La política energética en la Argentina de Milei: adiós al mercado interno

Si en algo se caracteriza esta administración es en la velocidad en la que llevó adelante profundas reformas con el fin de desregular mercados y la política energética no fue la excepción. Una de las últimas decisiones ha sido la reglamentación del capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases, un conjunto de normativas clave que refleja la apuesta de este gobierno por consolidar al sector como uno de los pilares de su economía.

El objetivo parece ser bastante evidente: tentar a grandes conglomerados internacionales a que inviertan para extraer y transportar el petróleo y gas que yacen en el subsuelo argentino. Para lograrlo han ofrecido una variada carta de opciones, como ser, la liberalización del mercado energético, cuantiosos beneficios fiscales y cambiarios y un marco legal extremadamente beneficioso para el sector privado en desmedro del accionar estatal.

Pero, vale advertir, que la Secretaria de Energía no se ha visto exenta de internas. El desplazamiento de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo  en octubre por María Tettamanti, integrante de la Fundación Pensar vinculada al PRO, expresa el primer desembarco formal del macrismo.

Ley Bases

“El sector energético es uno de los grupos que más logró permear en el gobierno. Si pensamos el modo en el que están elaborados tanto el RIGI como las modificaciones a la ley de hidrocarburos, podemos detectar la intención de consolidar modos de hacer negocios y de producir en el país” reflexiona Diego Castillo, miembro del Observatorio de Economía Política de la UBA.

El capítulo energético de la Ley Bases es un pilar de la gestión mileísta junto al DNU 70/2024. El artículo 3° reconfiguró el objetivo de la política nacional en la materia al señalar que el mismo es “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos”.

De esta forma, se elimina al autoabastecimiento como objetivo prioritario expresado en el artículo 1° de la Ley 26.741 que fue derogado por esta norma.

La limitación de la capacidad del Poder Ejecutivo de intervenir en los precios del mercado interno y de fijar topes a la exportación de los hidrocarburos (art. 6° Y 7°) construyeron el camino para que el valor de este bien se regule por los estándares internacionales. Con una salvedad: la Secretaria de Energía puede plantear una objeción por razones económicas durante los primeros 30 días.

De esta forma, ser un país productor no se convierte en una ventaja comparativa para consumidores locales ni para la industria nacional.  

Gas y GNL

Las modificaciones de la Ley Bases a la norma 24.076 promueven la flexibilización de los precios  del gas tanto en el mercado interno como en el externo.

Con respecto al Gas Natural Licuado (GNL) -una de las apuestas claves del gobierno-, en octubre YPF lanzó una empresa subsidiaria llamada Argentina LNG que tiene el objetivo de administrar los negocios vinculados a este hidrocarburo. Tras la confirmación de que Petronas no será socia en este proyecto, el gobierno se encuentra buscando nuevos aliados.

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones

El RIGI es una de las apuestas más grandes del gobierno en sectores como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía.

Establece un umbral mínimo de inversión de US$ 200 millones, aunque este requisito se eleva a US$ 600 millones para áreas como la exploración y producción de petróleo y gas. Además, existe una categoría especial para «Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo», que demanda un mínimo de US$ 1.000 millones, orientada a iniciativas que posicionen a Argentina como un proveedor de largo plazo en mercados emergentes. Un ejemplo podría ser el GNL.

La adhesión a este régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, como ser la exención del pago de derechos de importación y exportación durante los primeros tres años, reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 25%, entre otras medidas. El Decreto 749 establecidó que las exenciones fiscales tendrán validez por 30 años y no podrán ser modificadas por leyes posteriores.

El RIGI ha sido cuestionado por su amplitud y por no enfocarse en un sector específico, así como por su clara orientación extractivista.

“Muy pocas de las rentas que se ofrecen en el régimen son tecnológicas, al mismo tiempo se trata de una propuesta de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas, o sea lo dado. Esa situación se combina con la destrucción (real o simbólica) de cualquier grado de control institucional, sumada a la debilidad de los gobiernos provinciales que por la profundización del ajuste deben ceder grados de autonomía en la negociación con los grupos económicos. Se produce lo que se conoce como “burbujas de crecimiento” que están apalancadas por el deterioro institucional” reflexiona Castillo. 

