El Enargas llamó a una audiencia pública para determinar nuevos valores de la tarifa de gas. La reunión se realizará de manera virtual el 4 de enero, según se dispuso en la resolución 523/22 publicada este martes en el Boletín Oficial.

El propósito de la audiencia es analizar incrementos en los valores que perciben las transportistas y distribuidoras de gas para hacer frente a sus costos operativos. Las empresas tendrán tiempo hasta este viernes 16 para presentar sus propuestas de cuadros tarifarios al público. Los ciudadanos, entidades y organizaciones que quieran participar de la audiencia podrán inscribirse a partir del martes 20 y hasta el viernes 30 de este mes.

Los aumentos en estudio corresponden al esquema de adecuación transitoria de tarifas habilitado por el decreto 1020/20, que establece “una modificación limitada de las condiciones particulares de la revisión tarifaria hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación”. Este sistema regirá al menos un año más, ya que el reciente decreto de necesidad y urgencia 815/22 estiró hasta diciembre de 2023 el plazo para llegar a una revisión tarifaria integral y la normalización de las concesiones en materia de gas y energía eléctrica.

Los rubros de transporte y distribución son servicios independientes del costo del gas. Este último se maneja en negociaciones directas entre las empresas distribuidoras y las productoras, y es conocido como valor PIST (punto de ingreso al sistema de transporte). Es sobre este valor que el Estado aporta los subsidios para morigerar su impacto final sobre los usuarios. Esos tres ítems (el valor PIST, el de transporte y el de distribución), más los impuestos y menos el subsidio estatal, son los que conforman el valor de la boleta final.

Por eso, el impacto sobre el monto efectivo que pagan los usuarios será bastante menor a la suba que se les conceda a las empresas. La intención oficial es que los nuevos valores comiencen a regir desde febrero de 2023.

En líneas generales, las compañías de transporte (TGN y TGS) y las de distribución (Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi Sur, Camuzzi Pampeana, Gasnor, Litoral Gas, Ecogas y Redengas) se quejan de que desde diciembre de 2019, cuando a través de la ley 27.541 se autorizó al Ejecutivo a congelar las tarifas y a iniciar una revisión integral, los incrementos recibidos quedaron muy por debajo de la inflación. Un reciente documento de Adigas (Asociación de Distribuidores de Gas) señala que en los últimos tres años hubo variaciones de precios de entre 254% y 265%, según el índice que se tome como referencia, pero que el margen de distribución subió solamente 80%.

“Las distribuidoras tienen derecho al principio de neutralidad económica frente a las variaciones en el precio del gas, esto es que, tal cual establece la ley de Marco Regulatorio, ni se beneficien ni se perjudiquen económicamente”, advierte el texto. Por esa razón se sospecha que las compañías pedirán un fuerte incremento para recuperar ese equilibrio. Habrá que ver hasta dónde el Enargas está dispuesto a conceder esos aumentos.