Está al salir la publicación de la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690, por la cual se establecerán los alcances y precios de una prestación básica de Internet, cable y telefonía móvil dirigida al consumo popular. Pero en la previa, las empresas primerearon y anunciaron un alza de precios de todos sus servicios a partir del próximo 1 de enero de 2021.En el gobierno aseguran que no hay nada oficial aún.

Para las empresas del sector, el aumento de hasta el 20% arrastraría hacia arriba los precios del nuevo servicio de bajo costo impuesto por el DNU 690 y conocido como prestación básica universal obligatoria.

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Las firmas de telecomunicaciones y TV paga justifican el alza en el congelamiento de precios que venía desde marzo y consolidó el gobierno con el DNU 690 en agosto pasado. De allí que en otras empresas del sector se hable de «un 27% promedio» con el objetivo de «recuperar el congelamiento».

En el gobierno no están de acuerdo con esa lectura y así se lo han manifestado a las empresas. Una fuente oficial con conocimiento de las conversaciones le dijo a Tiempo que «lo más probable es que sean aumentos en enero, febrero y marzo de más o menos el 5% por vez», poco más del 15% en el primer trimestre de 2021. El escalonamiento respondería al objetivo de amortiguar el impacto inflacionario de la medida en momentos en los que se acelera el ritmo de la suba de los precios generales de la economía.

Desde el entorno del Enacom le aseguraron a Tiempo que el cuadro de precios de enero saldrá también en los próximos días.

Nuevo actor

El DNU 690 le otorgó al Enacom la facultad de «regular» los precios de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), es decir, Internet, TV paga y telefonía fija y móvil. La versión original, la de la Ley 27.078 o Argentina Digital, decía que «podrá» hacerlo. Allí también se estableció que «los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación». El DNU 690 repitió esa fórmula pero agregó el control regulatorio del Enacom.

El mismo DNU congeló esos precios desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre. Las negociaciones que se sucedieron desde agosto tuvieron como uno de sus objetivos determinar los valores desde enero próximo.

Al mismo tiempo, el DNU le ordenó al Enacom establecer, por medio de la reglamentación, los alcances de la prestación básica universal obligatoria, lo cual incluye los precios de esos servicios destinados a los sectores de la población de menor poder adquisitivo.

Las empresas del sector rechazaron el DNU y aseguraron que esa prestación ya está regulada por el decreto 764 del año 2000, de cuando Fernando de la Rúa presidía la Argentina, y que creó un fondo fiduciario alimentado por tributos que pagan los operadores. Amenazaron con presentarse ante la Justicia, pero al menos por ahora se avinieron a discutir esa prestación con los funcionarios del Enacom. En el Enacom repiten que para escribir la reglamentación del DNU 690 hubo «consultas y diálogos con todos los actores, incluidas las organizaciones de usuarios y consumidores».

El DNU 690, además, declaró servicio público a la telefonía móvil. Los servicios de Internet y TV paga ya eran considerados desde la Ley Argentina Digital como «servicios públicos en competencia», es decir, con precios mayoristas regulados. «

Esta semana debuta la Ley de Góndolas y empieza la pelea por implementarla

Tras las dilaciones provocadas por las arduas negociaciones, la focalización en los programas de precios controlados y la irrupción de la pandemia, finalmente esta semana saldrá a la luz la reglamentación de la Ley de Góndolas, con lo que estará completo el cuerpo normativo de la norma y comenzará su aplicación concreta. Se supone que la reglamentación incluirá plazos extensos para que los supermercados puedan adaptar su operatoria comercial y logística a la nueva situación.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó días atrás que la semana que viene saldrá publicada la reglamentación en el Boletín Oficial. Al cierre de esta edición, la norma se encontraba en la Secretaría Legal y Técnica, que dirige Vilma Ibarra, para su aprobación.

Una fuente oficial con conocimiento de las negociaciones con las cadenas de supermercados le dijo a Tiempo que «se realizó una cantidad importante de reuniones ya que la reglamentación es fruto del diálogo con todos los sectores involucrados. En base a estos aportes, más los criterios de la Secretaría, se elaboró la reglamentación».

Desde un sector de las pymes que podrían beneficiarse con la ley aseguran que están a la expectativa de lo que diga la reglamentación. De todos modos, creen que su implementación llevará «un largo tiempo».

La ley se promulgó a fines de marzo, justo cuando comenzaba la pandemia. Las urgencias que impuso esta situación derivaron en el fortalecimiento del programa Precios Cuidados y el lanzamiento de Precios Máximos a fines de marzo, pero con precios retrotraídos al día 6 de ese mes. Con el foco del gobierno puesto en esos programas, las reuniones por la reglamentación de la Ley de Góndolas se espaciaron aunque el tema sobrevoló en forma permanente ya que para los supermercados no había lugar para aplicar los dos programas y la Ley de Góndolas en simultáneo. En los hechos será así, aunque a medias ya que el gobierno desarmó Precios Máximos pero mantiene los Cuidados. «