Las discrepancias sobre la manera en que se alcanzarán las metas fiscales pactadas volvieron a poner un paréntesis en la discusión entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. El nuevo programa de facilidades extendidas que ya se daba como casi consumado seguía, al menos hasta la tarde del sábado, sin que las partes pudieran ponerle el broche final.

Las precisiones sobre cómo cumplir el sendero de reducción del déficit fiscal, o en todo caso la falta de ellas, son las que inquietan al FMI. En ese cúmulo de diferencias, la cuestión de las tarifas volvió a aparecer como la más directa para cumplir con la prometida reducción del déficit primario a 2,5% del PBI durante este año. Allí entran a jugar no solo la quita de subsidios a los sectores de mayor poder adquisitivo (que en términos macroeconómicos será marginal) y a los grandes usuarios, sino también el aumento en la producción y transporte de gas para disminuir las importaciones.

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En un borrador del memorándum de entendimiento (el documento que el gobierno le debe presentar al FMI explicando cómo llevará adelante el programa) que circuló en los últimos días, se estima que esas acciones pueden permitir un ahorro cercano al 0,6% del PBI. Claro que los progresos en ese sentido son lentos. Por caso, el gasoducto Néstor Kirchner que traerá el fluido de Vaca Muerta todavía está en la fase licitatoria. Mientras tanto, las autoridades deberán lidiar no solo con esas demoras sino con la suba de precios internacionales generada por el estallido de la guerra ruso-ucraniana, que complicará las cuentas oficiales. Los incrementos anunciados en las últimas horas, que rondarán el 20% en las boletas de los usuarios residenciales, tienen gusto a poco para lo que pretende Washington.

A cambio de evitar tarifazos más altos, el gobierno ofreció alternativas para elevar la recaudación. Por ejemplo, un revalúo inmobiliario de alcance nacional, una mayor eficiencia de la Afip en la cobranza de impuestos y un plan para gestionar los excesos de liquidez en los entes públicos. Los mayores ingresos tributarios provenientes del crecimiento económico (cuanto más actividad, más impuestos se recaudan) harían el resto.

Claro que hay muchos factores que pueden facilitar o complicar esas intenciones. Así lo reconoce el propio gobierno en el borrador del memorándum, con una larga lista que incluye un potencial regreso de la pandemia, la evolución de los precios de los productos agrícolas de exportación, la situación internacional y la de los socios comerciales del país. “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”, dice el texto.

La situación se complica porque el principio de acuerdo señala que el FMI realizará revisiones trimestrales antes de girar el dinero para pagar cada cuota del stand by de 2018. Si las condiciones pactadas no se cumplen, cesarían los desembolsos y Argentina se acercaría al default.

Así como el anuncio de un preacuerdo se produjo el viernes 28 de enero, horas antes de un vencimiento que Argentina llegó a cubrir con lo justo, hay coincidencias de que si la situación se prolonga, no hay reservas en el Banco Central para pagar los U$S 2800 millones que se deben abonar el 22 del mes entrante. Nadie quiere creer que las diferencias vayan a insumir otras tres semanas. Pero las hojas del almanaque siguen cayendo.  «

Pagaron al Club de París

El viernes se cumplió con el pago de U$S 190 millones al Club de París. Es la segunda cuota parcial a cuenta de un arreglo para refinanciar los U$S 2000 millones remanentes: en julio ya se había realizado un adelanto similar.

El acuerdo con ese consorcio, que reúne gobiernos nacionales, entes oficiales y bancos privados, implica que el nuevo cronograma para pagar el saldo (que debía haber sido cancelado el año pasado) se diseñará una vez que la situación entre Argentina y el FMI se encuentre normalizada.