Los delegados de la Junta Interna de ATE INDEC difundieron hoy una presentación formalizada el pasado 3 de diciembre ante las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La nota, dirigida a su Director Nacional Macro Lavagna y los directores Técnico y de Gestión Pedro Lines y Alejandro García, se sustancia en los términos de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública a la que puede recurrir cualquier ciudadano que desee acceder a documentos o información específica vinculada con decisiones o datos propios de algún organismo público o empresa con participación plena o parcial del Estado.

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En este caso los representantes de los trabajadores del INDEC solicitan información que les permita conocer los detalles de algunas contrataciones de empresas a las que el organismo recurrió para realizar tareas vinculadas con el Censo que se realizará finalmente en mayo de 2022.

Los trabajadores adelantan su preocupación por que las contrataciones se habrían realizado para realizar “tareas que el organismo está en condiciones de llevar a cabo”. Al mismo tiempo, trasladan a las autoridades su preocupación por los “cuestionamientos por parte de contratistas privados de algunos procedimientos” que, aseguran, “han producido denuncias públicas de gran envergadura”.

En primer lugar exigen conocer la información del vínculo que el organismo mantiene con empresas como Witwot y Papricka así como aquellas prestadoras que hayan participado de la creación de la aplicación CENSAR.

Sin embargo, el pedido que más podría comprometer a las autoridades del organismo es el referido a la presunta contratación de la compañía Virtualed para realizar tareas de capacitación sobre el personal del organismo. Ocurre que, aseguran, la firma está presidida por Pedro Basara quien a su vez es Director da Capacitación del propio INDEC.

Raúl Llaneza, delegado general adjunto de ATE INDEC explicó a Tiempo que “el pedido de informes es la resultante de una serie de preguntas y planteos que le acercamos previamente al Director Marco Lavagna sobre el censo nacional de población. Una, por ejemplo, es la de Paprika que es una empresa que realiza videos. Nosotros no vendemos cigarrillos, ni vinos, ni fragancias, ni ropa interior femenina. Tenemos que poner en conocimiento a la sociedad sobre la realización del relevamiento y, ya en la época de (Jorge) Todesca, se había contratado gente para esa tarea que tiene equipo necesario para hacerla. Lo mismo ocurre con la empresa Witwot que tiene a su cargo la app para el censo”.

Sobre el caso más comprometido, Llaneza explicó que “Virtualed es una empresa de capacitación y el teléfono que ponen en su página coincide con el del director de capacitación del INDEC que forma parte de su Directorio. Nos parece irregular. Pero además hubo otros acuerdos con otras instituciones públicas y privadas. Entre estas, por ejemplo, hay un convenio con MercadoLibre. Queremos saber qué nos da esa empresa y a costa de qué. Además hay un cuestionamiento de la empresa privada Boldt por una licitación que ganó la empresa Kollor Press. Es por un contrato por $ 6 mil millones”.

Desde Boldt aseguran que la empresa adjudicataria no tiene antecedentes de participar en operativos como el Censo”. Para el dirigente “todo esto puede ir en contra de la confianza con el Censo de población ergo en el sistema nacional estadístico. Pedimos que se postergue un poco hasta que esto se dirima. Esperamos que antes de los 15 días que dispone la ley nos informen qué está pasando. Lo hacemos público porque creemos que no son temas para charlar en una mesa de café. Tenemos la obligación de hacer los pedidos de informes y eventuales denuncias si hay un perjuicio al erario público o el Estado”.