«La ley de alquileres vigente es la mejor de Latinoamérica», aseguró fervientemente el diputado nacional por el Frente de Todos, Federico Fagioli, en medio del debate por su modificación, dado hasta esta semana en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. «Con la ley actual los inquilinos han adquirido derechos, no podemos ir para atrás», completó el diputado oficialista José Luis Gioja, en una de las reuniones informativas.

Los dichos buscan revertir una situación: a fuerza de lobby inmobiliario, falta de control gubernamental y especulación de mercado, lo que sería la mejor ley de la región no reflejó resultados favorables sobre la mayoría de los inquilinos, en sus casi dos años de sanción. Tiempo conversó con una jubilada, un joven adulto y una trabajadora de la economía popular para reflejar algo de lo que vive buena parte de los ocho millones de inquilinos -estimados- a nivel nacional.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Eva del Carmen tiene 62 años, es jubilada de la mínima y vive sola en Boedo. Por un crédito de vivienda que en los ’80 intentó sacar -sin éxito- junto a su marido en el banco Mayo, entidad que terminó en la quiebra y con sus directivos acusados de asociación ilícita, quedó destinada al alquiler. Cuenta que siempre le costó conseguir departamento, pero que «de un tiempo a esta parte, se agudizó y mucho».

En enero de 2021 firmó contrato por un ambiente a $ 18.000 y en enero de este año renovó por $ 28.000. El haber mínimo es de $ 32.630. Si no la ayudan los hijos, no puede: «El alquiler me come casi todos mis ingresos. No da para ahorrar nada ni remedios o lo que necesite. Trabajo horas extra (como empleada de casa particular), pero ya estoy muy cansada», agrega.

Durante la entrevista se enteró de que su contrato no está registrado en AFIP y se exaltó, pensando que eso le podría traer problemas en su estadía a futuro. También contó que la inmobiliaria solo le acepta el pago en efectivo porque le aseguraron que «no tienen cuenta de banco». Al menos, no le pidieron un adelanto de seis meses en efectivo para alquilar, como cuenta que le solicitó una inmobiliaria para mudarse a un departamento en Caballito.

Distinto es el caso de Emmanuel que, con sus 28 años, podría alcanzar a largo plazo mejores condiciones como inquilino. Actualmente, alquila una habitación que le consume el 20% de su sueldo y sin demasiados requerimientos legales. Recién ahora está «conforme» porque la suerte no lo acompañó anteriormente: «Durante el proceso de búsqueda de departamento, mis expectativas fueron bajando cada vez más. Las posibilidades de que un joven viva solo en CABA son casi todas de precariedad, compartiendo el piso con otras personas o viendo si algún amigo tiene la posibilidad de darte un cuarto en su casa o en el living. Acá no tenés un horizonte si no tenés un nivel adquisitivo de medio a alto», dice a Tiempo.

Al trabajar de manera informal, los recibos de sueldo y la garantía exclusiva en CABA son condiciones excluyentes para alquilar, que no puede cumplir. No es el único: alrededor del 35% de los trabajadores no están registrados a nivel nacional. Por eso se siente bien con la propietaria, que le dio lugar pese a su condición. De todos modos, lamenta que el «tejido económico, al estar dañado por la inflación, hace que la previsibilidad no exista».

El beneficio fue que dejó de viajar dos horas desde su casa para asentarse en la Ciudad, por la típica concentración del centro urbano: «Desde los hospitales hasta las universidades y las oportunidades de trabajo, todo está concentrado acá, entonces siempre estuvo esta idea de mudarme hasta que pude ahora hace unos meses hacerlo, pero los costos son muy altos, realmente es difícil para los pibes y las pibas que queremos migrar».

Si ya el panorama es complicado, en la villa se complica un poco más. Mariana es de Villa 20, Lugano, y vive en la manzana seis. A sus 39 años, con dos hijos, trabaja en una cooperativa de limpieza y forma parte de la organización Barrios de Pie. Se define como una «inquilina gaviota» porque ha volado de pieza en pieza durante los últimos años. Ahora aquila una con baño compartido por 11.000 pesos.

«Acá se alquila si tenés un conocido que te haga el gancho. Pago hasta donde puedo, ya dos piezas con baño independiente llegan a $25.000», describe a Tiempo. En su caso, el primo del dueño de la pieza anterior donde vivía es quien le alquila. Confía en que en el barrio saben que es de cumplir, y por ende la alojan. Ese, cuenta Mariana, básicamente es el único criterio que tiene en cuenta el propietario: «Si trabajás y cumplís, te alquilan, pero solo de palabra. Acá es raro que un dueño te firme algo».

Está segura de que tuvo suerte porque el monto arreglado es moderado, pero le cuentan que hay dueños que de un mes a otro aumentan hasta $ 2000 el alquiler de una pieza. Vive con sus hijos, lo cual es un privilegio: «A madres con hijos directamente no alquilan. ‘¿Tenés hijos?’ es lo primero que te preguntan. Las excusas son que los niños lloran, que las piezas no están aptas, o que no cuidan el inmueble. Lo viví y me lo han contado muchas veces», destaca la trabajadora.

Es que todas las condiciones de alquiler están atadas al dueño. Tanto es así, que hace años denuncia que durante el proceso de urbanización, llevado adelante por GCBA desde 2016, son varios los propietarios que no permiten que los inquilinos sean censados. «Por manzana hay mucho hacinamiento y amontonamiento. El objetivo del plan es remover los asentamientos y trasladarnos a departamentos construidos. Los dueños, por asegurarse los lugares para ellos y sus familias, no dejan que nos registren», advierte Mariana.

«Es ficticio pensar en una ley acá, no hay control ni intención de cumplir nada. Ni los propietarios conocen la legislación ni los inquilinos son conscientes de que existen los derechos contemplados», concluye Mariana, y reflexiona sobre que solo habla de lo que conoce, porque nunca pudo alquilar por fuera de una villa. «

La ley y el lobby inmobiliario

Pablo Vitali, de ACIJ, integra la “Mesa por los derechos de los Inquilinos” y asegura que “no se niegan a cualquier modificación” siempre que sean datos, “y no a los intereses inmobiliarios”. Advierte que “debía haber una autoridad de aplicación de la ley, pero Jorge Ferraresi se desentendió y hoy es Roberto Feletti quien está activo”.

Florencia Labiano, de IDAES, detecta que la retracción del mercado se acentuó con las devaluaciones macristas y que las inmobiliarias han sido “juez y parte en la implementación, sus efectos y la construcción de sentido”, sin contar las concesiones a fines de aprobarla, como “la aceleración del trámite de desalojo”-