El Observatorio de la Deuda Social (OSDA) de la Universidad Católica Argentina acaba de dar a conocer su informe de pobreza del tercer trimestre de 2020. Allí surge que el 44,2% de los argentinos es pobre. El dato se conoció días después de que el gobierno nacional anunciara su decisión de cancelar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que generó para dar respuesta a la caída de ingresos de los sectores más relegados de la sociedad por la pandemia y la cuarentena.

Sin IFE, el gobierno mantiene activos los programas Potenciar Trabajo, que hoy reciben alrededor de 700 mil personas a cambio de una contraprestación laboral; Hacemos Futuro; la propia Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, entre otros. La idea oficial es acotar la asistencia social focalizándola en aquellos sectores que, desde su perspectiva, necesitan la asistencia del Estado.

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Pero según los datos de la UCA, ya son 20,3 millones las personas que se encuentran en situación de pobreza en la Argentina. La extensión del flagelo obliga a plantear si la estrategia para combatir la pobreza no debería asumir un carácter universal. Es que el impacto de la pobreza, además, llega hasta el 64,7% de los niños menores de 17 años. La indigencia, que alcanza a un 10,1% de la población, escala a un 16% para los niños.

En diálogo con Tiempo, Agustín Salvia, director del OSDA-UCA, explica que «los indicadores sociales muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales». En particular, indica, «la situación ha empobrecido aun más a un cada vez más extendido sector microinformal de subsistencia de muy baja productividad, precariedad y concentración urbana».

Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y el Conicet Tamara Seiffer opina que las cifras relevadas por el ODSA-UCA «dan cuenta del terrible empobrecimiento que sufre hoy la clase obrera argentina».

Para Salvia, los programas sociales y las asistencias alimentarias directas «compensaron una parte de este deterioro, pero no resultaron suficientes ni parecen ser sustentables». Seiffer acuerda y marca una crítica al gobierno: «Lo deseable habría sido fortalecer una política como el IFE por su llegada masiva. En lugar de avanzar en la discusión sobre un ingreso universal, el gobierno decidió eliminar el IFE y repetir experiencias de políticas sociales fragmentadas y focalizadas».

Salvia concluyó: «Nos parece que la crisis está tocando fondo, pero siempre todo puede ser peor. De nada vale echarle la culpa a la pandemia, que ha agravado la crisis y la ha vuelto más visible». «