Según un estudio privado, los valores del listado de 64 artículos que difundió el gobierno tienen grandes diferencias, en más y en menos, con los vigentes hasta la semana pasada.
La comparación entre los precios de mercado y los que informó el gobierno fue realizada por Focus Market. La consultora cruzó los datos obtenidos en un relevamiento que incluyó autoservicios, almacenes y otros establecimientos de todo el país con el listado que estará disponible en 2.500 puntos de venta de hiper y supermercados que adhirieron al sistema, que se pondrá en marcha a más tardar el lunes. Además los dividió por regiones de todo el país para hacer más homogénea la muestra.
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Los números fueron llamativos. En la región metropolitana, por ejemplo, el yogur bebible de frutilla Alalay estará 62,2% más caro de lo que se conseguía hasta el viernes pasado (precio esencial de $ 63 contra precio de mercado de $ 38,90). De la misma manera, el rebozador Morixe de 500 gramos tendrá un aumento de 16,6% (estaba a $ 34,90 y pasará a $ 40,70), mientras que el azúcar Dominó subirá 10,8% (de $ 30,90 a $ 34,30 por kilo). En sentido contrario, las galletitas Traviata bajarán 32,2% (de $ 22,28 a $ 15,11), el yogur cremoso entero de vainilla Sancor se abaratará 29,6% (de $ 50,70 a $ 35,70) y la lata de jardinera Arcor caerá 22,3% (de $ 34,4 a $ 26,76).
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Lo mismo ocurre en otras regiones. En Cuyo, por ejemplo, el yogur Ilolay tendrá un incremento de 49,2%. En cambio, en la Patagonia, el paquete de arroz de 500 gramos de Molinos será un 32,5% más barato de lo que estaba hasta ahora.
Tales diferencias no hacen más que aportar confusión sobre un programa que sigue teniendo puntos oscuros. De hecho, si bien ya está vigente, los supermercados podrán ubicar en sus góndolas con la debida identificación sólo aquellos de los que dispongan stock y el resto podrán completarlo recién el lunes 29. «Esto tiene que ver con la logística para llegar a todos los puntos de venta. Algunos productos que las empresas han ofrecido en la mesa del acuerdo voluntario están en proceso de producción”, explicó Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor.
Tampoco está claro si la Secretaría de Comercio Interior tendrá facultades para imponer las multas y clausuras que le acuerda la Ley de Lealtad Comercial. Aunque en el Boletín Oficial ya se publicó el decreto de necesidad y urgencia 274/19 que modifica la norma, lo cierto es que las empresas que se adhirieron al plan lo hicieron de manera voluntaria, mediante un “pacto de caballeros” (según dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne), y podrían desistir de cumplirlo en cualquier momento.
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