La declaración del FMI que caracterizó a la deuda argentina como “no sostenible”, a su vez, promovió una “contribución apreciable” de los tenedores privados. Más allá del beneplácito del gobierno que lo interpretó como un respaldo en las negociaciones, lo cierto es que, al mismo tiempo, el organismo buscó ratificar su condicicón de acreedor privilegiado para garantizar el cobro de sus U$S 44 mil millones.

 Así las cosas, y más allá del reperfilamiento de esa deuda que pudiera negociarse, el foco del problema se posó en los alrededor de U$S 100 mil millones de acreencias privadas que se encuentran en manos de individuos y fondos de inversión que, en rigor, son los que tendrán la última palabra a la hora de lograr  una reestructuración.

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La declaración del FMI generó una caída en el valor de los bonos que, por ese motivo, amplió el margen al gobierno a la hora de proponer una quita.

Es que los títulos en dólares bajo legislación extranjera, hoy por hoy, cotizan, en promedio, a un 45% de su valor nominal.

Más allá de la posibilidad latente de un default, uno de los puntos clave pasa por las mentadas cláusulas de acción colectiva (CAC) que figuran en las condiciones de esos bonos con legislación extranjera. Estas fijan el porcentaje de tenedores de ese título que, al aceptar los términos de un canje, son suficientes para que los mismos se generalicen a todos los bonistas.

En general están pautadas en alrededor del 75% de las emisiones. De este modo, más allá de las negociaciones bilaterales y el lobby parlamentario que pudiera producirse para acercar posiciones y sellar una reestructuración en buenos términos, desde ambos lados del mostrador los ojos están puestos en la posibilidad de reunir el 26% de las tenencias capaces de inhibir  un posible canje.

Por eso, tanto del lado de los acreedores como desde el gobierno trabajan para identificar quiénes son los actuales tenedores con el propósito de securitizar esas tenencias. Black Rock y Fidelity, dos de los princiales acreedores, crearon un comité conjunto para la deuda argentina asesorados por el estudio especializado White & Case.

El gobierno, por su parte, lanzó una convocatoria para seleccionar un asesor financiero que elabore un mapa de tenedores.

Es sabido que los principales fondos de inversión que cuentan con bonos soberanos de la Argentina dentro de las carteras de sus inversores son los mencionados junto con Templeton, y Allianz (PIMCO). Estimaciones indican que, entre todos, acumulan títulos por U$S 25 mil millones. Se trata de fondos que no revistan dentro de las filas de los denominados “buitres” cuya operatoria consiste en adquirir bonos defaulteados en valores irrisorios para luego litigar hasta obtener el total del valor nominal.

Para el analista financiero Cristian Buteler, “es cierto que cuanto más bajos están los bonos  es más viable la propuesta del gobierno”, pero además, explicó, “estamos lejos de los precios para que intervengan los buitres”.

El especialista, sin embargo, señaló que “si el clima está tenso, un fondo, sin llegar a ser buitre, puede esperar y no tomar ninguna reestructuración”.

En la misma línea, Gabriel Holand, analista de HR Global, opinó que ” no son nenes de pecho, son tipos que pueden esperar 15 años”, y que “los buitres están siempre parados, esperando la carroña. Pero van a activar si hay un incumplimiento con la deuda de Nueva York. Mientras esté en ‘outstanding’ (corriente y sin atraso) no tienen mucho por hacer”.

Con todo, el economista especializado en mercado financiero, Estanislao Malic, aseguró que “me gustaría que el gobierno actuara sobre su propia deuda. Sería una movida interesante recomprar deuda con plata del BCRA porque permitiría neutralizar las acciones que apuntan a inhibir las cláusulas de acción colectiva”.

Lo cierto es que el jueves, a horas de la declaración del FMI, y luego de dos intentos fallidos y un reperfilamiento forzoso del bono AF20, el gobierno cerró un canje exitoso de ese título que espera repetir el miércoles en una nueva emisión. Para Buteler, sin embargo, “no quiere decir que sea bueno porque es un bono que ya habían decidido no pagar, estaba defaulteado. Hubo una licitación nueva en pesos que estuvo floja”.

Malic, por su parte, opinó que “la negociación va a ser a cara de perro. Lo lógico sería que Argentina negocie bono por bono. No es lo mismo uno que paga un interés del 8% que uno que paga el 3%; ni uno a diez años con uno que vence el año que viene. No va una quita igual para todos”.

Buteler agregó que “hay un amplio espectro entre los fondos. Están los que administran fondos de terceros. Es difícil que acepten quitas importantes porque después los inversores les pueden hacer juicio”. Para el especialista, en rigor, para que el gobierno resuelva esa negociación la quita debería ser “seguro por debajo del 20%” y, continuó, “los bonistas podrían aceptar un alargamiento de plazos y algunos años de gracia. Algo parecido a lo que se piensa con el FMI. Con un quita de entre el 10% y el 15% habría una negociación rápida que podría cerrarse en los plazos planteados por el gobierno. Con más quita se va a trabar”, pronosticó.

Para Holand, sin embargo, “estamos haciendo especulaciones en un tablero de ajedrez sin el rival enfrente que piensa con sus intereses y su cabeza. Todo vale”, concluyó. «