El gobierno creó un régimen por el cual las grandes empresas deberán informar todos los meses los precios de sus productos, las cantidades vendidas y los stocks de bienes finales e intermedios. El mecanismo, llamado Sipre (Sistema informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica), busca generar un flujo de información que indique los faltantes de mercadería y su eventual relación con los incrementos de precios que se produzcan en esos sectores.

En una primera etapa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.

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«Queremos contar con información fiable y actualizada mes a mes para hacer más sencilla la cadena de comercialización y poder prever con anticipación problemas de stock o de abastecimiento. Esta iniciativa nos permitirá tener un monitoreo actualizado y más preciso para hacer seguimientos de precios e insumos», explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo a la agencia Télam.

La implementación correrá por cuenta de la Secretaría de Comercio Interior, que dispuso las características del régimen a través de la resolución 237/21, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Las presentaciones se deberán realizar en los diez primeros días de cada mes. La información es de carácter confidencial pero obligatoria: quienes no la cumplan serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento.

Por ahora, el sistema está dirigido a las empresas grandes que superan ciertos pisos de facturación anual ($ 965 millones en la construcción, $ 2.602 millones en comercio y $ 2.540 millones en industrias) que se irán ajustando periódicamente. Se espera que en el futuro el registro abarque a más firmas.

La iniciativa se conoció después de que el gobierno armara mesas de trabajo con sectores productivos, a partir de los fuertes incrementos observados en los dos primeros meses del año. Ya tuvo rondas con empresas alimenticias y con constructoras. En ambas áreas rige el programa Precios Cuidados, en que ambas partes negocian el valor al que saldrán a la venta, en supermercados y corralones, productos cuyo costo intenta convertirse como referencia incluso para los negocios no adheridos.

Como contracara, menudean las denuncias de que los productos incluidos en esos programas escasean o faltan de los puntos de venta y que sólo reaparecen cuando el gobierno acepta una actualización de esos precios. Los fundamentos de la resolución señalan que “se han observado diversas situaciones y recibido múltiples denuncias vinculadas a posibles acaparamientos injustificados de materias primas, negativas de venta de insumos y bienes finales irrazonables así como la discontinuidad en la producción de mercaderías y provisión de servicios sin motivos concretos; asimismo desde diversos sectores y cadenas de valor se han reportado aumentos irrazonables e injustificados de precios de insumos y bienes finales”.

Por eso las autoridades quieren tener la información del Sipre para “detectar alertas y problemas de producción. Y también para tener mejor información de cara a las mesas donde se discuten precios y salarios. Acá no hay una cuestión de atacar márgenes de rentabilidad, si no que se busca entender la evolución de los precios en la cadena, cuándo hay picos de precios y de demanda y problemas de abastecimiento”, dijeron en Desarrollo Productivo.