Uno de los temas a destacar esta semana es el favorable acuerdo que alcanzó el equipo económico argentino con el Club de París, un conglomerado de acreedores de Argentina, dentro de los cuales Alemania y Japón concentran más del 60% de la deuda. Esta había sido reestructurada en el año 2014. A partir de ese entonces, se abonaría el monto adeudado durante los cinco años subsiguientes. Pero durante la gestión macrista se incumplió el pago de la última cuota en 2019, decisión que generó un aumento de los intereses al 9% anual. Se adeudan 2450 millones de dólares que vencen a fines del mes próximo.
Luego de las negociaciones que encabezó el ministro Martín Guzmán en estos días, se acordó hacer frente a solo 430 millones de dólares en dos cuotas, en julio de este año y febrero de 2022, lo que implica un alivio financiero de aproximadamente 2000 millones de dólares hasta marzo de 2022, cuando se espera llegar a un acuerdo más permanente. Por su parte el FMI, el otro organismo con el cual la Argentina planea reestructurar la deuda de 45 mil millones de dólares que heredó, avaló el acuerdo alcanzado con el Club de París y adelantó que espera reunirse con el equipo económico argentino en el marco de la cumbre que realizará el G20 el mes próximo.
No hay que perder de vista el sendero que viene recorriendo el actual gobierno en materia de alivio de deuda. Una tarea que implica convertir en posible de administrar un esquema de endeudamiento que era imposible de afrontar. En palabras del presidente Alberto Fernández en su participación en el 48° Congreso Nacional Bancario: “Cuando ganamos las elecciones, llegamos con el ímpetu de poner a la Argentina de pie, pero nos encontramos con un país caído y con un presidente que había puesto a la Nación de rodillas con un crédito que sabía que nunca iba a poder pagar”. Siguiendo esta línea, el ministro Martín Guzmán expresó esta semana en C5N, refiriéndose a la gestión anterior, que “había dejado una escasez de dólares muy brutal. Eso significa menos capacidad de producción, menos capacidad de empleo, más inflación, deudas en dólares insostenibles” para resaltar que “la deuda no es una cuestión abstracta”.
Si bien se siguen sucediendo los distintos comentarios acerca de que este gobierno no tiene un plan, el presidente fue categórico: “Tenemos un plan: cuidar a los argentinos. Un proyecto: que vuelva el trabajo. Una decisión: poner a la Argentina de pie. Tenemos la convicción de que no vamos a ceder ante nadie para lograr esos objetivos”.
Los hechos se encargan de demostrar la veracidad de estas expresiones. Uno de ellos fue el exitoso alivio financiero que se logró el año pasado con los acreedores privados, que implicó un ahorro de 37.700 millones de dólares en una década.
Como lo manifestó reiteradas veces Guzmán, se están dando pasos concretos para “tranquilizar” la economía. No solo en el plano externo, sino también al interior de la economía argentina. En una reciente entrevista el funcionario señaló: “No es casualidad que la economía se esté recuperando a la velocidad a la que lo está haciendo, es la consecuencia de políticas públicas que preservaron la capacidad productiva de nuestra economía”. Es decir, un Estado actuando activamente para enfrentar los difíciles problemas que nos imponen las pandemias.
En este entorno, el gobierno está manejando las políticas públicas de modo tal que argentinas y argentinos estemos de la mejor manera que se podría estar y, principalmente, con perspectivas de una recuperación que ya se observa en varios sectores.
La cuestión de la carne
El gobierno estableció esta semana una reapertura parcial de las exportaciones de carne vacuna. Este período de evaluación del sector arrojó interesantes resultados que permitieron tomar medidas enfocadas en una mejora en las condiciones de acceso a los distintos cortes de carne en el mercado interno.
Pero analicemos brevemente la realidad de este mercado: a pesar de la fuerte reducción en el consumo per cápita argentino de carne vacuna (había alcanzado un pico de 69 kilos por año en 2009 y en la actualidad se encuentra en los 44 kilos en promedio) los hogares argentinos destinan actualmente una significativa parte del gasto promedio familiar a la compra de carne vacuna, proporción influida por los altos precios.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se implementaron distintas herramientas en el sector, entre las que se destacan: retenciones para desacoplar los precios de exportación con respecto a los domésticos, cupos de exportación para permitir el abastecimiento local a precios accesibles y el monitoreo de los principales mercados locales para evitar maniobras especulativas, entre otras. Todas ellas fueron eliminadas o reducidas durante el gobierno de Macri, en aras de consolidar la tan mentada “libertad de mercado”.
Dicha liberalización generó una serie de efectos que beneficiaron a un reducido grupo de exportadores, quienes vieron incrementarse sus ventas en cantidad y precio, al tiempo que los consumidores argentinos debieron afrontar valores en ascenso y menor disponibilidad del producto. Según las estadísticas oficiales, mientras que en 2015 se exportaron casi 200 mil toneladas de carne bovina, en 2019 esa cifra se cuadruplicó llegando a casi 850 mil toneladas. También aumentaron los valores exportados: 867 millones de dólares se vendieron al exterior durante 2015 contra 3000 millones en 2019.
A su vez, la participación de las ventas externas en la producción del sector pasó del 7,7% en 2015 al 21,7% en 2019, dejando cada vez una menor cantidad destinada al mercado doméstico. Esta consecuencia fue descripta por el presidente Alberto Fernández el mes pasado: “Celebro que la Argentina exporte carne, pero no que hagan pagar a los argentinos el precio que les hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8000 toneladas de carne cuando acá se consumen 200 mil”.
Mientras que el promedio de aumento del precio de los alimentos en el mes de mayo fue de casi el 50% interanual, de por sí un valor elevado, el de la carne fue del 73 por ciento.
Las medidas tomadas en estos días involucraron la autorización de exportaciones hasta un cupo equivalente al 50% del volumen que se había registrado en 2020. Se determinó además la prohibición de ventas al exterior de algunos cortes en particular, los más demandados por el mercado interno. Los mismos serán vendidos en el país a precios hasta un 45% menores a los actuales con un mayor cupo. Otra pieza importante de la iniciativa es el “Plan ganadero” que apunta a desarrollar el sector y aumentar la producción para lograr incrementar la capacidad exportadora sin descuidar el mercado interno. Constará de financiamientos a tasas subsidiadas para las empresas del sector, beneficios fiscales y capacitaciones para mejoras tecnológicas. La producción y comercialización de carne resulta un sector concentrado y con fuertes posibilidades de fijar precios. Este es uno de los aspectos estructurales a los que le está haciendo frente la actual gestión de gobierno. Una tarea nada fácil pero que beneficia a la mayor parte de la ciudadanía.
