prometido al FMI (un 0,6% del PBI que muchos creían demasiado optimista) y multiplicará varias veces los escasos $ 15 mil millones estimados para este último tramo de 2022.
La mirada de Massa
La baja del déficit es una de las patas con las que Massa intenta sostener el precario cuadro con el que se encontró al asumir los plenos poderes en materia económica. Las otras serán los regímenes sectoriales para alentar exportaciones (la «fábrica de dólares», como la llama el massismo); la acumulación de divisas, a través de acuerdos con exportadores y organismos internacionales; y un canje de los compromisos más inmediatos del Tesoro, cuya deuda en pesos se convirtió en una bola de nieve.
De esos factores, el ordenamiento fiscal es el que Massa se fijó como prioritario, sabiendo que será muy mirado en el exterior (sus promesas le valieron un elogioso artículo en el Financial Times). «Vamos a cumplir con la meta del 2,5% del déficit primario establecida en el Presupuesto que tuvimos que sacar por DNU. Orden es cumplir la palabra empeñada», sentenció el ministro apenas asumido en su cargo. Tampoco dudó en enfatizar cada sílaba de la palabra «desborde» para calificar lo sucedido con el gasto público en el primer semestre.
Lo cierto es que los datos de ese período vislumbran de difícil concreción la meta, salvo que se active alguna de las propuestas en materia impositiva (por ejemplo, el proyecto para gravar la «renta inesperada» o el revalúo inmobiliario) de las que se viene hablando hace tiempo pero a las que Massa hasta ahora no se refirió. Según la Secretaría de Hacienda, el déficit primario acumulado hasta junio fue de $ 800 mil millones, equivalentes al 1,05% del PBI. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que contabiliza los gastos devengados, que surgen de operaciones ya comprometidas aunque no se hayan abonado efectivamente, estimó que ese rojo es de 1,9% del PBI. La diferencia de casi $ 600 mil millones es deuda ya tomada que deberá ser saldada en los próximos meses. El margen de maniobra hasta diciembre, entonces, es mucho menor.
El economista Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó que entre enero y junio de 2022 el gasto primario superó en 0,44% del PBI al del año pasado. Según cómo evolucione la recaudación en la segunda mitad del año, «se requeriría una baja de entre 0,64% y 0,94% del PIB para lograr un déficit primario del 2,5%». Pasado a dinero, esa reducción significaría entre $ 480 mil millones y $ 710 mil millones.
A pesar del impacto que significará sobre buena parte de las clases medias y bajas, el camino elegido para achicar el déficit, la quita de subsidios en los servicios públicos, se explica porque es el rubro que más creció en los últimos años y porque los otros son todavía más difíciles de recortar. «En los últimos años se reflejó un cambio en la composición del gasto estatal: una caída de la participación de salarios y jubilaciones y un aumento de la participación de programas sociales y subsidios a la energía», dijeron desde el grupo MATE (Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía). Allí estimaron que el peso de los subsidios creció de 5% a 10% del gasto total en los últimos tres años.
Claro que la tijera también puede pasar por los otros sectores. Por caso, Massa hizo hincapié en que continuará la restricción para ingreso de personal al sector público, que ya se había decidido durante la efímera gestión de Silvina Batakis, y aclaró que también regirá para los entes descentralizados. Otra frase del discurso inaugural de Massa hizo que los gobernadores pusieran sus barbas en remojo: «Haremos un trabajo conjunto con las provincias sobre un esquema de fijación de prioridades», dijo el ministro, lo que hace suponer que las transferencias del gobierno nacional a esas jurisdicciones (que este año crecieron 13,1% en términos reales, según la OPC) también podrían verse afectadas.
La contención del gasto tiene su correlato con el financiamiento del déficit. En su hilo de tweets, Massa aseguró que le ordenó a Raú Rigo, el secretario de Hacienda, que no pida más recursos al Banco Central y ratificó que mañana girará a la autoridad monetaria $ 10 mil millones para comenzar a devolver el exceso de financiamiento vía emisión monetaria.
El canje de deuda en pesos y una maniobra arriesgada
Los títulos públicos en poder del Banco Central y de la ANSeS serán claves para el éxito del canje que lanzó el gobierno nacional para aliviar el peso de la deuda en pesos. La convocatoria, oficializada este viernes por el Ministerio de Economía, plantea cambiar varios títulos (las Lecer, Lepase, Ledes y Boncer) con vencimientos entre el 16 de este mes y el 31 de octubre por bonos duales a cancelar entre junio y septiembre de 2023.
De esa manera, desde el Palacio de Hacienda esperan desactivar la bomba de tiempo que significan los más de 2,1 billones de pesos que vencen en los próximos 90 días, a razón de $ 547 mil millones en agosto, $ 1,068 billones en septiembre y $ 515 mil millones en octubre. La concentración se produjo a partir de las refinanciaciones a plazos cada vez más breves y con tasas más elevadas que el mercado fue exigiendo en las últimas licitaciones de deuda.
«Ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60 por ciento. Esto es para que quienes especularon con un reperfilamiento entiendan que no hay que llevar zozobra a la población y a los inversores», dijo Sergio Massa. Así, hizo alusión implícita a la cartera del FGS, que de acuerdo a su último informe tiene títulos públicos por un total de 4,2 billones de pesos, y a las compras en el mercado abierto que realizó el Banco Central en los últimos meses para contener el derrumbe de los títulos en pesos.
Los nuevos instrumentos estarán emitidos en dólares, pero se pagarán en pesos, y se ajustarán por inflación o por la cotización del dólar mayorista, el más alto de ambos índices. El canje se realizará el martes y, una vez realizado, se verá cuál es la disposición del mercado a apostar en favor del gobierno y cuánto se despeja el panorama para los meses venideros.
De cualquier manera, se trata de una apuesta por la inestabilidad financiera dado que Economía presenta como incentivos de ganancias tanto la inflación como la devaluación, la que suba más, juntas en un mismo instrumento. En un escenario de fragilidad financiera, corrida cambiaria y golpe de mercado, es una apuesta más que arriesgada.
