La semana entrante tendrá a la energía en el centro de la escena. El 10, 11 y 12 de mayo se realizarán las audiencias públicas (no vinculantes) para debatir la actualización tarifaria de los servicios de luz y gas y los criterios de segmentación para aquellos usuarios del AMBA que, por sus condiciones patrimoniales y de ingresos, no requieran de subsidios para afrontar el costo tarifario real.

Los aumentos se dan en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la obligación de corregir el déficit fiscal, de altos precios internacionales de la energía por la recuperación económica y la guerra entre Rusia y Ucrania y el reajuste que desde el gobierno entienden necesario, luego de un período de aumentos de tarifas por debajo de la inflación.

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La discusión rondará, esta vez, la actualización que demandan las generadoras de los servicios. «El sector de transporte y distribución ya tuvo un incremento y además, falta una Revisión Tarifaria Integral (RTI) para diciembre», aclaró a Tiempo el abogado y presidente de ADDUC, Osvaldo Bassano. Se suma a los ajustes ya aplicados en marzo.

Así, a días de la audiencia, la Secretaría de Energía, que comanda Darío Martínez, difundió la propuesta oficial. Con respecto al gas, los beneficiarios de la tarifa social no serían alcanzados por un nuevo incremento, en tanto para la mayoría de los usuarios del país, el ajuste se ubicaría en un 21,5%, con leves variaciones según la región.

Sobre la electricidad, los usuarios del AMBA que mantienen la tarifa social sufrirían una corrección del 6% y, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17 por ciento.

Estas dos propuestas se basan en el siguiente esquema: para los beneficiarios de la tarifa social, los importes no pueden superar el 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) y, para el resto, el 80% del CVS, es decir: los aumentos de tarifas quedarían por debajo de los de los ingresos.

Esta política mantiene punto aparte para el 10% de usuarios residenciales de ambos servicios con mayor capacidad de pago que comenzaría a pagar los costos reales.

El alcance de esa segmentación, de acuerdo a números oficiales, sería de 921.778 titulares del AMBA para el caso de la luz y lo mismo para 760 mil titulares del servicio de gas.

Por más claro que parezca, detractores kirchneristas del ministro de Economía, Martín Guzmán, sostienen que hay un mayor ajuste encubierto, puesto que aún enarbolan el informe que dejó trascender la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Federico Basualdo, que pondera que en junio las facturas de electricidad aumentarán en realidad un 65% para recuperar lo perdido entre enero y mayo, y así alcanzar el incremento requerido del 42,7% (surgido de calcular el 80% de la variación salarial promedio). Además, sostienen que, de aplicar los incrementos pretendidos por Guzmán, solo se recaudarían $ 163.463 millones, lo que redundaría en una baja de subsidios de apenas un 13% para este año. Una fuente de ese sector del FdT advierte que, además, hay grandes posibilidades de judicialización de la segmentación por «la necesidad de levantar el secreto fiscal y bancario para acceder a datos patrimoniales y de ingresos actualizados».

«Si la suba finalmente es del 65%, como señalan algunos críticos, no está mal, tuvimos una inflación que superó el 100% desde el 10 de diciembre de 2019. En términos reales, sería una baja», respondió Federico Martelli, consultor en Energía e integrante del albertista Grupo Callao. Además, destacó que cubrir los subsidios con emisión o ajustando en otras políticas públicas «puede ser peor» y que «no hay soluciones agradables en este sentido».

«Para subsidiar a todos, este año deberíamos gastar alrededor de U$S 16 mil millones, de los cuales U$S 1500 millones serían para el 10% con más altos ingresos. Es inaceptable», agregó el especialista. Lo desigual del sistema radica en que los segmentos de mayores ingresos reciben más subsidios que los de menores ingresos y, a su vez, la incidencia de esos subsidios sobre los deciles superiores es menor que la observada en el sector más vulnerable. Sobre las quejas a la segmentación, agregó: «Piden medidas distribucionistas y pretenden seguir subsidiando a los sectores de altos ingresos, es una contradicción».

Puertas adentro de Economía desmienten la hipótesis de Basualdo y reflexionaron: «Cuando Aranguren pegó el tarifazo brutal, no se veía tanta obsesión por determinar cuánto afectaba eso a las clases populares. Terminamos defendiendo a quienes nos van a votar en contra aunque les regalemos los servicios. Ya aburre esto». Además, aseguraron que esa «montaña de subsidios hay que ponerla, pero en obras, desarrollo, AUH, Potenciar Trabajo y otras medidas».

Bassano hizo una crítica más profunda del sistema: «Los precios del gas y la energía son engañosos y financieros, no se discute qué hacer con empresas deficitarias que producen tarifas que exceden el valor real del costo al triplicarlo o cuadriplicarlo. El valor de costo en Argentina es un 10% más caro que en el resto del mundo y, cuando importamos, vemos la negligencia de las empresas productivas y gasíferas. Hay que revisar las estructuras porque pagamos de más». «

Se debate pero sin vincular

Las audiencias públicas son instancias donde dependencias del gobierno, empresas, organismos y ciudadanos pueden participar del debate de decisiones de impacto nacional. En este caso, como el usuario no puede elegir al proveedor de los servicios de luz y gas por el carácter monopólico del servicio, se organiza una audiencia pública para que los consumidores puedan dar a conocer sus argumentos a la hora de establecer los precios. De todos modos, estas entidades están bajo un sistema de fijación de valores que requiere de la intervención del Estado nacional y, por tanto, las audiencias no son vinculantes, es decir, los organismos públicos no tienen la obligación de considerar los argumentos esgrimidos por las diversas partes convocadas.