En simultáneo con la presencia en Buenos Aires del staff del Fondo Monetario Internacional, el gobierno ya comenzó a dar señales de ajuste fiscal con vistas al año que viene. En esa dirección van la caducidad del IFE y el notable achicamiento del ATP, dos programas con los que se intentó marcar presencia desde el Estado y ayudar a los sectores más perjudicados por las consecuencias económicas del coronavirus.

El gesto hacia el Fondo es que el déficit primario del año que viene, previsto en 4,5% del PBI ($ 1,7 billones) según el Presupuesto que está tratando el Congreso, se podría reducir entre siete décimas porcentuales y un punto. Sería un tijeretazo de más de $ 300 mil millones. A cambio de ello, el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca sellar un pacto que permita postergar todos los vencimientos de capital con el organismo por lo menos hasta 2025. La clave para ello es la solicitud de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), un programa de diez años de extensión que plantea un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar a pagar el capital.

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A partir del stand by (una línea de crédito de menor duración) otorgado en 2018, Argentina tiene que devolver al FMI cerca de U$S 44 mil millones. Según el cronograma vigente, el año que viene deberían cancelarse unos U$S 3700 millones y el grueso en los dos años siguientes. El objetivo de Guzmán es afrontar esos compromisos con fondos frescos del Fondo que empiecen a ser devueltos entre 2025 y la expiración del programa, en 2030. Esto coincidiría con el oxígeno logrado en la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, ya que las primeras amortizaciones de los nuevos bonos están previstas para julio de 2024. Antes de esa fecha solo deberían abonarse intereses.

Para llegar a esa instancia, primero habrá que esperar el informe que la misión técnica que arribó el martes, encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu, elevará al directorio del Fondo. Los dos funcionarios, que ya habían estado de visita en octubre, y el representante permanente de la institución en el país, Trevor Alleyne, tuvieron varios encuentros con funcionarios, empresarios y dirigentes. El viernes por la tarde se volvieron a encontrar con Guzmán y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, quienes antes de la reunión se sacaron una foto para intentar aplacar los rumores sobre cortocircuitos entre ambos.

Según trascendió, en sus conversaciones los delegados del Fondo se mostraron interesados principalmente por la cuestión fiscal.

Esto alimenta las hipótesis de que ese tema ganará peso en la negociación del acuerdo, por encima de la política monetaria y cambiaria o por el reclamo de reformas estructurales, algo que por cierto es uno de los requisitos para un programa con las características que desea Guzmán.

Gestos

En realidad, las definiciones del gobierno sobre el IFE y el ATP son más gestuales que efectivas. Cuando se presentó el Presupuesto 2021, en septiembre, se aclaró que no estaba prevista la continuidad de ninguno de los dos programas. En todo caso, la expectativa de achicar el déficit pasa por una mejora en la recaudación tributaria, ligada a una recuperación de la actividad que se espera para después de la pandemia. Los números de octubre ya reflejan alguna mejora: entraron al fisco $ 36 mil millones más que en septiembre. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los ingresos subieron un 6% interanual en términos reales, aunque algunos cambios normativos (como en Bienes Personales e Impuestos Internos) favorecieron ese resultado.

Pero el mercado y, sobre todo, muchos analistas de visión monetarista son muy críticos de la gran emisión de dinero ocurrida desde marzo y están sedientos de señales de austeridad. “El gobierno está haciendo un giro hacia la ortodoxia en su política económica. No lo dice, pero lo hace. La necesidad tiene cara de hereje”, planteó Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews. El ex subsecretario de Finanzas enumeró algunos detalles de ese cambio de rumbo: las subas en las tasas de interés, la cancelación de adelantos del Banco Central y la emisión de bonos atados al dólar. En su opinión, el disparador de ese golpe de timón fue la suba de las cotizaciones alternativas del dólar. “Un acuerdo con el FMI puede marcar el principio de un camino que ayude a reconstruir la confianza”, afirmó.

Diferencias

Este nuevo apuro por ordenar las cuentas públicas llamó la atención porque hace un par de meses, cuando presentó el Presupuesto, Guzmán había dicho que “la consolidación fiscal se debe hacer a una velocidad que sea consistente con el crecimiento de la economía”. Sin embargo, desde la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, analizaron las diferencias entre este giro fiscalista y la política de déficit cero y contracción monetaria que durante el macrismo encarnaron el exministro Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris.

“El conflicto en términos presupuestarios no pasa por el nivel del gasto proyectado para 2021, sino por el estrés financiero que significaría que el déficit sea financiado en un 100% con emisión monetaria en un contexto de baja demanda de pesos. El achicamiento del déficit y la contracción de la base monetaria no son objetivos en sí mismos, sino que tienen que ser parte de un programa económico consistente. Un plan plurianual avalado por el FMI y el Congreso podría ser una forma de anclar expectativas a mediano plazo, pero todo esto sería insuficiente si no hay estabilización de corto plazo. Y eso solo es posible reduciendo la incertidumbre en el mercado cambiario”, dice el informe. «


Provincias endeudadas

El gobierno busca que las provincias no superen el actual nivel de endeudamiento en dólares, como garantía de que no volverán a sufrir los sobresaltos que las devaluaciones de 2018 y 2019 produjeron en sus cuentas. Desde el Ministerio del Interior trabajan en un nuevo consenso fiscal, que tomaría como base los pasivos que cada gobierno declare al 31 de diciembre de este año, aunque quedarían afuera de ese límite los desembolsos de préstamos ya pactados y aquellos que puedan lograrse de organismos internacionales para obras de infraestructura.

El tema estuvo presente en la reunión que el titular de la cartera, Eduardo de Pedro, y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, sostuvieron con la misión del FMI. Ese alineamiento complementaría el proyecto de ley que exige la aprobación del Congreso a las deudas en dólares (incluidos los préstamos del Fondo) que tome la Nación.

En la actualidad son varias las provincias abocadas a reestructurar sus obligaciones. Buenos Aires, que tiene el pasivo más grande (U$S 7.148 millones), sigue sin avanzar en la negociación con los bonistas y estiró por novena vez el plazo de discusión, hasta el 4 de diciembre. Neuquén entrará en default a fin de mes si no paga U$S 10 millones de intereses del bono Tinedeu, que vencieron el 27 de octubre. Los procesos de Entre Ríos y Chubut siguen estancados. En cambio, la ciudad de Córdoba logró refinanciar un bono de U$S 150 millones hasta 2025, con menores intereses. En septiembre, Mendoza había conseguido canjear su bono PMY24 por U$S 530 millones, con una aceptación del 92% de los acreedores.