Otro punto controvertido es el establecido en el art. 99° que determina para las empresas “la libre disponibilidad de divisas”, dando lugar a una contradicción. Se plantea que este tipo de programas permitirán desarrollar al país y generar crecimiento en áreas claves como Vaca Muerta o la exploración offshore en el Mar Argentino, sin embargo, las empresas se ven habilitadas a girar sus dividendos sin limitaciones al exterior del país.

“Ningún eje del RIGI plantea un avance de procesos de mejora en el entramado local, tal vez en algunos servicios puntuales. Además, no hay claridad en los incentivos al desarrollo de proveedores, no hay diferenciación entre empresas argentinas y extranjeras, ni tampoco se especifican objetivos de desarrollo dentro y fuera de las actividades contempladas”, señala Castillo.

Subsidios y tarifas

Una de las primeras medidas de este gobierno fue la desregulación de las tarifas realizando una fuerte reducción de los subsidios estatales y habilitando la liberalización del precio de los servicios públicos como electricidad, gas y agua.

El Gobierno continúo con el esquema de segmentación introducido por la administración de Alberto Fernández, pero modificó los topes de consumo máximos subsidiados.

El objetivo final de la gestión libertaria es “trasladar a los usuarios los costos reales de la energía”, es decir, eliminar por completo la asistencia estatal. Se calcula que actualmente, los usuarios pagan casi el 80% de la energía que consumen en sus hogares.

Sin embargo, dicha decisión se dilató por el impacto de estos incrementos en la inflación, principal caballo de batalla de Milei. En los últimos días, funcionarios de la cartera de Energía anunciaron nuevos cambios. De cara a abril de 2025, se busca establecer una única tarifa focalizada de asistencia estatal para un sector muy reducido de la población.

Además casi la mitad de las viviendas no cuenta con gas de red. La garrafa es fundamental para calefaccionar y cocinar en muchísimos hogares. Mediante la Resolución 216/2024, la Secretaría de Energía desreguló el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y dejó de establecer precios máximos. En su lugar, pasó a publicar “precios de referencia”. Los últimos valores informados por el Ejecutivo corresponden a este mes y reflejan un incremento del 25% con respecto a la última alza correspondiente a agosto.

Sin perspectiva ambiental

Un debe que atraviesa a la Ley Bases es la falta de perspectiva ambiental y de articulación con la normativa ya existente. Victoria Arias Mahiques, especialista en derecho ambiental de Fundar, señaló una novedad.

“En el nuevo texto se habla de un marco ambiental unificado. Este término suele ser utilizado para hablar de una ley de presupuestos mínimos. Si ese fuera el caso, estaríamos frente a un cambio significativo en la regulación ambiental del sector hidrocarburífero, ya que permitiría unificar regulaciones provinciales con Nación y garantizar seguridad jurídica. Pero el decreto no explicita si ese es el objetivo, dejando espacio para la especulación”, expresó.

Hacia un modelo exportador

El nuevo marco normativo que modificó los últimos 60 años de política energética, parece tener por principal fin posicionar a Argentina como un actor confiable en el mercado internacional. Es decir, un agente que no pondría en riesgo su volumen de exportación por demanda interna insatisfecha.

A diferencia del gobierno de Mauricio Macri, quien realizó una apuesta por las energías renovables, a esta gestión ni siquiera le interesa disimular su negacionismo climático. No se evidencia ningún plan vinculado a la necesaria transición energética que el mundo reclama.

Argentina nunca fue un país petrolero pero la emergencia de Vaca Muerta y las expectativas en torno a la exploración offshore en el Mar Argentino modificaron las aspiraciones. Estos proyectos pueden ser considerados de los únicos que generan consenso entre las diferentes fuerzas políticas del país. No así el modo óptimo en que deben ser explotados.

La gestión libertaria parece buscar una transición de un modelo de autoabastecimiento hacia uno basado en criterios de la balanza comercial energética.