El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, le solicitó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y a la Secretaría de Energía de su provincia que ante las subas de tarifas no se concrete el corte de suministro eléctrico para aquellas personas que se vean imposibilitadas de afrontar el pago de sus facturas y expresen voluntad de hacerlo.

Además, el defensor les pidió al presidente del directorio de la EPE, Raúl Stival, y a la secretaria de Energía, Verónica Gesse, “una tarifa social para las pequeñas y medianas empresas, comercios e industrias a raíz de la importancia de estos actores en nuestra economía siendo que muchas veces las tarifas de los servicios públicos conspiran contra su desarrollo y sustentabilidad”.

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Otras de las medidas que solicitó fue que figure en las facturas de la EPE «el detalle del monto correspondiente a la energía mayorista tal como se efectúa para el caso de los impuestos, entendiéndose que de ese modo se daría cumplimiento del derecho constitucional del usuario a recibir información adecuada”.

También el defensor le escribió al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para expresarle la «profunda preocupación como organismo de defensa de los derechos de los habitantes de nuestra provincia de Santa Fe, por el alto impacto que el valor de la energía en el mercado eléctrico mayorista está teniendo sobre los usuarios de este servicio público esencial para el normal desenvolvimiento de las personas y de las empresas e industrias santafesinas”.

«Los valores aprobados no cumplen con los preceptos consagrados por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Cepis, respecto de la proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y certeza analizadas bajo la óptica de la realidad socioeconómica de los usuarios que deben afrontar con sus ingresos la totalidad de los aumentos determinados”, indicó Lamberto.