El peso específico de la empresa (la productora de harina más grande de Latinoamérica), su presencia en el changuito de los argentinos a través de artículos de consumo básico cotidiano y el monto de dinero en juego hicieron que el pedido de Molino Cañuelas para una convocatoria de acreedores conmocionara al mundillo de los negocios y la producción. Con la supervisión del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Familia de Río IV, la compañía intentará reestructurar pasivos por alrededor de 1400 millones de dólares. El comunicado de la empresa señala que se presentó en concurso preventivo “con el fin de asegurar la continuidad de sus actividades productivas” y para “proteger a sus más de 3000 trabajadores, sus activos y los intereses de los propios acreedores”. 

La inminencia de elecciones llevó a que cada bando presentara a la empresa como víctima de las políticas implementadas por una u otra gestión. Así, causas como controles de precios, presión impositiva y supuesta falta de condiciones para la producción se mezclaron con deudas en dólares, olas devaluatorias y el empeoramiento de condiciones financieras desde 2018.

Lo cierto es que la empresa desmintió un cierre inminente o cualquier otra decisión drástica. Por el contrario, enfatiza que “se encuentra operando con normalidad en todas sus plantas y continuará haciéndolo durante este proceso, incluso siguiendo con su plan de lanzamientos de nuevos productos, al mismo tiempo que sigue siendo optimista y espera llegar a una negociación definitiva en el corto plazo”. También admite que las turbulencias financieras de los últimos años complicaron la reestructuración de los pasivos: un puñado de unos 20 bancos y entidades financieras con acreencias (el listado trascendió de manera extraoficial) le bajó el pulgar y precipitó el pedido de convocatoria.

Un paso en falso

Con el diario del lunes en la mano, podría decirse que a Molino Cañuelas lo perjudicó su ambicioso plan de expansión que incluyó la compra de siete molinos a la firma Cargill, consumada en 2016. Para recuperar la inversión, estimada en U$S 50 millones, la empresa decidió al año siguiente capitalizarse en la Bolsa.

En el prospecto oficial que respaldó la suscripción de acciones, la firma declaró que tenía “la más amplia capacidad de molienda de la Argentina”, con 3,12 millones de toneladas al año; que procesaba más del 28,5% del trigo producido localmente y que exportaba el 44,5% de la harina de trigo que el país vendía al exterior en ese momento. Sin embargo, la compra le había dejado un patrimonio negativo de U$S 43 millones, que esperaba revertir con esa capitalización. El cambio de condiciones financieras en abril de 2018 frustró la operación y la dejó con pasivos en dólares e ingresos en devaluados pesos.

A pesar de ello, la compañía siguió creciendo. En ese prospecto advertía que una de sus fortalezas radicaba en que la mayoría de sus productos “son parte de la canasta básica de consumo de productos alimenticios”. Eso le permitía “ajustar sus precios siguiendo de cerca las variaciones de precios de los productos agrícolas, facilitando así la preservación de sus márgenes”.

La situación no cambió mucho desde entonces y por eso la empresa se encuentra entre los 20 grupos que gracias a su posición dominante acaparan el 74% de la facturación en supermercados, según un estudio del CEPA (Centro de Economía Política Argentina). Las harinas Pureza, los bizcochos 9 de Oro, las galletitas Paseo, las premezclas para bizcochuelo Mamá Cocina, las pizzas congeladas Pietro y los budines Dulce Mamá, entre otros, le garantizan ese lugar.

Defensores y detractores

Diversas fuentes vinculadas al sector niegan parecidos entre este concurso de acreedores y el de la agroexportadora Vicentin, cuyo vaciamiento generó un escándalo económico y también político. Se basan en que las 18 empresas del grupo, repartidas en varias provincias argentinas y en Brasil y Uruguay, funcionan normalmente. Y abonan la teoría de que el descalabro fue generado por las devaluaciones.

«Molino Cañuelas no le está debiendo una tonelada de trigo ni una bolsa de harina a nadie. La operatoria es 100% normal», dijo el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli. «Solo mantiene deudas con entidades financieras y está al día con sus proveedores de cereal, sueldos y cargas sociales”, sumó Mario Villalba, de la filial Cañuelas del sindicato de molineros (UOMA).

En cambio, las críticas más resonantes vinieron desde un competidor directo. El dueño de Morixe, Ignacio Noel, agitó el fantasma de “empresario rico y empresa pobre” y disparó contra Aldo Navilli, presidente del holding familiar. En una serie de tuits incendiarios, le reprocha cuantiosas inversiones inmobiliarias hechas a título personal, mientras la empresa no podía pagar a sus acreedores. “Lamento el perjuicio causado a bancos oficiales e internacionales y a proveedores. Si el empresario se enriqueció y la empresa se concursó, ¿qué dirías que pasó?”, sugirió Noel. «