Los malabares mediáticos del gobierno no llegan a ocultar el creciente malestar que generan las significativas políticas de transferencias de ingresos hacia los sectores concentrados. La movilización del último martes resultó un claro reflejo de ello, con una nutrida participación no solo de gremios, sino también de pequeños y medianos empresarios, profesionales, y ciudadanos en general. Todos ellos saben que su destino está íntimamente ligado al mercado interno y a la preservación del salario real, precisamente lo que no contempla este modelo.
Los reclamos en torno a la definición de la fecha para un paro general se explican acabadamente. De hecho, la idea hace rato que se viene demorando. Los orígenes del planteo pueden rastrearse desde el momento del veto presidencial a la ley antidespidos, en mayo de 2016, acallado momentáneamente en octubre con la firma de una insuficiente compensación salarial y con el «pacto antidespidos», incumplido finalmente por el sector empresario.
En un primer momento el gobierno sostuvo que la medida de fuerza obedecía a intereses sectoriales asociados al año electoral, una mirada parcial e interesada de los hechos. Fue el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien tiró por la borda esta caracterización al afirmar que «si alguien quiere cambiar la política económica, primero tiene que ganar las elecciones y luego aplicarla, o dictar las leyes que le permitan generar condiciones económicas distintas».
En el sistema democrático en que vivimos, tal como está pensado, las elecciones son un hito trascendente y suelen marcar la continuidad o no de las políticas. Esto es algo que el gobierno entiende a la perfección, por ejemplo, cuando encara la campaña en la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, con un discurso presidencial plagado de posverdad.
Desde los medios hegemónicos, quien expresó de manera concreta la estrategia política fue Carlos Pagni (La Nación, 9 de marzo). Según el periodista: «El jueves pasado el Presidente ordenó moderar al máximo las decisiones que puedan determinar un deterioro del salario (…). La eliminación de los subsidios y, por lo tanto, la reducción del déficit fiscal serán aun más gradualistas. A los inversores inquietos se les preguntará: ¿Quieren una macroeconomía más equilibrada o que ganemos las elecciones?»
Así, cada vez es más explícito que lo peor del ajuste quedará para después. En la portada de La Nación (10 de marzo) se tituló: «Macri ordenó demorar medidas para evitar reacciones negativas con impacto en los comicios de octubre. Postergarían aumentos en los servicios y el transporte (…). Macri definió una prioridad para este año: la coalición oficialista Cambiemos deberá ganar las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. Por eso ordenó atenuar y postergar los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios y el aumento en las tarifas del gas, el transporte público y el agua.» Una sinceridad escalofriante, más pensando que, de ganar, el oficialismo lo consideraría como un cheque en blanco para profundizar el ajuste que está en marcha.
Hasta el propio Observatorio de la UCA mostró en un informe cómo en los primeros nueve meses de gestión de un gobierno que tendría entre sus objetivos eliminar la pobreza en la Argentina, la misma aumentó en un millón y medio de personas. Uno de los factores que explican la dinámica, además del mayor desempleo, es la suba de la inflación, que para colmo en febrero alcanzó un valor del 2,5% mensual, la más alta desde junio pasado. No podía esperarse otra cosa dados los aumentos autorizados en las tarifas de luz, en la educación, la salud y los alimentos. Para marzo también se espera un índice elevado.
Para su propio consuelo, el gobierno debe haber visto con buenos ojos la deflación del 0,5% en Indumentaria, que se suma a la del 2,2% de enero. No deben pensar lo mismo los productores del sector. Los industriales textiles nucleados en la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) informaron que en enero la actividad del sector se contrajo un 11,1% y que las importaciones se incrementaron 11,5% respecto de un año atrás. El aumento de las importaciones y la caída del consumo interno afectaron duramente a la producción local. Con este ejemplo, mejor ni pensar cuál debiera ser la caída de la actividad económica y el ingreso de importaciones requerido para contener los precios generales.
Por su parte, la última información de utilización de capacidad instalada en la industria marcó un valor del 60,6% en enero, apenas por encima del valor de enero de 2003 (58,8%), que siguió a la brutal recesión de 2002. Con una ociosidad del 40% difícilmente pueda esperarse una lluvia de inversiones en la industria.
Hacia adelante
La paradoja de las políticas del gobierno es que este dice combatir la inflación y la duplica; trata de reducir la pobreza y la aumenta; habla de generar actividad económica y produce recesión; intenta crear empleo y solo se ve más desempleo. Sin embargo, no se trata de un gobierno errante. Este gobierno vino a cumplir una tarea y esa tarea es la de modificar de manera regresiva la distribución del ingreso en la Argentina, con una activa participación y con políticas que van en ese sentido. Por ejemplo, con la baja y eliminación de retenciones, con el retoque a la fórmula de movilidad jubilatoria, o cuando planea aumentar la edad mínima de las jubilaciones, para citar algunos casos.
El economista Ha-Joon Chang citó estos días en una entrevista una frase muy elocuente del escritor norteamericano Gore Vidal: quien sostuvo que «el sistema económico norteamericano es socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres». Para Chang, «resume muy bien lo que fue el capitalismo de libre mercado durante las últimas décadas, especialmente, aunque no únicamente en Estados Unidos. Durante las últimas décadas los ricos recibieron cada vez más protección de la fuerza del mercado, mientras que los pobres han sido cada vez más expuestos a ella.» Este es el tema que atraviesa todos los análisis y en este sentido el gobierno argentino ya ha dicho, como era de esperar, que no se va a rectificar. Es atendible: ello implicaría modificar la matriz de beneficiarios del modelo, algo que no está dispuesto a sacrificar.
Los que nos oponemos a este modelo excluyente tenemos un gran desafío por delante. Es preciso organizar una respuesta efectiva que no esté limitada a una alianza destinada a ganar exclusivamente las elecciones. Argentina necesita un frente que sea lo más amplio posible, pero basado en ejes programáticos comunes. Que permita resistir el ajuste ahora y que además esté preparado para implementar su agenda en caso que pueda ser gobierno.
En esta línea de resistencia y propuestas, el Paro Internacional de Mujeres y la movilización del día 8 constituyeron una demostración rotunda para tratar de erradicar toda forma de violencia y discriminación por cuestiones de género. Desde el Frente de Mujeres del Partido Solidario se participó activamente y se emitió un documento. Entre los ejes planteados se sostuvo «la importancia, especificidad y transversalidad de las reivindicaciones de género, así como su inseparabilidad de la lucha contra el neoliberalismo en todas sus formas y expresiones políticas. Porque con ajuste económico y sin presupuesto para políticas públicas no hay #NiUnaMenos; por el proceso evidente de feminización de la pobreza, y porque el ajuste neoliberal en áreas de servicio recae sobre el trabajo gratuito e invisibilizado de las mujeres. «
