Es una obviedad decir que de acuerdo con el momento de partida desde el cual se analice una situación, se pueden «demostrar» cosas muy distintas.

Tomando un plazo más extenso, la última década, para no caer en los saltos que impuso la pandemia en los últimos años o con el macrismo antes, se puede analizar la evolución del mercado de trabajo desde dos perspectivas.

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Una cuantitativa, vinculada a las variaciones en el volumen de puestos de trabajo, cómo se modificó en los distintos sectores, privado, público, por rama de actividad y otras más de contenido, qué sucedió con el tipo concreto de empleo, las condiciones de trabajo, la estabilidad laboral, etcétera.

La cantidad de puestos de trabajo privados registrados a comienzos de este año es ligeramente inferior a la del año 2012, lo cual demuestra la incapacidad (o la negativa) de los empresarios a generar empleo a pesar del aumento, en algunos casos escandaloso, de sus ganancias. Y también demuestra que no van a generar empleo por recorte de derechos laborales o por el incentivo de subsidios del Estado.

En el mismo período, el porcentaje de trabajo no registrado (en negro) se mantuvo estable, una situación en la que se encuentra aproximadamente una tercera parte de los asalariados. O sea que las patronales no solo no están dispuestas a crear empleo, sino que tampoco están dispuestas a cumplir con las leyes.

Los sectores registrados que más han crecido son los monotributistas, quienes son en gran parte asalariados encubiertos (como los miles de trabajadores delivery), y los monotributistas sociales, trabajadores con alta precariedad y muy bajos ingresos.

Estas cifras llevan al segundo aspecto mencionado, la «calidad» del empleo. Los empleos que más han crecido son los más precarios, inestables, con bajos salarios y con pésimas condiciones, que resultan además en enfermedades profesionales, accidentes laborales y muertes.

Y aquí caben dos afirmaciones fuertes: las empresas no van a crear empleos porque se les entreguen subsidios, se rebajen salarios o se les otorgue facilidades de contratación, sino al contrario, solo lo harán en la medida en que se les haga respetar la jornada laboral, se trabaje con ritmos humanamente soportables y se las obligue a funcionar dentro de la normativa laboral.

A la vez se puede decir que es preocupante ver proyectos o planes estatales que, para crear «empleo», permiten o impulsan condiciones laborales y salarios por debajo del salario mínimo y renuncian a derechos contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. Esto implica imponer, queriéndolo o no, una reforma laboral enmascarada en generación de empleo.

La creación de nuevos empleos, con salarios que permitan superar la pobreza y condiciones de trabajo dignas, no se puede basar en una mayor flexibilización, en la destrucción de los convenios colectivos o el ataque a las organizaciones sindicales, sino en ponerles límites a la voracidad e impunidad empresaria. «