La empresa Jan de Nul, de origen belga especializada en dragado, y Emepa, de capitales nacionales e intereses diversos, recibirán una prórroga del contrato de concesión que vence el próximo 30 de abril. Ello sucederá a pesar de los fuertes cuestionamientos que recibieron las dos firmas en los 26 de años que llevan de gestión del sistema de canales del río Paraná y del Río de la Plata a través de Hidrovía SA.

La clave de esa prórroga está en el decreto 949/20, de noviembre último y que delegó en el Ministerio de Transporte la facultad de organizar y llamar a licitación para el dragado y señalización de todos los canales del Paraná, el Delta y el Río de la Plata. Esa misma norma legal determina que mientras se sustancia ese llamado a licitación y se resuelve qué empresa será la nueva concesionaria, el Ministerio de Transporte deberá “adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación”. Y el decreto le otorga a Transporte dos años para llevar adelante  todo el proceso, que se cumplen el 27 de noviembre de 2022.

Hasta hace poco, las presiones sobre la cartera que dirigió Mario Meoni hasta su fallecimiento, originadas en sectores del oficialismo contrarios a la idea de una nueva licitación, iban dirigidas a lograr que un equipo estatal se hiciera cargo de la concesión desde el 1 de mayo hasta que se seleccionase al nuevo concesionario. En su defecto, se buscó que la prórroga de la concesión a Hidrovía SA fuera por menos tiempo que el permitido por el decreto 949. Pero nada de eso se logró y ya es un hecho firme que la discutida empresa recibirá ese plus.

El contrato inicial de 1995 era por diez años y prorrogable por única vez por diez años más como máximo. Pero apenas transcurridos tres años negoció y logró una modificación del acuerdo por la cual la concesión se extendió hasta 2013 de un solo tirón. Ese año, logró un segundo cambio en el convenio, al prolongar su vida ocho años más. Esta prórroga hasta fines de 2022 será, entonces, la tercera alteración del contrato.

Definiciones

La gestión de la hidrovía no volverá a manos estatales. El propio decreto 949 estableció que habrá una nueva concesión “a riesgo empresario y sin aval del Estado”. Ello significa que la nonata “Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado”, anunciada por el presidente Alberto Fernández en agosto de 2020, no verá la luz al menos para lo que fue pensada en aquel momento.

En ese acto a los pies del Paraná, el ministro Meoni aseguró que la creación de esa Sociedad del Estado respondía a la necesidad de “proponer un organismo de control, porque esta hidrovía se explotó por una empresa durante 25 años sin que haya un organismo de control y ese es el rol del estado”. Sin embargo, la empresa que se benefició de 25 años de cobro de peaje sin control estatal recibirá la prórroga y sin ninguna empresa de control estatal que la fiscalice.

Este último tema se ha puesto en la mira de los críticos desde que en febrero de 2020 la cerealera Vicentin presentó su concurso de acreedores en un juzgado de Reconquista, Santa Fe. Las investigaciones posteriores han revelado posibles maniobras fraudulentas con la exportación e importación de granos de soja de las que Hidrovía SA no ha dicho nada y que habrían sido mucho más difíciles de ejecutar de existir un control adecuado.

El tema del control figura, incluso, entre los aspectos que desarrollan varios de los integrantes del Consejo Federal de la Hidrovía, ente anunciado en agosto de 2020 –junto con la “Administradora” –, convocado en noviembre último y cuya primera y hasta ahora única reunión se realizó en febrero. Estaba previsto un nuevo encuentro a fines de abril, pero el fallecimiento del ministro Meoni lo canceló. Allí, la Bolsa Comercio de Rosario planteó que, para el período que se abre, se debe “constituir un Órgano de Control independiente y autónomo, con participación del Estado Nacional, las provincias y representantes del sector privado”. Algo que en los 26 años previos no se hizo.