La escalada de precios alienta la puja distributiva en favor de las empresas

A río revuelto, ganancia de pescadores.

El viejo refrán podría aplicarse perfectamente a la actual situación que sufren los trabajadores asalariados en la Argentina en su disputa por apropiarse de una parte del excedente de la economía.

En el primer trimestre de este año, los salarios promedio se incrementaron un 14,9% mientras que los precios lo hicieron un 16,1%. En febrero, la mediana del salario neto de los trabajadores privados registrados se ubicaba en los $ 76.248, cuando la línea de pobreza para una familia compuesta por dos mayores y dos menores se situaba en $ 83.807. Así, más de la mitad de los asalariados bajo convenio percibían haberes inferiores a lo que se necesita para eludir una situación de pobreza.

A pesar de esta realidad, resulta cotidiano escuchar a economistas y representantes del sector patronal señalar que las paritarias y la suba de los salarios abonan a la inflación por «expectativas».

Los datos oficiales del Indec, sin embargo, muestran un escenario diferente. Según el informe Cuenta de Generación de Ingresos e Insumo de la Mano de Obra, que describe la distribución funcional del ingreso, la participación del excedente de explotación bruto (símil a la ganancia empresaria) se encuentra en su pico desde que en 2016 se retomó el cálculo. Así, las ganancias empresarias representaron durante 2021 un 47% del valor agregado mientras que las remuneraciones al trabajo asalariado alcanzaban apenas el 43,1%. Cinco años antes, en 2016, la relación era inversa. Mientras las ganancias representaban el 40,2% del producto, los salarios acaparaban el 51,8 por ciento.

Semejante reversión en la apropiación del excedente no habría sido posible sin el concurso de la inflación que, en definitiva y sin una resistencia gremial acorde, resulta el instrumento más adecuado para operar una distribución regresiva del ingreso. Es que, por caso, entre 2020 y 2021 el retroceso en la participación de los salarios fue de 4,9 puntos del PBI en un contexto de crecimiento de la economía del 10,3%. Así, con una inflación del 50,9% en el período, mientras el valor agregado bruto en términos corrientes creció un 69,8%, la remuneración al trabajo asalariado lo hizo en un 52,4% y el excedente de explotación bruto creció un 84,7 por ciento.

En el período de cinco años que va desde 2016 hasta 2021 el valor agregado en términos corrientes escaló un 463%, los salarios un 367% y el excedente de explotación un 558 por ciento.

Así las cosas, la aceleración de la inflación registrada en los primeros meses de este año que llevaron los pronósticos del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA hasta un 66% anual auguran un escenario que, a priori, refuerza las posibilidades para que sea el eslabón más poderoso de la relación capital-trabajo el que avance en la apropiación del excedente de una economía que, en el primer trimestre del año, sigue mostrando vitalidad con un 6,1% de crecimiento en términos constantes.

Es a la luz de esos pronósticos y realidades que emerge el debate sobre la responsabilidad de la denominada puja distributiva como un factor central de la suba de precios y el papel del Estado y los sindicatos para terciar en esa lógica que, en manos del mercado, solo puede provocar un reforzamiento de la distribución regresiva del ingreso en términos funcionales.

Teoría y realidad

Esta semana los medios de comunicación reflejaron como una noticia curiosa el rechazo del Sindicato del Neumático (Sutna) a la propuesta de un incremento del 66% del salario ofrecido por las cámaras del sector. El sindicato, conducido por la izquierda, sin embargo, explicó que los pronósticos de inflación superan ese porcentual y que, además, aspiran a garantizar una suba del salario real tal como ya lo habían conseguido en oportunidades anteriores. El rechazo fue acompañado de un paro de actividades que se desarrolló el viernes con alto nivel de acatamiento.

Con el propósito de fundamentar su reclamo, los dirigentes del Sutna aseguran que el salario representa una proporción marginal en los costos de producción, al punto que, aseguran, que un neumático que vale $ 270 mil en la calle apenas contiene el equivalente a mil pesos de costo laboral y, por lo tanto, la suba de los salarios difícilmente afecte la rentabilidad y los precios.

La discusión teórica, sin embargo, mantiene su vigencia. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales (Ceso) remarcó que «desde 2016 para acá, la discusión de los salarios como factor de impulso a la inflación está totalmente vencida». El economista reconoció que «la discusión podría haber sido válida en el período particular de 2007 a 2015 pero ya no aplica porque la inflación, desde ahí, viene estando explicada por otras razones. En primer lugar, por el tipo de cambio, como se vio en 2016, 2018 y 2019, que se fue traduciendo en una mayor inercia a la que, ahora, se le suma una inflación internacional que pegó en la situación local sin ningún amortiguador.

Sergio Chouza, economista de la Undav, sin embargo, distinguió la influencia de la puja distributiva en contextos contractivos o expansivos. Para el economista, «hay que esquivar las posiciones dogmáticas. Lo mejor es tratar de caracterizar lo que ocurre en los hechos. El componente de puja distributiva y cómo se expresa como factor de propagación de la inflación se tiene que contextualizar en dos instancias económicas distintas. Puede resolverse de manera virtuosa con una economía que crezca y donde se amplíe el excedente económico con una torta mayor y haya más para distribuir, y eso no necesariamente tensiona sobre el crecimiento. Es un proceso natural donde los dos componentes principales del valor agregado de la economía dan esa pulseada con un propósito de una mayor apropiación. También se puede resolver en una forma disfuncional en un contexto de debilidad de la economía».

Para Guido Lapajufker, economista y docente de la UBA, «la idea de que la inflación es generada por la puja distributiva es intencionadamente patronal. De fondo, lo que plantea es que son los aumentos salariales los que obligan a los empresarios a aumentar los precios. Coloca a los trabajadores como los responsables de la inflación cuando no somos otra cosa que las víctimas de ese proceso confiscatorio contra el salario». Según este economista, «en los últimos cuatro años y medio se vienen rompiendo récords de aumentos de precios y los salarios perdieron siempre contra la inflación. En 2021, la economía creció un 10% y aun así, con una inflación cercana a 50%, la totalidad de los trabajadores informales y buena parte de los registrados perdieron de la mano de un gobierno que para lo único que no le tembló el pulso fue para ajustar a la clase trabajadora y acordar con el FMI».

En la misma línea, Pertierra señaló que «en 2021 hubo una estrategia de usar las paritarias como ancla inflacionaria y fracasó rápidamente. Se cerraron paritarias en el 30% y a los dos o tres meses se tuvieron que reabrir. Lo mismo tuvieron que hacer este año con el salario mínimo. La cuestión salarial no viene empujando los precios sino todo lo contrario».

Para Chouza, «en países con alta tasa de sindicalización y en una historia de lucha gremial tan intensa como la nuestra, va a haber siempre paritarias, independientemente de un crecimiento o no de la economía, por lo tanto, la puja distributiva va a estar siempre presente. En un contexto de una economía debilitada, va a ser un componente más que va a potenciar los desequilibrios. Con un proceso inflacionario en curso, más desequilibrios fiscales y cambiarios, seguramente sea un componente que contribuya a que ese espiral sea cada vez más acelerado, propagando el efecto».

En este contexto es ineludible una referencia a la CGT que, en su afán por acompañar al gobierno y garantizar la paz social, elude cualquier medida de acción que, en la mentada puja distributiva, apuntale al eslabón más débil, los trabajadores. «